Jujuy: Legislatura rechazó proyecto de reintegro de los días de huelga

En la 24ta Sesión Ordinaria de la Legislatura Provincial el oficialismo rechazó el Proyecto de Ley presentado por el PJ y el FUyO para que el Ejecutivo abone los días de huelga descontados a estatales por el paro de 48 horas de agosto pasado. “Es para disciplinar a los sindicatos”, justificó el jefe de bloque de la UCR, Alberto Bernis, en un discurso antiobrero.

Una medida arbitraria y prepotente, que ratifica la decisión del Gobierno radical-massista de consolidar un Estado policial, convalidando el descuento de los días de paro que los agentes de la administración provincial y municipal llevaron adelante los días 2 y 3 de agosto pasado.

Alberto Bernis, un viejo militante radical, que lleva años desempeñándose como legislador provincial, hizo gala en su discurso de la tradición antiobrera del centenario partido. Aseguró que los dirigentes gremiales y trabajadores estatales sabían que el Gobierno provincial descontaría los días no trabajados por la realización de lo que él definió como un “paro político”.

El jefe de bloque de la UCR señaló en su alocución que "este Gobierno provincial es respetuoso del derecho de huelga consagrado en la Constitución Nacional y provincial, permitiendo libremente la expresión respetuosa y ordenada de cualquier tipo de demanda o exigencia laboral. Sin embargo, respetar el derecho de realizar una medida de fuerza no implica tener que pagar esos días no trabajados”.

Agregó que “ésta fue la postura manifestada por el gobernador Gerardo Morales y que todos los trabajadores estatales, y especialmente sus dirigentes sindicales, sabían que el nuevo Gobierno descontaría los días no trabajados por la realización de una huelga”.

Una vez más, el poder político de la provincia, asume roles que no le son propios, se transforma en juez y parte de este conflicto, asumiendo que la huelga es ilegal y avanzando sobre un derecho consagrado en la Constitución para luego ordenar un descuento arbitrario de los haberes a los trabajadores que se adhirieron a la medida.

Lo sorprendente de sus esperadas manifestaciones fue la frase que quedó resonando en la conciencia de todos los trabajadores, pertenecientes a una clase que dió batallas interminables y hasta derramó sangre para conquistar los derechos que ahora goza. “Esta medida es para disciplinar a los sindicatos”, aseguró con aires de patrón de hacienda.

Dicha frase hace honor a la tradición del centenario partido. Una tradición manchada con sangre obrera. Ya desde sus orígenes, el radicalismo “disciplinaba” a los que protestaban. La fuerza disciplinadora de Don Hipólito Yrigoyen mandó a callar una incipiente sindicalización de obreros patagónicos que reclamaban por mejores condiciones laborales y mejores salarios. Acción que está plasmada en la brillante obra de Osvaldo Bayer, “Los Vengadores de la Patagonia trágica”.

“Paro político”

El titular de la bancada radical aseguró que los descuentos se producen luego de que una parte de los dirigentes sindicales decidieran llevar a cabo un paro por 48 horas que no tenía justificación alguna, ya que el actual Gobierno provincial había otorgado un aumento acumulado del 33%, cuando Nación efectivizó una suba salarial del 31%. Al respecto expresó que "durante años, los empleados estatales de Jujuy percibieron aumentos similares a los que otorgaba el Gobierno Nacional siendo esto aceptado por los gremios locales, sin embargo ahora que la nueva administración les ofrece un dos por ciento (2%) más que la Nación, inician un paro de 48 horas sin justificación razonable y atendible”. "Hicieron un paro político” sentenció.

Lo que desconoce el diputado, o lo omite intencionadamente, es que el porcentaje de recomposición salarial que otorgó el ejecutivo, de una manera unilateral, es de aproximadamente 28% ya que en un primer tramo se otorgó un 22% aplicado al sueldo del mes de enero. Luego, el porcentaje restante, otorgado también de una manera inconsulta y unilateral, no se aplicó sobre el total del salario al mes de agosto, sino sobre lo pagado en enero. Realizando el cálculo final da como resultado una magra recomposición del 28%.

A las claras, una trapisonda administrativa por la que se intenta ocultar el verdadero porcentaje de la recomposición que a todas luces no cubre para nada la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales ya que se estima una inflación anual que rondaría el 45%, más aún cuando los salarios provinciales están muy por detrás de la media nacional.

A su vez, remarcó que previo a la efectivización de la huelga, desde el Gobierno Provincial se advirtió que los días de paro iban a ser descontados, "no solo el Poder Ejecutivo hizo lo que correspondía, sino que comunicó de manera anticipada lo que iba a suceder, por lo que los descuentos no debieran sorprender a nadie”, aseguró el diputado que percibe una dieta que supera los 100 mil pesos.

Lamentablemente, los que se ven sorprendidos por esta actitud autoritaria son los trabajadores, los que no gozan de los privilegios que goza el diputado Bernis y el conjunto de la casta gobernante. Los sorprendidos son los mismos que ven cómo los funcionarios se aumentan las dietas sin necesidad de sentarse a una mesa paritaria y con porcentajes que duplican a los otorgados al resto.

Para finalizar ratificó una supuesta voluntad de diálogo de la gestión que encabeza Gerardo Morales, sin tener en cuenta que innumerables fueron las veces en que los distintos sindicatos y agrupaciones cursaron notas solicitando retomar las negociaciones o las distintas oportunidades que se levantaban las reuniones por la inasistencia de los funcionarios que tienen poder de decisión en este tema. También comentó que “resulta necesario mostrarle a la sociedad que nada es como antes, el cambio prometido está en marcha y que el gobierno provincial tomó la decisión de respetar el derecho a huelga, pero no pagar los días no trabajados, más aún cuando las medidas de fuerza surgen de la irracionalidad”.

Es evidente que el "cambio" está en marcha y vino de la mano de la instauración de un Estado policíaco que no respeta las más mínimas garantías constitucionales, criminalizando toda protesta que cuestione los privilegios de la casta gobernante que no dudó en autoaumentarse sus dietas de miles de pesos en más de un 40% y cuando el propio gobernador cobra 198.000 pesos por mes.