Miércoles 8 de octubre de 2014
Fotografías: Abigail Posadas
Cerca de 300 familias se mantienen en lucha por el acceso una vivienda digna, que les pertenece por derecho. La Izquierda Diario dialogó con los vecinos para saber cómo avanza la toma de tierras.
Llovizna y el cielo está oscuro, llegamos alrededor de la 5 de la tarde, momento en el que los vecinos se van a reunir en asamblea, pero el reducido grupo que está en el lugar pronostica la inasistencia de la mayoría. La razón es obvia, el clima no acompaña. Mientras esperan por quienes falten llegar, visitamos y charlamos con unos vecinos, para que nos cuenten como trascurre la lucha por conseguir una vivienda digna.
El sueño y el proyecto
Alicia nos conduce a su lote, porque a todos los vecinos se les han asignado lotes en las 11 hectáreas del terreno tomado. Bien parcelados y definidos, cada terreno luce orgullosamente un cartelito con el apellido de la familia propietaria. “Familia Escalante” se lee. Adentro nos espera su esposo. Ángel y Alicia se trasladaron a vivir definitivamente hace un mes, aunque aún alquilan muy cerca de allí. Dentro de una construcción de tarimas y maderas les hacen frente a la llovizna y a los policías, apropiándose del terreno donde cultivan el sueño de la casa propia. Ángel trabaja de operario en una fábrica de caños y con eso afronta el alquiler de $2500 que sube cada seis meses. Saca las cuentas preocupado. “En diciembre se me va a casi $3000” y reconoce que se le hace difícil. “Acá se puede luchar y esa plata ponerla en un hierro, cemento” dice, mientras se le llena el rostro de esperanza.
El proyecto de expropiación de los terrenos fue presentado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) el pasado miércoles 1º de octubre, elaborado junto a los vecinos y plantea la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de los terrenos tomados. Siguiendo la experiencia de “El Bordo” –otro predio tomado en la ciudad-, esta ley permitiría a las familias ser titulares de las tierras. Ángel y Alicia, como todos los demás vecinos, saben que el sueño es posible, y están decididos a luchar.
“Queremos la expropiación de las tierras” dicen ambos seguros, a la vez que Ángel sube la apuesta, “yo no tengo ningún drama en pagar la tierra”. Todos los vecinos están dispuestos a afrontar el pago en cuotas accesibles y acordes a sus ingresos, aunque eso les lleve 30 o 50 años. “No estamos robando realmente, nosotros queremos pagarlo para tener nuestro terreno y nuestra casa”, asegura.
La vida en la toma
Rodeados de policías, acusados por la intendenta de la localidad, Miriam Prunotto (PJ) y con una orden de desalojo a cuestas, la esperanza se mezcla con la tensión. Desde la Municipalidad les sellaron el caño de agua y les impiden acceso al tendido de luz que pasa solo a 15 metros del lugar. Las fuerzas policiales mantienen sitiadas las 11 hectáreas y prohíben el acceso de materiales. Alicia nos dice que hace poco que les permiten entrar materiales, una sola vez al día, pero todos precarios como chapas viejas, tarimas y plásticos. “Vemos los movimientos de ellos, cuando hacen el cambio de guardia y nos avisamos. Ahí hacemos entrar las cosas” dice Alicia, resaltando la ayuda mutua entre los vecinos que viven allí. Ya son unas 15 familias las que han decidido trasladarse a vivir definitivamente al terreno, y de a poco se pueden ver como se levantan chozas y maderas en el lugar. A lo lejos se escucha ruido de martillos, están clavando unas maderas para un matrimonio de ancianos que se acaba de mudar.
Los vecinos nos cuentan que algunas noches, borrachos, los policías destruyen los cercados, hacen trompos con el móvil y provocan a los habitantes. Suelen pararlos y hacerles preguntas para provocarlos, acusándolos. “Hacen enojar para darles motivos a ellos para actuar”, asegura Ángel “buscan de mala manera”. El día 28 de agosto recibieron una intimación de desalojo la cual fue apelada por el abogado de las familias el 3 de septiembre y pasó a la Cámara de Control. Allí se determinó el pasado viernes que se afirma la decisión del fiscal Matheu y se solicita desde el lunes 6 de Octubre una intimación a emplazamiento por el término de 5 días.
Propuestas Fantasmas
Ni del gobierno municipal ni del provincial existen respuestas. Durante la primera semana de la toma, les ofrecieron la cooperativa Nueva Generación, en la misma ciudad de Juárez Celman. “La cooperativa comenzó con una cuota de $250 y hoy es de $2000 y se le exige a los socios entregar $10.000 para regularizar la escritura”, nos informa Andrés, conocido cariñosamente como “el flaco” por los vecinos, quién milita en Jóvenes al Frente y acompaña la toma desde el primer momento.
Alicia es más directa: “Ofrecían cosas que realmente no tienen”. Solo promesas de palabra, sin papeles ni planos que les aseguren terrenos, los vecinos han sido sistemáticamente tentados para abandonar el lugar. Proponen una “cooperativa fantasma” afirma Ángel.
El día 2 de septiembre el Concejo Deliberante de la Ciudad de Juárez Celman creó una ordenanza, que es un registro único de demandas a soluciones habitacionales. La idea es que se inscriban todas las familias que tienen problemas de vivienda, de infraestructura, regularidad de escritura o falta de servicios. Ese registro único tiene tres meses de validez pero el ejecutivo aún no lleva a cabo ninguna medida y no está vigente, a un mes de su creación. Los vecinos le pidieron al Concejo Deliberante que solicite un informe sobre la ordenanza, cómo se encuentra la misma, y que también le envíe una carta documento a la intendenta Prunotto porque no está cumpliendo con la ley.
La semana pasada se presentó un proyecto de declaración de emergencia habitacional en la provincia de Córdoba. Este sería un reconocimiento del Estado a lo que las familias vienen diciendo, no solamente hace 4 meses en Juárez Celman sino hace más de 20 años en toda la provincia. El déficit es real y existe, y la única forma en que los sectores populares han logrado acceder a la tierra es por medio de la toma, porque el Estado no garantiza un acceso a la tierra y el sector privado, a partir de la especulación inmobiliaria, sube todos los días el valor de la tierra y la vivienda.
Los vecinos están dispuestos a luchar por su derecho, soportando lluvias y calores, la falta de servicios básicos, la ausencia de protección del gobierno y el hostigamiento de las fuerzas policiales.
