En Nueva York, no en México, se alista el juicio al socio de Felipe Calderón en el poder, primer capitán de la militarización que tantas personas ejecutadas, desaparecidas y desplazadas dejó.
Miércoles 18 de enero de 2023
De cara al escenario electoral 2023-2024, López Obrador se frota las manos, la alianza Va por México se frota los golpes porvenir. Todos se anticipan, aunque la vida política en México parece circular por otros carriles. El resultado del juicio no necesariamente tendrá consecuencias al sur del Río Bravo, como sucedió con el caso de El Chapo o el de Salvador Cienfuegos. Los vínculos con el crimen organizado no tuvieron consecuencia alguna para Peña Nieto, quien luego de dejar el poder vive su vida como una fiesta.
La Corte del Distrito del Este de Nueva York, la misma que juzgó a Joaquín Loera Guzmán, es donde se enjuicia a Genaro García Luna, director de la Agencia de Investigación de México -el llamado FBI mexicano- durante el gobierno del panista Vicente Fox y secretario de Seguridad Pública en el de Felipe Calderón. La acusación: colaborar con el Cártel de Sinaloa durante más de veinte años.
Se dio a conocer que serán alrededor de 20 los testigos citados por la Fiscalía, exfuncionarios y narcotraficantes, gran parte detenidos durante la administración de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Se espera que revelan pactos entre gobiernos y el crimen organizado, sobornos, la teatralización de distintos operativos contra líderes del narco saboteados por la misma SSC. El secreto nunca ocultado del todo de la asociación entre los tres niveles de gobierno, las fuerzas represivas del Estado y el crimen organizado -como se vio con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa- se evidenciará en esta nueva oportunidad.
La causa contra García Luna, iniciada en Estados Unidos, amenaza con salpicar ex altos funcionarios desde los tiempos de Vicente Fox hasta ahora, ya que algunos ocuparon cargos en el gobierno de López Obrador, al menos hasta 2020, cuando la periodista Anabel Hernández dio a conocer que en la Fiscalía General de la República, liderada por Gertz Manero, había varias personas del equipo del ex secretario de Seguridad Pública, como Antonio Pérez García (extitular de la Policía Federal Ministerial) y Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez (actual titular de esa institución).
La faceta del ex secretario de Seguridad Pública como contratista gubernamental también en materia de seguridad, con sus empresas Nunvav como Glac, se espera que también salga a relucir durante el actual proceso judicial, y eso puede comprometer a otros altos funcionarios del gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Es difícil que no resulte afectada la alianza Va por México en los procesos electorales de 2023 y 2024, ya que tanto el PAN como el PRI tuvieron vínculos con García Luna.
Toda la narrativa de la “guerra contra el narcotráfico” inaugurada durante el gobierno de Felipe Calderón y la militarización -ayer con la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, hoy con la participación estelar de la Guardia Nacional- estará también en el banquillo de los acusados. Con el despliegue de uniformados que protegieron por momentos a unos grupos del crimen organizado y enfrentaron a otros, el único saldo hasta ahora son 350 mil personas muertas y unas 72 mil desaparecidas entre enero de 2006 y mayo de 2021 (cifras del Washington Post).
Resulta paradójico que el poder judicial de Estados Unidos sea el que juzgue a García Luna, cuando es imposible que el crimen organizado opere sin el aval de las autoridades tanto del imperialismo yanqui como de los gobiernos mexicanos. Pero el engranaje está en marcha y algunos actores del régimen mexicano probablemente caigan en desgracia. Se exhibirá (otra vez) el carácter putrefacto de la democracia de los ricos, que administra el país en favor de los intereses de trasnacionales y altos empresarios.
Es una nueva oportunidad para que alzar la voz contra la militarización, hoy relegitimada en parte merced al presidente López Obrador, pero que vuelve a ser cuestionada por acciones brutales como la ejecución de dos jóvenes en una carretera de Chihuahua y el despliegue de uniformados armados en el metro ante los graves problemas de mantenimiento que cobran la vida de usuarios y trabajadores.
