El lunes 31, familiares de Dafne junto a organizaciones feministas, políticas y sociales se movilizaron al grito de Ni Una Menos y exigieron justicia. La respuesta fue una causa contravencional.
Viernes 4 de febrero de 2022 21:45
Tras 7 años de la implementación del Código Contravencional, votado por el PJ y UCR en la Legislatura jujeña en diciembre del 2014, este fue la principal herramienta del gobierno para implementar su visión de “Jujuy en paz” que le ha servido para reprimir y perseguir la lucha en las calles, incluso cuando desde el dolor y bronca se marcha por Ni Una Menos.
Toda manifestación popular contraria al régimen, que denote la política pública y las no acciones deliberadas del Estado, como la falta de presupuesto en la Ley Iara o la denuncia de irregularidades en el proceder de las autoridades, fue motivo suficiente para intimar con una causa contravencional a familiares de victimas de femicidios y organizaciones feministas por la marcha de pedido de justicia ante el 1º femicidio en la provincia, de Dafne M. Soto, joven humahuaqueña de 18 años.
La multa por “interrumpir el tráfico” puede ir desde días de trabajo comunitario, arresto de hasta 15 días o $600,000 . Esta herramienta ha sido implementada por el gobierno desde 2016, persiguiendo a organizaciones sociales, sindicales o políticas.
Y aunque el régimen bipartidista (PJ-UCR) parece desconocer que el país se encuentre en emergencia nacional por la violencia de género, analizado desde el observatorio "Ahora que sí nos ven" que informó que entre el 1º y el 31 de enero de 2022, se registraron 28 femicidios en Argentina, es decir, uno cada 27 horas. El informe, también, comunicó para el mismo período 22 intentos de femicidios. La provincia no escapa de esa realidad y, además está, incluso, con la Ley Iara, que no tiene medidas concretas contra la violencia machista, sin presupuesto.
La comisión de Igualdad de Oportunidades con perspectiva de género, presidida en el 2020 por Leila Chaher no funcionó durante 2021 por decisión de integrantes de Cambia Jujuy y el Frente de Todos. Y se continúa con la política del Estado en destinar, la miseria de menos $2 por mujer al día. Esto forma parte de la responsabilidad, que le cabe a las políticas consensuadas por el bipartidismo en la legislatura provincial.
El propio gobierno nacional, informó que entre enero y junio de 2021 se recibieron más de 50 mil llamadas a la Línea 144. Sin embargo, hasta hoy, en todo el país solamente hay 1.892 plazas para aquellas mujeres que necesitan salir de sus casas y Jujuy cuenta con 3 refugios para las víctimas, en la ciudad capital ninguno, en Palpalá tampoco.
Aún cuando el gobierno provincial trate de enmascarar con una contravención, el temor que le genera la fuerza que tienen las mujeres en las calles; este ataque debe ser repudiado en las calles y encontrarnos organizadas. No olvidemos que en el 2020 en plena pandemia, tras la ola de femicidios, se colmaron las calles de la provincia con miles de mujeres. Lo que nos demuestra que las mujeres autoorganizadas no pueden dejar las calles y mucho menos cuando se dan estos ataques al derecho a la protesta y por exigir justicia; ante el derecho más elemental de poder vivir.
