Sólo un condenado por cada uno de los 660 Centros Clandestinos de Detención, la mitad con prisión domiciliaria. 116 causas elevadas a juicio sin fecha de inicio prevista. Las causas contra Ford, Mercedes Benz y Astilleros Astarsa: “Están esperando que estemos muertos. Yo cumplo 75 años y no vamos a parar.” Una restauración de derecha sobre la base de una restauración de “izquierda”. Más parecidos que distintos. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Nuestra política.
Lunes 2 de mayo de 2016 00:25
La asunción del nuevo gobierno de Cambiemos implicó un giro a la derecha en materia de derechos humanos que opera sobre la base de los fuertes límites que tuvo la política del anterior gobierno del Frente para la Victoria, habiendo numerosos elementos de continuidad entre ambos gobiernos, que exceden con creces a los antiguos funcionarios que mantuvieron sus cargos.
Derechos y Humanos….
Las declaraciones del actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, “garantizando” la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, coexisten con las del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, negando la existencia de los 30.000 desaparecidos. O con la ignominiosa visita de Barack Obama -máximo representante de la potencia imperial que orquestó el Plan Cóndor- al “Parque de la Memoria de la ESMA” en el mismísimo 40° aniversario del golpe militar. O con el resurgimiento de la llamada “teoría de los dos demonios”.
La parálisis de los juicios por crímenes de lesa humanidad
El estado de los juicios por crímenes de lesa humanidad expresa la crisis existente en materia de derechos humanos, en lo que era “la” política de Estado del anterior gobierno, y da cuenta de los obstáculos interpuestos en el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Según un Informe Estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad -cuyos datos están actualizados al 23 de diciembre de 2015 [1]-, el total de causas activas en el país era de 521, de las cuales el 29 % se encontraba con sentencia, la gran mayoría en etapa de instrucción (el 45 %), el 23 % con elevación a juicio y sólo el 3 % (15 causas) en juicio.
El número de causas elevadas a juicio cuyo inicio aún no estaba previsto ascendía al número de 116, según reconocía la Procuraduría en el mencionado informe.
En la jurisdicción de San Martín el Tribunal Oral Federal que lleva los juicios por delitos en Campo de Mayo tiene 16 juicios acumulados esperando por hacerse. “El año pasado hubo uno solo y, a ese ritmo, en San Martín hay garantizados 16 años de juicios”, afirmó el abogado y periodista Pablo Llonto, querellante de Campo de Mayo.
La causa por los secuestros y desapariciones de los trabajadores de Mercedes Benz (González Catán) también tramita en San Martín, ante el Juzgado Federal a cargo de la jueza Alicia Vence. El juicio se encuentra paralizado desde diciembre de 2014, cuando el Ministerio Público Fiscal pidió la indagatoria de dos directivos de la multinacional alemana acusados de aportar a los militares los datos y nombres de los trabajadores que debían ser secuestrados. La Cámara Federal de San Martín avaló la parálisis de facto del expediente, mientras las querellas y los trabajadores siguen luchando por la condena de los responsables civiles y militares de los crímenes.
Entre marzo y mayo de 1976 fueron secuestrados 25 delegados de la empresa Ford Motors Argentina. Los obreros sobrevivientes solicitaron la detención de cuatro exdirectivos de la empresa y presentaron además una demanda contra la casa matriz estadounidense de la Ford Motor Company y su filial en la Argentina. Pedro Troiani declaró a este diario: “En nuestro caso está todo para que comience el juicio oral, pero no conforman el Tribunal de San Martín. Hay un juez y medio, ya que uno se está por jubilar. Hubo una junta médica que dijo que los directivos de Ford están en condiciones de afrontar el juicio. Y ahora nos dicen que este año va a ser imposible. Están esperando que estemos muertos. Yo cumplo 75 años y no vamos a parar”.
La misma situación de parálisis se repite en las demás jurisdicciones.
El Informe Anual 2015 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicado en abril del mismo año daba cuenta de las demoras que ya por entonces existían en los juicios durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: “En algunas provincias del país todavía no se han realizado juicios. Es el caso de Santa Cruz, donde está estancada la causa que investiga los delitos de los que fueron víctimas 32 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria 15. Asimismo, organismos de derechos humanos y querellantes locales denuncian demoras en las investigaciones y el inicio de los juicios en algunas jurisdicciones, como Santiago del Estero, Mendoza y Corrientes”.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, por su parte, reconocía en el Informe Estadístico antes mencionado (diciembre de 2015), “que el ritmo de sentencias por año comenzó a desacelerarse desde 2014 y la tendencia continúa en 2015…”, y afirmaba que ya existía en el mismo mes en que Cristina Kirchner dejaba la presidencia, “una especie de ´agotamiento´ en el ritmo de los juicios”, dando cuenta de que “durante 2015 los tribunales tuvieron una postura más laxa respecto a la cantidad de audiencias por semana y su duración…”.
La situación de los “responsables civiles”
La impunidad de los responsables civiles por crímenes de lesa humanidad es total y surge con claridad y contundencia si se tiene en cuenta que solo han sido condenados dos funcionarios judiciales (el entonces secretario Víctor Brusa y el exjuez Manilo Martínez), mientras que existe un solo empresario condenado, el exdueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levin, por el secuestro y tortura del trabajador Víctor Cobos.
En este sentido, Carlos Morelli, delegado de los Astilleros Astarsa entre 1973 y 1976, de donde los militares secuestraron a 18 obreros seleccionados y enlistados por la patronal, incluyendo al propio Morelli, recordó (¡cómo olvidarlo!) en declaraciones efectuadas a La Izquierda Diario: “Que estos señores (en referencia a los Brown Cantilo y compañía, Mercedez Benz, Ford, Loma Negra, entre tantos otros) fueron los que junto a los militares llevaron adelante el golpe. El sistema se ocupa de los perejiles, los peces gordos siguen impunes”.
En el largo documento titulado “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a los trabajadores durante el terrorismo de Estado”, editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (1ra ed. noviembre de 2015) también se dio cuenta de “…las demoras y los obstáculos que se imponen en el ámbito judicial en todo el país a la hora de investigar las responsabilidades empresariales. Los casos del Ingenio Ledesma y de Minera El Aguilar han tenido procesamientos fundados en la suficiente prueba recolectada, pero están demorados por decisiones judiciales. En el caso de Las Marías (yerba Taraguí) se excusaron más de doce magistrados correntinos y se sobreseyó a Adolfo Navajas Artaza, su dueño. Las causas por Mercedez Benz, La Nueva Provincia -de la familia Massot- y Acindar se encuentran demoradas, a pesar de los varios años de investigación judicial y la suficiente prueba existente como para avanzar a otras instancias. Otras investigaciones, entre ellas la de Molinos Río de la Plata, entonces perteneciente al grupo Bunge y Born, recién comienzan.”
La nueva situación con el gobierno de Cambiemos
El abogado Pablo Llonto, querellante de Campo de Mayo, explicó que hasta diciembre del año pasado la situación de los juicios ya era “caótica y de emergencia” pero ahora se agravó: “A lo conocido del sistema judicial, como la lentitud, la mala fe de algunos jueces, la burocracia, se sumó un Poder Ejecutivo que no apoya los juicios de lesa humanidad. Esto se agregó como un problema que no teníamos, ni teníamos a los represores o a las familias de los genocidas enviando notas y pidiendo que se los atienda en la Secretaría de Derechos Humanos para recibirlos como presos políticos”.
Junto con el envalentonamiento y mayor audacia de los genocidas y sus familiares, se verificó a partir de entonces la desarticulación de programas, áreas y políticas estatales; se produjeron despidos de especialistas en Derechos Humanos en Defensa y Seguridad, en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, en el Programa Verdad y Justicia; hubo quita de fondos presupuestarios; se incrementaron las prisiones domiciliarias, y se acentuó la paralización de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La “Mesa de Diálogo Institucional”
La preocupación de los organismos de Derechos Humanos ante la nueva situación se manifestó en la nutrida concurrencia a la llamada “Mesa de Diálogo Institucional” convocada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a cargo del fiscal General Jorge Auat, dependiente del Ministerio Público Nacional.
Participaron del encuentro -realizado el jueves 21 de abril pasado- Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo y Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, representantes de HIJOS, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS., el MEDH, APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Por primera vez, participaron además querellas que impulsan las causas por la masacre del penal de Devoto y la de Malvinas. También se hicieron presentes querellantes y sobrevivientes de Tucumán y Santiago del Estero que están a poco del inicio del juicio oral del Operativo Independencia, y la sala del encuentro se completó con delegaciones de Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza.
Los organismos y las querellas se encontraron en la sala del encuentro con el reconocimiento explícito de la nueva situación por parte del representante del Ministerio Público de la Nación, el fiscal de la Procuraduría Jorge Auat, quien dio cuenta del achicamiento de la estructura y las herramientas, de la falta de fondos por parte del Consejo de la Magistratura, de la imposibilidad del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de continuar con sus trabajos de búsqueda de desaparecidos en el Cementerio de Empedrados, de la falta de jueces, la falta de fiscales, del problema existente para integrar los tribunales.
Citó como ejemplo de esto último el caso de Tucumán donde ha de llevarse a cabo el juicio por el Operativo Independencia, afirmando que sólo va a tener audiencias un día y medio a la semana porque dos magistrados viajan a cubrir otros tribunales: “Son 270 víctimas en un juicio con más de 1400 testigos”, completó Agustín Chit, de esa Fiscalía, dimensionando el problema apuntado.
En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Auat reconoció que la “Comisión Interpoderes” creada por la acordada n° 42/08 CSJN específicamente “para delitos de lesa humanidad” y con la “función (de efectuar) el relevamiento de las causas en trámite…”, “prácticamente desapareció”, pero el Fiscal llamó no obstante a los organismos y querellantes presentes en la “Mesa de Diálogo” a confiar en la palabra empeñada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien afirmó que “no hay vuelta atrás con los juicios”, ya que se trata de “una política de estado, (que) está dentro del contrato social de la argentina”.
Tras el relato kirchnerista…
Lo cierto es que este giro del PRO en materia de derechos humanos se vio facilitado por el carácter superficial y gatopardista de la política del kirchnerismo, que le alcanzó para barnizarse de un cierto progresismo pero no para producir cambios profundos ni duraderos en la situación material de fondo, allí donde el relato no se oye o se hace trizas...
Ni el gobierno de Néstor Kirchner ni el de Cristina Fernández tuvieron la finalidad de dar una lucha seria y consecuente por la Memoria, la Verdad y la Justicia sino la de recomponer la autoridad del Estado maltrecha luego de la crisis orgánica de diciembre del 2001, como así también la de relegitimar a las Fuerzas Armadas como resorte estratégico del poder burgués mediante actos simbólicos como bajar el cuadro del genocida Videla o el pedido de “perdón” efectuado por Néstor Kirchner en nombre del Estado.
En ese marco, la política de impulso judicial a los juicios por crímenes de Lesa Humanidad estuvo determinada por ciertos límites infranqueables como ser la no apertura de los archivos, el fraccionamiento de las causas, el mantenimiento de un aparato judicial, policial y de servicios que fue parte de la dictadura, y principalmente, por el hecho de provenir de un gobierno que representó los intereses de la misma clase en cuyo interés y beneficio se produjo el golpe de estado, que terminó abrazando al General Milani, lo cual explica la persistencia de la impunidad expresada en las pocas condenas efectivas a militares y ninguna a los responsables civiles (siendo que la única condena -ya mencionada- fue dictada una vez culminado el gobierno de Cristina Fernández).
La designación del mencionado Milani al frente de Ejército, el Proyecto X, la desaparición de Jorge Julio López, la persistencia de la impunidad en el caso de la Amia, los infiltrados como Américo Balbuena o Galeano, la alta proporción de agentes que prestaron servicios en la dictadura y que siguen prestando “servicios” en las fuerzas policiales y armadas, los 5.000 procesados por luchar, las represiones a los obreros de Lear, Carlos Fuentealba, la falta de libertad sindical en los lugares de trabajo, la discriminación patronal sistemática contra los trabajadores, la persistencia e incremento de los casos de gatillo fácil, el hambre y la indigencia extendidas a lo largo y ancho del país, conforman el real rostro de la política de derechos humanos.
Este es el terreno dejado por el anterior gobierno; el lugar desde donde se opera el giro a la derecha que está realizando el nuevo gobierno de Cambiemos en materia de derechos humanos.
Así por ejemplo, el incremento en el otorgamiento de prisiones domiciliarias a los genocidas ocurre sobre la base del 41 % que ya cumplía con dicha modalidad de condena al mes de diciembre de 2015 (a los que debe sumarse un el 9 % que lo hacía en fuerzas de seguridad o en centros de salud) [2].
Esta clara muestra de impunidad no es motivo de preocupación del Fiscal Jorge Auat, Titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, quien sostiene que “nosotros no estamos en contra (de la prisión domiciliaria), no hay una posición tomada definitiva”, y solo propone un mayor control de las domiciliarias para que no “sean vistas” como actos de impunidad. Tal vez por ello su número se incrementó en un 1 % (reduciéndose en igual proporción la cantidad de genocidas alojados en unidades penitenciarias) entre marzo y diciembre del mismo año 2015.
Los límites del proceso político apuntado se expresan asimismo en la cantidad de condenados por delitos de lesa humanidad: entre 2006 y diciembre de 2015 hubo un total de 660 condenados (de los cuales 60 se encuentran fallecidos -entre ellos el genocida Jorge Rafael Videla- y uno prófugo).
Si tenemos en cuenta que sólo en el año 1976 llegaron a existir 610 Centros Clandestinos de Detención (CCD), debemos concluir que hay exactamente un condenado por cada CCD, lo que equivale a afirmar que las tareas de inteligencia, el secuestro, la tortura, la provisión de picanas, la desaparición de personas, el asesinato, el robo y la apropiación de bebes, el latrocinio de los bienes de los desaparecidos y de los fondos del estado, la santificación de lo actuado, etc., fueron obra de un solo individuo que actuaba aislado en cada Centro y no parte de un plan de exterminio sistemático que movilizó a todo el aparato de Estado que adoptó la forma de gobierno dictatorial para detener mediante el exterminio físico y el terror el ascenso obrero y el ciclo de luchas de clases abierto con el Cordobazo y reconfigurar así un nuevo orden económico, político y social.
Nuestra política
El CeProDH reivindica todas y cada una de las condenas obtenidas y cada uno de los hijos o nietos recuperados como una conquista de la lucha histórica de las Madres, los hijos, los nietos, los organismos de derechos humanos y el pueblo trabajador; como producto de la lucha de clases y del reconocimiento por parte del Estado y la burguesía de una nueva relación de fuerzas conquistada por la clase obrera -recompuesta objetiva y subjetivamente- luego de la crisis de 2001.
Bajo ningún punto de vista los avances logrados se entienden como producto de la acción de tal o cual gobierno burgués o como una concesión graciosamente otorgada “desde arriba”, desde ningún sillón presidencial ni dependencia del Estado, sino que por el contrario ocurrieron a pesar del gobierno y de su política de Estado, por la lucha persistente, tenaz y sistemática de los organismos y la clase obrera (“por abajo”).
Es necesario de forma imperiosa fortalecer a los luchadores para desarrollar la pelea, la resistencia por Memoria Verdad y Justicia expresada de alguna manera en el histórico “madre de la Plaza, el pueblo las abraza” con total independencia del Estado -ya sea que gobiernen los Kirchner o los Macri-, la ligazón inexorable entre la lucha contra la impunidad de ayer y la de hoy, la unidad entre la lucha democrática y la lucha de los trabajadores, la superación del callejón sin salida del puro legalismo dentro de los marcos del proceso de la corporación judicial, mediante la más amplia movilización en las calles, tal como se expresó en la histórica marcha del 24 de Marzo pasado en las columnas del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Sólo así podemos dar una lucha consecuente, de resistencia, por las libertades civiles y democráticas, por la Memoria la Verdad y la Justicia.
Notas
[1] http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/Ver-Informe.pdf
[2] La posición del Fiscal Jorge Auat es la siguiente: “en el caso de la prisión domiciliaria es un producto del propio imperio de la ley, es un derecho que está consagrado, y nosotros no estamos en contra, no hay una posición tomada definitiva, lo que necesitamos es que haya un control, que la prisión domiciliaria no se entienda y no se vea como impunidad, como libertad, sino la misma prisión convertida en domiciliaria por las razones que la ley específicamente determina. Si hay que conceder la prisión domiciliaria por los supuestos que la ley marca, tiene que haber una agencia que se encargue del control del cumplimiento efectivo de la prisión domiciliaria…”. (Entrevista radial programa “Nube Sonora” del 26/04/16).
