El convenio del traspaso de la Justicia afectará importantes conquistas sindicales de los trabajadores del sector. Dudas y expectativas sobre si las acciones frenarán temporalmente la firma del acuerdo.
Miércoles 23 de noviembre de 2016 10:01
El martes 22/11 se realizó el primer paro y movilización de los trabajadores judiciales de la mayoría de las cámaras nacionales, de fiscalías y defensorías, ubicadas en CABA, en respuesta al intento de comenzar el traspaso de la Justicia desde la órbita de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho traspaso se concretaría con la firma de un convenio que el Ministerio de Justicia había declarado se consumaría entre ambas partes el 30 de noviembre, para ser luego refrendado por el Congreso nacional y la Legislatura porteña. Ahora hay dudas de si se suspende para 2017.
El objetivo inicial de la firma del convenio estipulaba su rápida votación en el Congreso y la Legislatura porteña, y así traspasar de forma inmediata en primer lugar los juzgados laborales y criminales vacantes. De esa forma, el gobierno de Cambiemos podría generar una “punta de lanza” para transferir la totalidad de la Justicia nacional residente en la ciudad porteña a ésta, con excepción de los juzgados federales que mantendrían su competencia. Como con el juego y la policía, encontraría en este traspaso un mayor ingreso para el financiamiento en la Ciudad.
El convenio de traspaso hoy en discusión implica una importante vulneración de los derechos y conquistas adquiridas por los trabajadores judiciales de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires los escalafonamientos son diferentes y el POM (Personal Obrero y de Maestranza) no cuenta con sistema de escalafón a diferencia de la Nación. Además de ello, no hay hasta el momento aclaraciones sobre la estabilidad de los trabajadores contratados e interinos, por lo que no está tampoco descartada la posibilidad de despidos.
En el cierre de la movilización se realizó un acto en la Cámara Nacional de Trabajo donde además de Julio Piumato, secretario general de la UEJN, estuvieron presentes Juan Carlos Schmid (uno de los secretarios generales de la CGT) y por la CTA Hugo Yasky, Hugo Blasco (de la Federación Judicial Argentina) y Eduardo López de UTE. Aunque el acto culminó con la convocatoria a un paro para el 30 de noviembre, día en que está estipulada la firma del convenio, y más allá del “discurso antimacrista” que dieron sus oradores, no hubo referencia a ningún plan de lucha a la altura de semejante embestida contra los trabajadores judiciales.
Fuerzas para resistir hay
Aunque todavía no se cuenta con comunicados oficiales, la primera movilización de los trabajadores judiciales arrancó una respuesta, que aunque parcial es satisfactoria. Según UEJN, el ministro de Justicia, Germán Garavano, declaró la suspensión de la firma del convenio de uno de los fueros, el laboral, hacia 2017. Este importante primer resultado, que no saca a los judiciales del estado de alerta y que no esclarece la situación del fuero penal, resulta fundamental para que en estos días se refrende la movilización del martes 22 en asambleas en juzgados, fiscalías y defensorías donde miles de trabajadores judiciales se pronuncien contra el traspaso y en defensa de los derechos conquistados. Fuerzas para resistir y preparar un plan de lucha hay.
