La expresidenta de facto seguirá por lo menos un año en prisión luego de que este martes un juez extendiera la detención preventiva.
La Izquierda Diario @izquierdadiario
Martes 3 de agosto de 2021 20:49
Este martes un juez de La Paz determinó que la detención preventiva de la expresidenta golpista seguirá otros seis meses, en el marco de las investigaciones contra la exmandataria en el llamado caso "golpe de Estado".
La extensión de la prisión se dictó cuando la exmandataria golpista estaba a punto de completar los meses de cárcel desde la apertura del proceso contra una parte de los responsables del golpe de Estado de 2019.
Los fiscales que impulsan el proceso decidieron el pasado fin de semana dividir el caso original en dos juicios ordinarios: uno por sedición, terrorismo y conspiración; y otro, motivo de la segunda detención preventiva, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta golpista denunció que "dividen un proceso para prolongar la detención". "Imponen en audiencia cautelar otros 6 meses más de injusta privación de libertad" agregó.
El reclamo de la expresidenta de facto fue apoyado por otros sectores de la derecha boliviana, y contó con el respaldo de Estados Unidos, a través de su portavoz, Antony Blinken, que hace unos meses se pronunció solicitando la liberación de Jeanine Áñez y de ex autoridades del ex Gobierno golpista.
Áñez fue detenida el 13 de marzo en su residencia y es procesada por sedición y terrorismo.
El proceso que se lleva adelante contra la exmandataria y algunos funcionarios golpistas tiene el problema, como señala la defensa de Áñez, de que las acusaciones no tienen que ver con las masacres, ni las torturas, ni los crímenes de lesa humanidad como ya establecieron diversos informes de DDHH entre ellos la CIDH, sino que se llevan adelante por “conspiración, sedición y terrorismo”.
Recordemos que fue el propio MAS quién "legalizó" el golpe desde la Legislatura, no solo con la Ley 1266 sino también con la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que hizo lo suyo en diciembre del 2019. Encarcelan a algunos responsables del golpismo pero preservan y recomponen a las instituciones represivas como las Fuerzas Armadas y la Policía.
