En un comunicado el monopolio azucarero acusa a la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma-SOEAIL- de instigar a sus afiliados a "cometer sabotajes, aprietes, destrucción y quema de vehículos"
Miguel López Diputado provincial PTS-FITU Libertador Gral. San Martín-Ledesma
Jueves 14 de septiembre de 2017 09:18
En realidad la directiva sindical ha convocado a una asamblea en la que los obreros van a resolver si van o no a la huelga. A ojos vista, la criminalizacion de la protesta y la construcción del enemigo, política propia del macrismo, esta al orden del día en la Jujuy del régimen policíaco de Morales-Haquim y en la dictadura patronal que rige en el complejo agro industrial de los Blaquier.
La realidad es que en el día de hoy, en horas de la tarde noche, en el local del SOEAIL, los obreros de Ledesma van a deliberar y resolver en asamblea la ratificación o no de la huelga llamada para el jueves 14 de septiembre.
La medida de fuerza tiene como principal exigencia una actualización salarial que lleve a la categoría 1 a percibir: 21.900 de tira final y 15.455 de básico, es decir, un acuerdo paritario similar al que firmaron el sindicato (SOEASI) y la empresa (grupo Gloria) en el Ingenio San Isidro(Campo Santo/Salta).
La empresa, fiel a su tradición, criminaliza el derecho a huelga, y estigmatiza a los obreros que ejercen el derecho a huelga y a su sindicato, al tildar los métodos de lucha del SOEAIL como "métodos delictivos".
La patronal de los Blaquier pega un salto en su ya característica judicialización de la protesta, porque en este comunicado plantea "Ledesma SAAI rechaza enfáticamente los métodos que se pretenden utilizar para parar los trapiches. Ya hemos formulado las correspondientes denuncias penales ante los organismos del estado a fin de garantizar la integridad de los trabajadores y de sus bienes". Antes "la empresa centenaria" les habría causas a dirigentes sindicales, delegados, activistas y periodistas luego de iniciadas la medida de fuerza de los trabajadores azucareros, ahora denuncia ante el poder judicial al sindicato azucarero sin que previamente se haga efectiva la huelga y las medidas de acción directa que resuelva la asamblea llevar acabo los días de paro.
Ademas al denunciar al SOEAIL por "parar los trapiches", la patronal esta vulnerando el derecho a huelga de los trabajadores azucareros. Ya que un paro en la actividad azucarera inevitablemente, para ser contundente, tiene que contar con la paralización de la molienda de caña de azúcar, proceso de producción que puntualmente lleva acabo la sección trapiche.
Por último llama la atención como la administración y el directorio de Ledesma SAAI, que cuenta con su miembro honorario y vitalicio denunciado por responsabilidad civil en los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en la última dictadura cívico-militar, declara tan campante que "esta denuncia se suma a la causas penales de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 iniciadas por Ledesma contra integrantes de la comisión directiva del SOEAIL, entre otros, con motivos de los métodos delictivos utilizados por ellos en las medidas de fuerzas".
Si esta patronal puede hacer estas declaraciones y accionar de este modo ante la Justicia, abriéndole causa a dirigentes sindicales, es porque tanto el régimen político de castas (UCR/FR/PJ) como el poder judicial adicto al gobierno de turno le ha garantizado impunidad al empresario genocida Carlos Pedro Blaquier (evitando que se lo juzgue en la provincia primero, permitiendo que en el año 2015 se le declare la falta de merito y actualmente posponiendo todos los juicios con causas en su contra), y porque el Gobierno de Morales-Haquim también se dedica a judicializar y criminalizar a todos los que ejercen el derecho elemental a la protesta social.
Una patronal que no quiere ceder
El hecho de que el grupo Gloria del Ingenio San Isidro, que produce 58.057 toneladas de azúcar, y los Jorge del Ingenio Rio Grande, que produce 74.918 toneladas de azúcar, otorgaran, luego de que los obreros realizaran huelgas simultaneas, un aumento salarial del 31%, deja en claro que la negación terminante de Ledesma SAAI, que produce 357.133 toneladas de azúcar, a conceder un aumento salarial cercano al costo de la canasta familiar se debe a motivos estrictamente políticos.
El monopolio azucarero, líder de la Centro Azucarero Regional del Norte Argentino-CARNA-, no quiere dar el brazo a torcer ante el movimiento obrero azucarero, pese a que empresarios miembros de su misma entidad patronal ya aflojaron y otorgaron un aumento salarial cercano al que reclamaban los sindicatos integrantes de la Federación Azucarera Regional-FAR-.
El Ministerio de Trabajo comparte los lineamientos de Blaquier, ya que como dijo Macri el tope de los aumentos salariales para este año iba a rondar entre el 22% y el 27%, y -sin que medie una lucha en la que la patronal y el estado vuelva a medir fuerzas con la clase obrera- no se van a permitir tolerar que en el ingenio más importante del país se rompa el techo salarial, al igual que ocurrió en San Isidro y Rio Grande.
Los obreros pueden torcerle el brazo a los Blaquier
Los trabajadores del azúcar saben que pueden torcerle el brazo a la patronal y a su Gobierno, así lo hicieron con la huelga de 8 días de julio del 2016 en Ledesma, del mismo modo lo hicieron los obreros del ingenio La Esperanza que con una huelga de 11 días pudieron hacer retroceder momentáneamente los despidos y garantizar la afectación a zafra de todos.
Pero los azucareros también saben que estas luchas triunfaron porque las familias y la comunidad de los pueblos ingenios se volcó a apoyar masivamente el paro, las movilizaciones, la olla popular y los piquetes.
Así las cosas, tomando las enseñanzas de las ultimas luchas azucareras, para imponerle la voluntad de los trabajadores a la patronal y al Gobierno, estos tendrán que movilizar junto a ellos a la familia azucarera y la comunidad, para construir una solida masa que conquiste un aumento salarial acorde al costo de la canasta familiar, por las condiciones laborales (categorización y efectivización en el campo), por el cese de la persecución gremial, terminar con las amenazas y aprietes de médicos, contadores, jefes y supervisores de la fabrica y el campo, y hacer caer las causas por judicialización de la protesta que abrió la patronal contra dirigentes sindicales, delegados, activistas obreros y periodistas.
