La provincia gobernada por Cambiemos, junto con Tierra del Fuego, es la avanzada de la criminalización de la protesta contra el ajuste.
Myriam Bregman @myriambregman
Lunes 23 de mayo de 2016 07:54
Como parte del triunfo de Cambiemos, en diciembre asumió el gobierno jujeño una fórmula conformada por Gerardo Morales de la UCR y Carlos Haquim del Frente Renovador de Sergio Massa.
Sin demoras, se procuraron una justicia sumamente adicta: ampliaron de cinco a nueve los miembros del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia para tener una mayoría automática. Sus nuevos integrantes son Pablo Baca (diputado UCR), Beatriz Altamirano (diputada UCR), Federico Otaola (ex diputado UCR), Laura Lamas que también responde a Gerardo Morales y Clara Langhe de Falcone, también ex diputada de la UCR que ahora preside el Supremo Tribunal.
Convertida en un apéndice, la justicia comenzó actuar.
Mariano Miranda, ex apoderado de la UCR, ahora devenido en fiscal de Estado emprendió la cacería contra la líder opositora Milagro Sala, diputada por el Parlasur que realizaba un acampe por haber caído en desgracia su movimiento al terminar el gobierno kirchnerista. Al revés de lo que se promociona y difunde, no fue detenida por ninguna acusación relacionada con hechos de corrupción sino por participar de una protesta, bajo la acusación de “tumulto”.
El hecho dividió aguas. Nuestro partido a pesar de tener enorme diferencias públicas con esa organización y sus dirigentes, se manifestó por su libertad entendiendo que sentaba un precedente muy peligroso de criminalización de la protesta social. Días después, y por manifestarse en este mismo sentido, fue despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar Natalia Morales, delegada de los trabajadores de esa dependencia y una de las principales referentes del Frente de Izquierda en la provincia.
Pero no se detendrían allí. La justicia también decidió impulsar el juicio oral contra Julio Mamani y sus compañeros del Sindicato de Aceros Zapla: el fiscal del caso pidió que se eleve la causa por “compulsión a la huelga”, delito netamente político.
También el gobernador Morales decidió avanzar sobre el Ingenio la Esperanza y proyecta realizar unos 800 despidos. Para eso comenzó con las suspensiones de 17 referentes, entre ellos Silvio “Choper” Egüez, miembro de la Comisión Directiva del sindicato, militante de mi partido.
Las primeras estadísticas indican que ATE es el gremio más atacado con más de 2.000 despidos.
Mientras tanto, se impuso un nuevo Código Contravencional y en los barrios populares la policía ha ganado más poder, habilita a sistemáticas racias, allanamientos y detenciones de jóvenes que sufren los peores empleos y condiciones de vida paupérrimas.
A su vez, los trabajadores de cooperativas a los que Morales les prometió “liberarlos del yugo de Milagro Sala”, están sin trabajo porque esta frenada la obra pública.
En Jujuy la derecha no descansa y ahora detuvo a tres integrantes de la directiva del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) liderado por Carlos "Perro" Santillán, pese a que este festejó la detención de Milagro Sala y antes expulsó de su sindicato al principal referente de la tercera fuerza política de la provincia, Alejandro Vilca del Frente de Izquierda. El domingo 15 de mayo fueron detenidos Adrián Mirkin y Santiago Saillant, y al coordinador de prensa Álvaro Sandoval por participar de un reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo de los empleados municipales que terminó en un enfrentamiento con la policía provincial. El fiscal Gustavo Araya que dictó las órdenes de detención es el mismo que libró una de las tantas imputaciones contra Milagro Sala. Se les denegó la excarcelación; uno de ellos se encuentra en una situación muy delicada de salud.
No podemos permanecer en silencio ante este gobierno decidido a terminar con cualquier reclamo obrero o popular. Jujuy hoy es territorio de presos políticos usados como rehenes para extorsionar a todos los que están sufriendo un ajuste que todo indica que se acrecentará.
Creemos que hay que encender esta alerta y pronunciarse inmediatamente por la libertad de Milagro Sala, los dirigentes del SEOM, el cese de los despidos y la persecución en Aceros Zapla, contra los ataques a los obreros del Ingenio La Esperanza, por la derogación del Código Contravencional y el Protocolo Antipiquetes, y toda legislación reaccionaria que sea utilizada para judicializar la protesta de los trabajadores.
Es necesaria una gran campaña de denuncia en todo el país y la concreción de medidas de lucha para frenarle la mano a este gobierno de la UCR y el Frente Renovador que arremete duramente contra los sectores populares, pero es muy amable con los genocidas como Blaquier. Hablamos de una provincia que es un verdadero laboratorio que, junto a la Tierra del Fuego gobernada por la vicepresidenta del PJ Rosana Bertone, son la avanzada de la criminalización de la protesta contra el ajuste.
Myriam Bregman
Abogada en causas de lesa humanidad. Fundadora e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Diputada nacional (MC) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Intervino en numerosos juicios contra los genocidas de la última dictadura militar, como el de Etchecolatz, Von Wernich y la megacausa ESMA. Fue abogada de Jorge Julio López y una de las impulsoras de la lucha ante su desaparición. Impulsó, junto a trabajadores de Pepsico y Kraft-Mondelez, la denuncia por el espionaje ilegal de la Gendarmería, conocido como "Proyecto X".
