La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer un pedido de arresto domiciliario del ex jefe de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, condenado a 15 años de cárcel por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
Martes 30 de diciembre de 2014 09:28
El ex jefe de la Unión Ferroviaria cumple en la cárcel de Ezeiza la sentencia de 15 años de prisión, a la que fue condenado como coautor del crimen de Mariano Ferreyra.
Si se hubiera resuelto favorablemente su pedido de arresto domiciliario, Pedraza hubiera accedido al privilegio de vivir en uno de sus lujosos departamentos, obtenido con las ganancias producidas por la estafa laboral que significó la tercerización laboral que él, junto a funcionarios del gobierno K y empresarios, perpetuaron (y aún continúa) en el ferrocarril. Es parte de los que viven en condiciones muy distintas a los trabajadores a los cuales supuestamente representan.
La decisión negativa al pedido de arresto domiciliario fue tomada por mayoría por los integrantes de la Sala III de Casación, en sintonía con lo que había solicitado la fiscal Gabriela Baigún.
Al mismo tiempo, el fallo dispuso que se someta al sindicalista de 71 años a estrictos controles médicos para evaluar su salud periódicamente, afectada a nivel cardíaco y neurológico.
Mariano Ferreyra fue asesinado el 20 de octubre de 2010, cuando participaba de una manifestación de corte de vías en Barracas con obreros tercerizados por una cooperativa de la UF.
Una patota del gremio quiso evitar que se interrumpieran las vías y atacó a los manifestantes. Ferreyra recibió un tiro en el pecho mientras otros compañeros fueron heridos.
En abril de 2013 el TOC 21 condenó a 15 años de prisión a Pedraza y a su segundo, Juan Carlos Fernández, por considerarlos instigadores del crimen.
Las penas más altas -de 18 años de prisión- fueron para los integrantes de la patota Cristian Favale y Gabriel Sánchez (acusados de autores materiales), y a Pablo Marcelo Díaz (sindicado como líder de la patota).
También fueron condenados Jorge González y Salvador Pipitó (a 11 años de prisión), Claudio Alcorcel (8 años), mientras que la sentencia alcanzó a un grupo policías por haber protegido a la patota sindical.
