Durante las últimas audiencias, se señalaron los distintos mecanismos de complicidad estatal y mediática con la banda paraestatal comandada en Bahía Blanca y la región por el entonces Rector Interventor de la UNS, Remus Tetu, y Rodolfo Ponce, quien fuera Secretario General de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, apadrinado por Rucci.
Martes 5 de enero de 2021 16:08
Foto: Luis Salomon [Hijos Bahía Blanca]
A fines de diciembre concluyeron, hasta el próximo mes de febrero, las audiencias vinculadas a los juicios por crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por la triple A en Bahía Blanca y la región. En estas audiencias, se presentaron testigos claves que dieron luz a los hechos no solo con sus testimonios, sino también basándose en diferentes documentos y archivos que pusieron en evidencia la vinculación entre Remus Tetu, las estructuras paraestatales de la Triple A y las fuerzas armadas.
Su rol como interventor universitario significó el comienzo del despliegue de lo que se denominó la "Misión Ivanissevich" en Bahía Blanca, que tenía como principal objetivo la persecución política del marxismo dentro de las universidades de todo el país, lo que tuvo consecuencias directas sobre la militancia estudiantil, los docentes y no docentes cesanteados y los activistas políticos que formaban parte de la universidad en esa época.
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La lógica de su designación se entiende si se revisa esta política desplegada por el entonces Ministro de Cultura y Educación de la Nación, que consistió en un plan sistemático volcado a nivel nacional para infiltrar personajes nefastos como Tetu en todas las universidades del país, encargados de realizar las tareas de inteligencia necesarias para perseguir a un activismo que se organizaba para combatir los golpes represivos y la lucha contra "la subversión", por lo que el caso de Tetu no fue un hecho aislado.
Sus antecedentes políticos vinculados al nazismo, y a diferentes organizaciones anticomunistas de las que formó parte en Rumania (como fue la organización anticomunista "T", de la que fue fundador y jefe en 1945) alertaron a los distintos sectores militantes que se organizaban dentro de la universidad, que no tardaron en identificar su llegada como el comienzo de de un plan genocida que costaría la vida de militantes y activistas.
Así lo explicó durante la audiencia del 4 de diciembre Gregorio Diaz Dionis, presidente de la organización internacional Equipo Nizkor, que en aquella época se desempeñaba como secretario general del gremio de ATUNS, sindicato que nucleaba a los empleados no docentes de la universidad, refiriéndose a una reunión que tuvo en la Casa Rosada como representante del gremio:
"Nos avisan que la Marina quiere poner a Remus Tetu y nos explican bien quien es, que era un rumano, que estaba condenado a muerte en Rumania, que era de un grupo político nacionalsocialista, antisemita (...) Sabíamos que lo iban a terminar imponiendo. Desde el momento que entrara Remus Tetu sabíamos que iba a venir la represión no solo en Bahía Blanca sino también en las universidades y que en Bahía Blanca iba a haber muertos."
A su vez, la imposición de Tetu como interventor en la UNS estuvo vinculada a la persecución política seguida de asesinato de Watu, único caso de un estudiante asesinado dentro del edificio de una Universidad Nacional, quien tuvo un rol activo dentro del movimiento estudiantil que en ese momento se organizaba para combatir estos intentos marcastistas y represivos que provenían de esta organización criminal.
Esto se puede ver claramente en la exposición de un documento que presentó Claudia Bellingeri en la audiencia del 17 de diciembre, que forma parte de un archivo de Prefectura Naval en donde se ponen en evidencia las tareas de inteligencia que se realizaban dentro de la UNS.
En este documento se señala a Watu como principal orador de una asamblea general celebrada en la UNS, en la cual se acusaba a Tetu de ser el principal impulsor de la Misión Ivanissevich dentro de la institución, lo que conllevaría un plan de persecución a los estudiantes por lo que Watu apelaba a la movilización total del movimiento estudiantil para combatir esta estructura represiva.
Estos documentos dentro de los 160 que presenta el archivo, dan cuenta del rol que jugó la universidad para desplegar tareas de inteligencia y empezar a señalar y marcar militantes, garantizando la impunidad de Remus Tetu y su patota.
En la presentación de Bellingeri se expuso un legajo de la ex DIPPBA sobre el funeral del “Negrito” García, el joven que fuera el primer asesinado por la Triple A en Bahía Blanca. El archivo de la ex Dirección de Inteligencia, al igual que distintos testimonios, señalaron que ese evento se utilizó para marcar y perseguir estudiantes, entre ellos al propio Watu.
El testimonio de Diaz Dionis mostró también cómo el accionar de una organización criminal como fue la Triple A pudo desarrollarse gracias a la complicidad del aparato represivo del Estado en todas sus variantes, como la Marina y la Prefectura.
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Diaz Dionis planteó el objetivo de terror y control social que tenían los asesinatos de la Triple A: “las muertes son muertes rituales (…) Cuando dejan el rastro, es intencional, no es un error del guión, es la intención de esa operación (…) esas muertes rituales son para la guerra psicológica, para provocar el terror. La finalidad no es matar al tipo, es crear una muerte que produzca terror, que agarre a la población civil y las meta en sus casas, que todo el mundo tenga miedo de hablar”
También en su testimonio indicó que la Base Naval brindaba el armamento que iba a portar la patota contratada por la misma Universidad y que funcionaba formalmente como grupo de "seguridad y vigilancia" acompañando el accionar de Remus Tetu. El testigo señaló que las “reuniones de trabajo” de la patota eran en “los cabarets de White” y de ese modo “nosotros supimos de uno de los asesinatos que se cometieron en la universidad dos días antes, porque estaban borrachos y empezaron a contar a quién iban a matar”.
Según su testimonio, Ponce llegó a Secretario General de la CGT justamente gracias al apoyo de la Marina. A fines de noviembre la historiadora Ana Belén Zapata, en su declaración testimonial en esta misma causa, señaló que Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA recientemente fallecido, había relatado que durante su cautiverio, como parte del trabajo forzado al que era sometido, había tenido que falsificar un permiso de portación de armas del RENAR a nombre de Ponce. Esto grafica la profunda relación del sindicalista y diputado provincial del peronismo, quien había sido el armador local de la Triple A, con el aparato de represión estatal.
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En la audiencia del 3 de diciembre se presentó el ex legislador pampeano Eduardo Alfredo Tindiglia. Él ya había aportado recientemente datos que ayudan a reforzar la investigación en torno al empresario de medios Vicente Massot a quien la justicia le viene permitiendo la impunidad. En esta ocasión Tindiglia señaló:
“(...) Claramente podemos hablar de complicidades, de posibles participaciones, porque es ingenuo pensar que esas bandas delictivas parapoliciales actuaban a cualquier hora del día o a la noche, sin que la policía se enterara. La policía local era la responsable de generar las zonas liberadas (…) Yo creo que la autoría intelectual y la inteligencia la hacían ellos claramente [Ponce y Tetu]. Y por supuesto, dos actores más, uno es la Iglesia que hacía oídos sordos a todos los hechos de violencia que sufrían los curas tercermundistas, en particular el asesinato de Dorñak en el Juan XXIII y por supuesto la complicidad de La Nueva Provincia”
Con respecto a La Nueva Provincia todas las pruebas que ya se han presentado, para los distintos estamentos del Poder Judicial, no alcanzaron para anular la falta de mérito al empresario de medios, que tenía un agente de la DIPPBA contratado como “seguridad” en el diario, investigando la “infiltración marxista” en su planta. Aquello terminó con los asesinatos de los obreros gráficos Heinrich y Loyola.
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A poco tiempo de confirmarse la falta de mérito para Massot, en 2016, habían sido hallados, en el marco de la causa por la Operación Cóndor, documentos que enviaba a la DINA el ex servicio de inteligencia chileno Arancibia Clavel. Los memorandos muestran a Massot como su contacto y amigo, con quien intercambiaba información, coordinaba operaciones ideológicas y fraguaba supuestos enfrentamientos para justificar asesinatos de opositores políticos chilenos en Argentina.
Ahora, en el testimonio de Tindiglia también quedó de manifiesto la profunda vinculación del diario con la sangrienta “limpieza” de curas tercermundistas entre los salesianos de Bahía Blanca. "Muchos de los que hoy se lamentan están recogiendo lo que sembraron (...) quien siembra vientos recoge tempestades", decía en sus páginas el diario de Massot, reivindicando el asesinato de Carlos Dorñak, entonces vicerrector del instituto Juan XXIII, junto a otros secuestros y ataques a religiosos progresistas. Las mismas palabras que usó el diario aparecían en una amenazadora carta a la semana de aquel asesinato, firmada anónimamente por “30 cristianos” que reclamaban “una buena limpieza” en el instituto salesiano.
A raíz de todo esto, la fiscalía está pidiendo la anulación de la falta de mérito a Massot, la ampliación de su declaración indagatoria y la producción de nuevas medidas probatorias que incorporen lo que se sumó desde aquel momento y en las últimas audiencias de la causa Triple A.
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En esta causa histórica se juzga, con una demora de 46 años, a los integrantes de la patota de Ponce y Tetu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, e intervienen como querellantes Hijos Bahía Blanca, la familia de Luis Jesús “Negrito” García y la UNS.
Luego de un recorrido histórico que han hecho las organizaciones de Derechos Humanos para construir una memoria que rescate del olvido a las víctimas y que identifique a los culpables de estos crímenes garantizados por el propio aparato del Estado, es urgente sacar a la luz a todos los responsables.
Como señalaba a este medio en la apertura del juicio a principios de marzo Alberto "Carucha" Rodriguez, testigo del asesinato de "Watu", muchos responsables han fallecido (como es el caso de Héctor Chisu) muchos testigos también, pero además “no están sentados en el banquillo muchos autores intelectuales, funcionarios políticos, sindicalistas que acompañaron a Ponce, quienes les dieron apoyatura económica desde el empresariado”.
Para que todo eso ocurra es necesario que se abran todos y cada uno de los archivos secretos tanto de la dictadura como del período anterior, medida que no fue garantizada por ningún gobierno democrático, para que el tiempo no nos gane en la batalla por condenar en vida a los genocidas responsables. “La verdad es la única función que tiene abrir archivos, ¿a quién le puede molestar?”, reflexionaba “Carucha” en aquella primera sesión del juicio, cuyas próximas audiencias serán a partir del 3 de febrero.
