Se trata del Contador General de la Provincia, Salvador Meyer, que a la vez es socio de SICOM, una financiera usurera que llega a liquidar sueldos a estatales con cero pesos. Incompatibilidad de cargo y negocios desde el estado.
Miércoles 20 de mayo de 2020 08:59
El abogado Gustavo García miembro del Foro local presentó una denuncia en asuntos institucionales de la Legislatura de Jujuy contra Salvador Meyer, quien fuera propuesto por el gobierno provincial para ser el Contador General de la Provincia de Jujuy por otro período, ya que el mismo estaría incumpliendo con las condiciones para el cargo según la Ley de Ética Publica Nº 5153 (en su artículo N°1, 2 y 3) al ser socio de la financiera SICOM S.A. y aprovechar su cargo para beneficiar a esta empresa de la que él es parte.
La firma SICOM S.A. realiza préstamos con elevadas tasas a trabajadores estatales a través de mutuales, asociaciones y gremios. Existen casos donde trabajadores llegan a cobrar cero pesos debido a los descuentos establecidos por Meyer según describió el abogado en su denuncia.
Recordemos que la proporción para todo embargo judicial es del diez por ciento (10%) sobre lo que exceda del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) –hoy de 16.875 pesos- y, en tanto no supere el doble del SMVyM, sino será del veinte por ciento (20%); en caso contrario tal como lo disponen los artículos N° 147 y 120 de la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto Nacional 484/87.
Negocios desde el Estado
Si bien la denuncia de García fue hecha en estos días, Meyer asumió su cargo en el primer gobierno de Gerardo Morales, en diciembre de 2015. Antes era contador de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dirigida por Raúl Jorge y parte de una familia que realiza negocios vinculados al Estado, tal como los realiza su hermano dueño de la empresa Hormigonera Jujuy S.R.L. que se benéfica con distintas contrataciones con el Estado.
Como parte de sus funciones, el contador de la provincia es quien autoriza los descuentos para los salarios de los trabajadores estatales. Sin embargo, Salvador Meyer aprovecha este poder para beneficiar a sus negocios en SICOM S.A. de la cual posee un 33% de las acciones junto a Raúl y Jorge Zarif. Por otro lado, este funcionario cuenta con otras empresas que suelen hacer contrataciones con el estado; ejemplo de eso es Hoja de Roble SRL o Global SRL una consultora para empresarios.
La ventajita del Contador Meyer
Las retenciones a los salarios de los trabajadores endeudados con SICOM S.A que practica este funcionario se realizan mediante un código que habilita el descuento otorgado por el Ministerio de Hacienda a Sindicatos, Mutuales y Asociaciones.
En este sentido, SICOM S.A creó la Asociación Civil Personal No Docente (ACIPEND) que es una estructura jurídica que le sirve a los fines que el Estado provincial la incorpore como una entidad ante la cual se puedan llevar adelante los descuentos por “planilla” en los créditos contraídos por los trabajadores con la misma SICOM S.A. La ligazón entre ambas es clara a la vista, ya que la Comisión Directiva de esta asociación está conformada por los socios de la firma SICOM SA.
En contaduría, se concluye la liquidación final de la remuneración de todos los empleados públicos y cuya carga final se hace en el departamento de cómputos, que depende directamente del Contador General.
Concluida la liquidación se remite la novedad a tesorería, que tiene la tarea de transferir las retenciones ordenadas por el Contador General a los beneficiarios de estos, sindicatos, mutuales, asociaciones mediante una transferencia electrónica a las cuentas bancarias de estas. Efectuadas estas retenciones, recién se ordena las transferencias del remanente de los fondos a las cuentas de sueldo de cada uno de los empleados estatales.
Cuando Salvador Meyer practica las retenciones sobre las remuneraciones a favor de ACIPEND, que a su vez se transfiere dichos fondos a SICOM S.A. como acreedor, se hace una operación en la cual Meyer se cubre frente a todo riesgo de impago, o sea, se garantiza el cobro de las deudas de los empleados públicos con la empresa de la cual es socio.
Una práctica común
El uso de los cargos del Estado para beneficiar a empresas particulares de funcionarios, lejos de ser una excepción, termina siendo la norma. Así es como se llevan adelante las distintas licitaciones que terminan en manos de los políticos empresariales de turno.
Es conocido el caso de la empresa de recolección y barrido privada, LIMSA, cuyo dueño es Rubén Rivarola. Este empresario, presidente del bloque del PJ en la legislatura provincial fue clave para la votación de proyectos esenciales para el Gobernador Morales, a cambio la bancada radical en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, votaba por continuar la licitación de la citada empresa del diputado peronista.
Así también se disponen los subsidios para las empresas del transporte o el fondo especial del tabaco, cuyos beneficiarios son representantes políticos de primer orden tanto del PJ como de la UCR; y cuyos familiares o ellos mismos son miembros de la Cámara de Tabaco de la provincia.
Este tipo de “tradición” no es algo circunstancial o responsabilidad de algunos funcionarios corruptos, más bien, es característico de un Estado y un régimen que administra los negocios comunes de los grandes empresarios y que en momentos de crisis como como el actual garantizan que las ganancias propias y de amigos no se toquen; mientras descargan en las espaldas de los trabajadores los costes de la crisis mediante despidos, rebajas salariales, entre muchos otros ataques.
