El ministro Mendes, del Supremo Tribunal Federal, suspendió este viernes la designación del expresidente y decidió que el proceso debe quedar en manos del juez Moro, responsable por la Operación Lava-Jato.
Sábado 19 de marzo de 2016
La decisión prevalece en relación a las cautelares de primera instancia que habían circulado en los últimos días y vale también hasta que el plenario del Supremo Tribunal Federal juzgue el caso en forma definitiva. Gilmar Mendes también decidió que las investigaciones contra Lula queden en manos del juez federal Sérgio Moro, que dirige la Operación Lava Jato en primera instancia en Curitiba.
La decisión de Mendes fue resuelta a partir de una acción presentada por el PSDB y por el PPS. Pero hay otro conjunto de cautelares que el jefe de la Abogacía General de la Unión (AGU abogados del Estado), ex ministro de Justicia de Dilma, José Eduardo Cardoz envió al ministro del Supremo Teori Zavascki, de donde puede emerger otra decisión sobre la designación de Lula.
Las acciones existentes en el Supremo Tribunal Federal tramitan en forma separada. Los pedidos encaminados a Teori Zavascki engloban discusiones de carácter constitucional y por eso suelen llevar más tiempo en ser analizados. Zavascki ya pidió a la AGU que publique la defensa del gobierno favorable a la designación en los próximos 5 días.
En su decisión el ministro Mendes afirma haber reconocido intención de Lula en fraudar las investigaciones en su contra en la Operación Lava-Jato. Sin embargo, esta decisión puede ser revertida por el plenario del Supremo Tribunal Federal. Mendes habría interrumpido el proceso que analizaba la normativa a seguir en el impeachment para declararse contra la designación de Lula, afirmando que esta medida del gobierno “deja muy mal a la Suprema Corte” refiriéndose a que Lula no temería su destino bajo el Supremo Tribunal Federal como sí teme las investigaciones que encabeza Sérgio Moro en Curitiba.
Desde el jueves pasado, cuando el expresidente tomó pose en el gobierno de Dilma, se desarrolla una guerra de cautelares sobre el caso. Sin ir más lejos, el mismo jueves un juez federal del Distrito Federal suspendió la pose. El Tribunal Regional Federal (TRF) de la 1ª Región suspendió esa cautelar. Pero cursaba otra en la Justicia Federal en Río también suspendiendo la pose. Hace pocas horas el TRF de la 2ª Región suspendió también esa cautelar, pero una nueva fue aceptada por la 1ª Vara de la Justicia Federal en Assis (SP).
Las batallas jurídicas y su función política al servicio de los capitalistas
Como venimos analizando, algunos participantes del “partido mediático” como el diario nacional Folha de S. Paulo (inspirada en diarios de las finanzas internacionales, como The Economist) reprendieron los movimientos de Sérgio Moro por haber dejado filtrar las escuchas a Lula y Dilma. Ya que, según este diario, fueron usadas por el gobierno para argumentar sus acusaciones contra el curso en las investigaciones que sigue el juez Moro y de ese modo fortalecer las manifestaciones en su defensa.
El Supremo Tribunal Federal había permanecido en silencio hasta ahora. Pero la revelación de las escuchas entre Lula y Dilma y la utilización de las mismas por el “partido mediático”, como Lula viene planteando sugiriendo el disciplinamiento del poder judicial a estas operaciones, obligó al poder judicial a volver a escena. Cada intento de armar un nuevo “momentum” por parte del PT viene siendo bloqueado por el poder Judicial. Esta medida de Gilmar Mendes se da luego de los actos de este viernes 18, con la misma lógica que la cautelar presentada luego de la designación de Lula como nuevo ministro.
Queda claro que el gobierno del PT y la derecha se dan el lujo de disputas abiertas y cínicas entre si por el hecho de que los trabajadores, las mujeres y la juventud aun no están en movimiento dotados de una expresión política independiente del PT, de la impunidad y la ofensiva de la derecha, con un poder judicial actuando como árbitro para dirimir la disputas en la esfera de las clases dominantes y garantizar la aplicación de ataques más duros.
Se trata de un camino impregnado de contradicciones, hasta incluso para la institución hasta el momento “más prestigiada” del régimen. Hasta ahora la Operación Lava Jato esta dirigida solo contra el PT y sus empresarios amigos, pero hay cantidad de indicios que involucran a políticos del PSDB y del PMDB. La gran dificultad de Moro y de la justicia para aparecer como “árbitros confiables” es la selectividad con la que deciden cuál esquema de corrupción atacar y cuál proteger.
Si avanzan atacando ambos sectores para legitimarse e ir hasta el final en la “limpieza” del sistema político, haciendo volar por los aires a los partidos y referentes públicos hoy dominantes para crear un nuevo sistema como se hizo en Italia en la Operación Manos Limpias de los años 90 se agravará aun mas la crisis económica y política.
Estas batallas jurídicas tienen un carácter reaccionario y no tienen nada que ver con una salida que defienda las necesidades de los trabajadores y la juventud que cargan con el peso de la crisis. La arbitrariedad del poder judicial esta en función de dirimir la disputas entre los distintos sectores dominantes para desmontar un esquema de corrupción petista a favor de otro nuevo y “limpiar” la imagen del sistema político, legitimando mayores ataques a los trabajadores y una mayor entrega de los recursos públicos y naturales del país. Los líderes del poder judicial intentan reformar este régimen de sobornos e impunidad y privilegios del cual son parte, sin ser electos por nadie y asegurándose beneficios financieros que los unen por mil lazos a los capitalistas. Rechazamos el uso que la derecha hace de estas batallas jurídicas así como la política del PT que le abre camino, adoptando los métodos corruptos de los gobiernos de los capitalistas.
Es lamentable la posición de la izquierda, como el PSOL y el PSTU que se alinean detrás de la superstición creada por el Lava-Jato y de que Moro puede barrer el suelo de la corrupción burguesa cuando es necesario unir fuerzas para exigir a las direcciones burocráticas que rompan su colaboración con el gobierno y encabecen una lucha seria contra los ajustes y la impunidad.
Como plantea Diana Assunção, dirigente del Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT) y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Pablo (Sintusp) :"Nosotros estamos por una Asamblea Constituyente que barra este régimen político basado en los ataques contra el pueblo trabajador. Luchamos por una Constituyente Libre y Soberana donde plantearemos que se tomen medidas para que la crisis la paguen los capitalistas, y donde también lucharemos por medidas democrático-radicales elementales como la revocación de mandatos por los electores cada vez que un gobierno entre en crisis por perder apoyo de los que le eligieron. Nos oponemos a que lo volteen camarillas corrompidas de parlamentarios y de la justicia como es el caso ahora. Lucharemos por la elección directa de jueces y fiscales por el voto popular y no que sean definidos por los propios dueños del poder cómo es hoy. El jurado popular, una institución que ya existe en Brasil para crimines dolosos contra la vida, debería extenderse también para el crimen de corrupción. Y lucharemos también para que los salarios de políticos y todos los funcionarios públicos sean iguales a los de un trabajador calificado para acabar con los privilegios que existen hoy y por el control obrero en los servicios públicos para acabar con los privilegios que existen hoy. Para nosotros solamente así se puede atacar por la raíz el problema de la corrupción".
FOTO: Reuters
