Daniel Oyarzún fue absuelto. La decisión da aire a un clima derechista que centra todo en el pequeño delito sin cuestionar a los grandes saqueadores del país.
Jueves 13 de septiembre de 2018 21:49
Daniel Oyarzún, el carnicero que asesinó a un joven que le había robado, fue absuelto este jueves. La decisión, tomada por un jurado popular, alienta la justicia por mano propia.
“El juicio del carnicero” –como fue conocido ampliamente– se desarrolló a partir de los hechos que tuvieron lugar en septiembre de 2016. En ese entonces, la carnicería de Oyarzún fue asaltada por un joven que luego escapó en moto. Esta era conducida por Brian González, de 24 años.
La absolución se basó en el supuesto de que el carnicero había actuado en legítima defensa. Sin embargo, Oyarzún persiguió con su vehículo a quiénes habían robado $ 5 mil y terminó atropellando a González contra una columna. Casi inmediatamente, vecinos del lugar empezaron a golpear al joven, que falleció horas después. Es decir, en el momento que en atacó brutalmente al joven de 24 años, su vida no corría peligro.
Gran delito y pequeño delito
Hace dos años, el caso de Oyarzún se transformó en un tema de debate nacional. Como no podía ser de otra manera, fue levantado por los grandes medios y sectores de derecha como una consecuencia lógica del crecimiento de la llamada “inseguridad”. Esto mismo ocurre por estas horas, luego de la sentencia. Este mismo jueves por la noche, el abogado de Oyarzún “festejaba” en diálogo con el derechista Eduardo Feinmann.
No sucede por causalidad. Esa enorme propaganda mediática está destinada a centrar sus ataques en el pequeño delito que se comete cotidianamente, separándolo de las condiciones sociales y económicas en las que se produce.
Buscan así que se ignore el gran delito organizado desde la cúpula del poder, en esa amplia asociación que incluye a las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y al gran empresariado. Para ejemplificar sirve recordar el caso de Luciano Arruga, el joven que la Bonaerense asesinó porque no quería robar para esa fuerza.
Quienes reivindican una supuesta “justicia” en el caso del carnicero guardan un prudente silencio frente a la impunidad asombrosa de la que gozan los grandes empresarios que se “arrepintieron” de pagar coimas. Allí hay que anotar, entre otros, al primo del presidente.
Se trata del empresariado que se enriqueció con la obra pública incluso bajo la dictadura genocida. Dictadura que secuestró, torturó e hizo a desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras. Pero la campaña mediática se desata contra el joven que robó $ 5 mil.
Crimen y castigo
El fallo implica casi una licencia para matar hacia sectores reaccionarios de la sociedad. Avala el accionar de quienes se consideran llamados a “imponer orden”. Implica que cualquiera, en cualquier circunstancia, puede juzgar si alguien tiene derecho a vivir o no, en función del robo de cualquier monto. Pone al derecho a la propiedad por encima del derecho a la vida.
La justicia por mano propia funciona contra sectores que son víctimas de las brutales consecuencias de la sociedad capitalista. ¿O alguien puede considerar que el pequeño robo nace de una decisión puramente individual?
A pesar de los discursos y del crecimiento a tasas chinas, el kirchnerismo dejó un país con una pobreza cercana al 30 %. Cifra que escala varios grados más si se mide entre la juventud.
Esa misma juventud, en dos años y medio de macrismo, ha visto empeorar sus condiciones de vida. Es la juventud que está imposibilitada de, incluso, conseguir un trabajo mal pago o precarizado. Es la juventud pobre que labura en las obras de construcción, dejando su salud y su vida por las ganancias de los empresarios. Esas mismas obras que, en el caso del Estado, se ven ahora paralizadas por el ajuste que acuerdan Gobierno nacional, gobernadores peronistas y Fondo Monetario Internacional.
El discurso que dice que “hay que matar” a los ladrones deja de lado todo eso. Simplifica. Busca las causas donde están las consecuencias. El fallo del jurado que actuó en este caso legitima esa práctica y esa idea.
Y todo esto ocurre a apenas 24 horas del secuestro y la tortura de una docente en Moreno. Allí fueron sectores fascistas los que decidieron “imponer orden” por cuenta propia, amparándose en el discurso reaccionario que Vidal y Macri repiten contra la docencia.
Represión e “inseguridad”
La campaña contra “los delincuentes” sirve para acompañar una política crecientemente represiva. Más policías, más gendarmes, más prefectos. Todos contra los ladrones que roban unos pocos miles de pesos. Todos contra los robos en los barrios pobres.
Por eso Macri habló a favor del carnicero. “Oyarzún debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó mientras la Justicia decide por qué paso, por qué sucedió”, había dicho.
No fue la única intervención presidencial de este tipo. Macri también avaló al policía Luis Chocobar. Para el presidente, gatillo fácil y justicia por mano propia van de la mano.
El carnicero sabía lo que pasó. Como quedó demostrado en la investigación, fue consciente de su accionar. Además, es lo que piensa. Así lo dijo en el juicio, cuando afirmó que "los delincuentes no sirven, hay que ponerlos a todos en una bolsa y tirarlos a la basura”.
“Tirarlos a la basura” o “matarlos” da lo mismo para el pensamiento reaccionario y fascistizante que dice que el problema son “los delincuentes” en general, aunque se esté hablando de los pobres.
El hecho de que la decisión haya sido tomada por un jurado popular no cambia la sustancia del hecho.
Los verdaderos delincuentes
El fallo será tema de conversación en los días por venir. Tiene por trasfondo el ascenso de la crisis económica y social.
El juicio finaliza cuando la pobreza y la desocupación crecen; cuando los salarios pierden estrepitosamente frente a la suba de los precios; cuando el saqueo nacional se profundiza de la mano del FMI y del Presupuesto que Macri acuerda con los gobernadores peronistas.
En ese contexto de crisis, donde el pequeño delito encuentra terreno, la decisión judicial da aire a más casos de justicia por mano propia. Empuja a sectores de derecha y reaccionarios a considerar que hay que hacer lo que policías y jueces “no hacen”.
La crisis en curso requiere medidas de urgencia que ataquen las ganancias y la propiedad de los grandes ganadores de esta crisis, de los verdaderos delincuentes que saquean y roban: los grandes capitalistas.
Son ellos los que fugan dólares masivamente. Un reciente informe del Banco Central muestra que los bancos ganaron un 70 % más en julio de este año en relación al mismo mes de 2017. Los delincuentes son también los grandes exportadores que hoy venden con un dólar que vale casi el doble que hace 9 meses. Los saqueadores son las grandes alimenticias y cadenas de supermercados que remarcan precios mientras pagan salarios de miseria a sus propios trabajadores.
A esos grandes delincuentes hay que afectar para impedir que la crisis social se desarrolle y profundice. Son ellos, buscando ganar más y más, los que hunden a millones en la pobreza. Son ellos los que fabrican el pequeño delito y los Oyarzún a gran escala.
Solo atacando los intereses y las ganancias del gran empresariado se puede encontrar una salida progresiva a la crisis en curso. Todo lo demás tiene la marca de la decadencia y la barbarie capitalista.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
