FINANZAS PÚBLICAS. Jujuy: ¿Las cuentas fiscales están en rojo?

“No estamos en condiciones de pagar ese bono” afirmó el gobernador Gerardo Morales a un medio nacional cuando se refirió al aumento por decreto que ordenó Alberto Fernández para los empleados del Estado nacional.

Permanentemente las autoridades provinciales muestran una situación fiscal más que delicada, siendo que la misma tiene raíces estructurales. Una muy escasa recaudación local (basada en los beneficios impositivos a las grandes empresas y terratenientes) y un gasto público que se compone de bajos salarios, empleo precario y un funcionamiento del sistema de salud, educación y vivienda pública más que deficiente. El sostenimiento de estas actividades se da mayoritariamente con fondos y endeudamiento permanente con el Tesoro nacional.

Todo se vuelve más complejo, considerando la voluntad de pago del gobierno hacia los especuladores de la deuda y el FMI, lo cual tiene al Estado nacional sin presupuesto aún para este año a la espera de cerrar un acuerdo de pago de la deuda, idealmente antes del 31 de marzo. Sin dudas la suerte de las provincias dependerá en gran medida de este resultado, puesto que el nivel de ajuste fiscal orientará las posibilidades de un acuerdo con los buitres de la deuda y el propio FMI.

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Los números

Sin desconocer esta realidad y la constante dependencia financiera del Estado provincial, una forma de acceder al situación fiscal la brinda el “esquema de ahorro – inversión y financiamiento consolidado de la administración pública no financiera”, una suerte de contabilidad donde se muestra los gastos e ingresos del Estado provincial. Allí se exhibe un resultado financiero positivo por $ 2.576 millones al tercer trimestre de 2019 (último dato disponible) según el sitio web del ministerio de Hacienda de la Provincia en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.917.

Si descomponemos este resultado, encontramos que en los ingresos corrientes del fisco supera a los gastos corrientes, en $ 5.971 millones (resultado económico). O sea, la actividad de funcionamiento del Estado en el pago de salarios a los trabajadores ($ 22.719 millones), el pago a proveedores (bienes de consumo y servicios), las transferencias a los colegios privados ($ 52 millones), entre otras, y el pago de intereses de la deuda ($ 2.137 millones), fueron inferiores a los ingresos por la recaudación provincial ($ 4.591) y los fondos de origen nacional ($ 30.684 millones).

De conjunto, el Estado provincial hasta septiembre del año pasado obtuvo un resultado positivo en sus cuentas públicas, en un contexto donde los claros perdedores han sido los mismos empleados públicos que cerraron finalmente el año con un aumento salarial del 34,8 % en promedio; mientras la inflación fue de 49,9% (Dipec).

Resta que se publique el informe del último trimestre del año 2019 del esquema de ahorro, inversión y financiamiento del Estado, donde tal vez, se exponga finalmente un resultado financiero negativo como estimaba el Presupuesto 2019 ($ -4.427 millones) reproduciendo el déficit estructural que arrastra el fisco.

Fondos y endeudamiento

En el mismo informe de ahorro, inversión y financiamiento se publica un fuerte incremento en el endeudamiento del Estado por un total de $ 11.330 millones provenientes de “obtención de préstamos” ($ 5.515 millones) y por el “incremento de otros pasivos” ($ 5.815 millones).

Si bien esta nueva deuda genera presión sobre el stock total de deuda que alcanza los $ 48.092 millones (Anexo II, Art. 7 de la Ley de Responsabilidad Fiscal), como analizamos en este medio, el principal problema de la deuda pública de Jujuy están en la concentración de vencimientos en 2022 (Bono Verde Cauchari y Eximbank de China –deuda en dólares- y el reperfilamiento de deuda en pesos con la Nación).

Mientras tanto, en el corto plazo, este ingreso de fondos como el resultado financiero positivo al tercer trimestre de 2019 y el congelamiento de las rebajas impositivas que según Morales le darían al fisco ingresos extras por $ 1.000 millones este año, muestran un panorama de cierta liquidez que no se condice en gran medida con el atraso del pago a proveedores del Estado y, en especial, con la negativa del Gobernador y el ministro de Hacienda de otorgar una recomposición salarial a los trabajadores por lo perdido frente a la inflación en 2019.

Otras prioridades

El miserable aumento de 4.000 pesos a cobrar en marzo y abril (3.000 y 1000 pesos respectivamente) a cuenta de futuros aumentos otorgado por el Gobierno nacional a los empleados públicos de la administración central, representaría tan solo 372 millones de pesos para los estatales de toda la provincia.

Por el contrario, el gobernador Morales afirmó que prepara reuniones paritarias para el mes de febrero donde como ha sucedido en los años anteriores se otorgan aumentos parciales que dejan año tras año a los trabajadores perdiendo frente a la inflación, un resultado, que los gremios terminan aceptando.

Salir de este esquema de poner a los trabajadores en modo perdedor cada año es una responsabilidad de las direcciones sindicales y sociales que deben poner por delante la defensa del salario uniendo a través de asambleas al conjunto de los empleados públicos, las maestras, docentes y municipales de la provincia junto a los precarizados y desocupados para defender el salario frente a la inflación peleando por incorporar una cláusula gatillo; pero también el aumento de los planes sociales y la creación de empleo genuino con un aumento de los presupuestos de salud, educación y obra pública en base a impuestos progresivos a los dueños de la provincia como también del no pago de la deuda a los especuladores financieros.