Lesa Humanidad. Juicio por el secuestro de embarazadas y robo de bebés en Campo de Mayo

Según el informe "Nunca Más", de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), en la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron cuatro centros clandestinos de detención.

Este juicio debería haber comenzado en 2016 pero fué postergado en varias oportunidades y está previsto que haya sólo una audiencia por semana, por lo que se estima que durará varios meses. El Tribunal está integrado por Javier Feliciano Ríos (presidente), Andrés Fabián Basso y Adriana Palliotti.

La causa es una derivación del histórico proceso iniciado en 1996 para investigar el plan sistemático de apropiación de niños y niñas, hijos e hijas de personas secuestradas durante la época del terrorismo de Estado.

También debía llegar a juicio oral por estos aberrantes crímenes el ex presidente de facto Reinaldo Bignone, quien fué declarado incapaz de afrontar el proceso por supuestas "razones de salud" el 6 de julio pasado.

Debido a los años de dilaciones judiciales, muchos médicos militares fallecieron impunes y a otros se les suspendió el proceso, por lo que solo serán juzgados Santiago Omar Riveros, que tenía a su cargo la represión ilegal en la denominada Zona de Defensa IV, y el médico militar del Hospital Militar de Campo de Mayo Raúl Eugenio Martín.

El médico Martín llega por segunda vez a juicio oral. A fines de 2014 resultó absuelto en otro proceso por robo de bebés, en el que fueron juzgados otros nueve casos que tuvieron como epicentro el Hospital Militar de Campo de Mayo.

Fueron condenados en aquella oportunidad Bignone, Riveros, el ex jefe de Traumatología Norberto Atilio Bianco y la ex enfermera Yolanda Arroche. En este segundo tramo, será juzgado por un mayor número de víctimas.

Se le imputan, en carácter de partícipe necesario, las sustracciones, retenciones, ocultamiento de menores y supresión de sus identidades de los hijos e hijas de Recchia, Trotta, Molfino, Taranto, Galeano y Ogando, y las privaciones ilegales de la libertad agravadas y la aplicación de tormentos agravada de aquellas.

Riveros llega acusado en calidad de autor mediato de los delitos de sustracción, retención, ocultamiento de menores y de la supresión de sus identidades respecto de los hijos e hijas de Trotta, Taranto, Galeano, Ogando, Cournour, Recchia, Lancilotto, Duarte, Masri y Belaústegui Herrera, y por las privaciones ilegales de la libertad agravadas y la aplicación de tormentos agravada infligidos a Trotta, Taranto, Galeano y Ogando.

En este segundo tramo del juicio las víctimas alcanzadas son: Beatriz Recchia de García y su hija Bárbara García Recchia; Marcela Esther Molfino de Amarilla y su hijo Guillermo Amarilla Molfino; María Teresa Trotta y su hija Milagros Castelli Trotta; Rosa Luján Taranto de Altamiranda y su hija María Belén Altamiranda Taranto; y Ana María Lanzillotto y su hijo Maximiliano Menna Lanzillotto. También, Celina Amalia Galeano y su hija, Paula Elena Ogando y su hijo, y María Cristina Cournour de Grandi, María Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana Masri y Valeria Beláustegui Herrera y sus respectivos hijos.

Ayer lunes prestaron declaración los médicos María Estela Herrera y Eduardo Poisson y la monja Nicomedes Zaracho, que trabajaban allí en aquel período.

La lucha contra la impunidad y por encontrar a los que aún nos faltan

El plan sistemático de robo de bebés fue uno de los crímenes más aberrantes cometidos por la dictadura genocida.

Sus consecuencias perduran al día de hoy, después de más de 40 años todavía faltan recuperar a más de 400 niños y niñas nacidos en cautiverio, en condiciones terribles a las que eran sometidas sus madres secuestradas.

Como surgió del testimonio de víctimas, sobrevivientes y testigos las embarazadas eran sometidas a torturas, violaciones y todo tipo de vejámenes para luego de parir arrancarles a sus hijos e hijas recién nacidos.

Numerosos testimonios en los juicios dan cuenta de como era el "modus operandi" de los genocidas para el robo de bebés y hasta en un documento de un juzgado de instrucción militar fechado en 1986 puede verificarse: "Las pacientes embarazadas detenidas, no eran registradas en ninguna documentación, como así tampoco eran registrados los advenimientos de los recién nacidos".

De todas las víctimas de este segundo tramo del juicio sólo recuperaron la libertad junto a su niña y niño, respectivamente, Celina Galeano y Paula Ogando.

Con la lucha de muchos años fueron restituidas las identidades a los hijos e hijas de las desaparecidas Recchia, Molfino, Trotta y Taranto.

Sólo dos de las víctimas recuperaron la libertad junto a sus hijos, mientras que el resto de las madres se encuentran desaparecidas y, hasta ahora, fueron restituidas las identidades de cuatro de sus niños y niñas.

Maternidad clandestina

Según el informe "Nunca Más", de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), en la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron dos centros clandestinos de detención: "El campito" o "Los Tordos", situado en la "Plaza de Tiro" y próximo al Campo de Paracaidismo, y un segundo lugar ubicado sobre la Ruta 8 frente a la Escuela de Suboficiales.

En ese mismo informe se especificó que hasta mediados de 1977 los partos de las prisioneras embarazadas se producían en unos galpones, hasta que un médico opinó que no estaban dadas las condiciones mínimas para atenderlos en esos lugares. Por esa razón, fueron derivados al Hospital Militar situado dentro del predio, a una zona que se conocía como "Pabellón 1", una habitación de cinco metros cuadrados que había sido una cocina.

Y finalmente se decidió utilizar las instalaciones principales del centro de salud. En efecto, numerosas declaraciones recibidas en la investigación coincidieron en que los alumbramientos se producían en la sala de partos y que luego las madres eran llevadas al área de epidemiología, donde permanecían con los ojos vendados y esposadas a la cama en una habitación, custodiadas por personal vestido de civil.

Los niños eran llevados a la nursery y se les colocaba una tarjeta con la denominación "N.N.", y no había registro de ellos ni de sus madres.

Este cuadro fue incluso probado e informado por el Juzgado de Instrucción Militar N°17 en febrero de 1986 al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

El documento señala que "entre los años 1976 y 1977 ingresaron al Hospital Militar de Campo de Mayo, en forma irregular y esporádica, una cantidad no determinada de pacientes femeninas en estado de embarazo avanzado, que tenían la particularidad de revistar en carácter de detenidas por considerárselas integrantes de organizaciones subversivas"; que "las pacientes embarazadas detenidas, no eran registradas en ninguna documentación, como así tampoco eran registrados los advenimientos de los recién nacidos"; y que "no se han podido obtener referencias que permitan conocer filiación o domicilio actual de alguna de las embarazadas que fueran asistidas en el período que se ha investigado a efectos de lograr testimonio de, al menos, alguna de las mencionadas".

Empresas, Iglesia, militares y fuerzas de seguridad: Son todos genocidas

Como fué demostrado en innumerable cantidad de casos las empresas fueron parte del plan genocida, teniendo incluso muchas de ellas centros clandestinos de detención y tortura dentro de sus instalaciones, como en el caso de Ford, que después de muchos años de lucha los sobrevivientes han logrado llevar a juicio a dos de sus gerentes por el secuestro y tortura de 24 de sus trabajadores en 1976. La presentación del juicio será el próximo 28/11.

Otras empresas también aportaron lo suyo. La Mercedes Benz, donó en 1975 un equipo de neonatología y obstetricia al Hospital Militar de Campo de Mayo, muestra más que clara de como prepararon el golpe y el secuestro de embarazadas entre otros crímenes de lesa humanidad para luego quedarse con sus bebés, robados en la mayoría de los casos con ayuda de la iglesia católica a través del nefasto Movimiento Familiar Cristiano.

La búsqueda de los que aún faltan encontrar es una deuda pendiente con los 30.000 y también con las nuevas generaciones.

A más de 40 años del golpe genocida seguimos luchando por el juicio y castigo a todos los responsables, militares y civiles y por encontrar a todos los niños y niñas ya adultos que aún faltan, pero también por justicia por Santiago Maldonado y todos los desaparecidos en democracia.

Las empresas que fueron parte de la dictadura y se siguen beneficiando impunemente con todos los gobiernos, ahora intentan imponer una brutal reforma laboral que es un retroceso enorme para los derechos de todos los trabajadores. La lucha contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy tiene que ir de ir de la mano por no dejarla pasar.