Neuquén. Juicio La Escuelita VIII: La impunidad y rol central del Poder Judicial

La audiencia comenzó con el testimonio de Cecilia Maliqueo, integrante de la comunidad mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo.

Cecilia y su comunidad vienen luchando hace más de 40 contra la apropiación de sus tierras por Pedro Laurentino Duarte, ex auditor del ejército posteriormente nombrado Juez federal en Neuquén durante la dictadura.
Desde aquellos años a hoy han tenido que enfrentar desalojos, amenazas, detenciones y causas judiciales contra la comunidad consecuencia de esta apropiación.

Cecilia Maliqueo, quien es Lonco de la comunidad mapuche que lleva ese nombre, relató la lucha que su comunidad viene llevando adelante contra Duarte desde los años ’70, poniendo de relieve que la impunidad con la que los imputados se manejaron al amparo de la dictadura no se redujo a su rol de “auxiliares” de los militares sino que también incluyó acciones como esta, de despojo territorial.

Concluyó su declaración señalando “Nuestros derechos nos amparan. La Constitución Nacional y Provincial nos reconoce como pueblo y comunidad, por lo tanto vamos a permanecer en nuestro territorio, siempre. Queremos decirle a los familiares que han esperado tantos años que se pueda hacer justicia por todas las personas desaparecidas y no sabemos que pasó con ellos y ellas. Los acompañamos, entendemos su dolor y aquí vamos a seguir exigiendo justicia. ¡Marichi weu!”

Luego escuchamos el testimonio de María José Sarrabayrouse Oliveira, testigo experta antropóloga que investigó profundamente el rol del Poder Judicial en la dictadura genocida a nivel nacional.

En su declaración quedó claro, a partir de las conclusiones de su investigación, que el rol del poder judicial en relación al genocidio fue fundamental. No se trató de un rol meramente pasivo, en el sentido de dejar hacer a las FFAA, sino que jugó un rol activo, otorgando legitimidad y aparentando legalidad en el accionar represivo. Además de avalar las torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, llevaba a cabo una negación consciente de todo esto cada vez que los familiares acudían al poder judicial en procura de una respuesta, tratando de manera formal todos los requerimientos de hábeas corpus.

Su testimonio demostró que no hubo jueces ni juezas de la dictadura que, fuera que continuaran ejerciendo en sus funciones desde el gobierno anterior, o que asumieran sus funciones después del 24 de marzo de 1976, que no juraran por las denominadas “actas del proceso”, asumiendo desde allí el compromiso de velar por su cumplimiento, es decir garantizar la ejecución del plan genocida.

El próximo 27 de marzo, en el marco de la causa se llevará adelante la inspección ocular requerida por la acusación sobre el predio del Batallón de Ingenieros de Construcción 181, dentro del que funcionó el CCD “La Escuelita” en la ciudad de Neuquén.

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