El 30 de junio de 2014 integrantes de la Sedena ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Tres años después, un juzgado ordena a la PGR deje de ser omisa en las investigaciones sobre la ejecución.
Miércoles 16 de agosto de 2017
A tres años de la masacre de Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 personas, ocho de ellas después del ataque del Ejército, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que deje de ser omisa en las investigaciones sobre la ejecución. La medida fue otorgada a Clara Gómez, madre de una joven que murió a manos de los soldados.
La PGR tiene un plazo de 30 días para presentar ante el juzgado un calendario de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer lo ocurrido el 30 de junio de 2014.
Además, la PGR tendrá que informar al juez si existen indagatorias pendientes, y de ser el caso, deberá señalar las diligencias que sean necesarias para esclarecerlo. Deberá informar sobre el sentido de la diligencias y al final determinar si hay más implicados en la ejecución.
Se habían consignado a siete militares, de los cuales sólo tres fueron procesados, pero quedaron en libertad dado que la PGR fue garante de la impunidad.
De las 22 personas ejecutadas, por lo menos 11 fueron ejecutadas de manera extralegal; además, la escena fue manipulada para hacer creer que fue un enfrentamiento entre la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) e integrantes del crimen organizado.
Además de Tlatlaya, en Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlán e Iguala, el Ejército comete agresiones y ejecuciones sobre la población escudándose en el uso legítimo que le concede en Estado para el uso de la fuerza, y en donde puede salir bien librado. Esto ha traído la guerra contra el narco en México con la salida del ejército a las calles.
Como en cada una de las masacres perpetradas por el Ejército, en Tlatlaya también ¡#Fue el Estado!
