Los trabajadores denunciados por el gobernador, en su mayoría mujeres, se encuentran despedidos. Se los acusa de manipular los datos de pobreza.
Viernes 7 de julio de 2017 07:00
En el día de ayer el gobernador Gerardo Morales en una conferencia de prensa junto a la titular de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, Ana Juárez Orieta; y los ministros de Hacienda, Carlos Sadir; y de Seguridad, Ekel Meyer; ratificó las denuncias penales que el Poder Ejecutivo realizó sobre trabajadores de la Dipec que se encuentran despedidos desde el viernes 30 de junio.
Morales los acusó de haber manipulado los datos de pobreza en la provincia.
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Según el gobernador a partir de verificaciones de la DIPEC, se detectó la falsificación de información.
Todas las armas apuntaron sobre el coordinador de la Encuesta Permanente de Hogares que, a su vez, es delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Se trata de Horacio Cruz, quien trabaja desde 1993 y ahora según el gobierno, se habría detectado un manejo irregular de las estadísticas de su parte.
En consecuencia, según afirma el comunicado oficial publicado en la web del gobierno, “se adoptó la decisión de apartar a siete personas que se desempeñaban en la línea de procedimiento de la Encuesta Permanente de Hogares y se radicó la correspondiente demanda penal”.
En este comunicado también se afirma que “se detectó otras áreas que incurrieron en la falsificación y tergiversación de datos, en una clara violación a las disposiciones legales vigentes.”
Y en una nueva intimidación a la organización sindical, señala “ATE no puede defender esta situación”, Morales consideró y aseguró que las personas apartadas “no serán reincorporadas hasta tanto se complete la investigación judicial”.
El gobernador pidió a la Justicia que “vaya a fondo” con la investigación. Aunque en el comunicado oficial no se da cuenta exactamente en qué aspectos se abría manipulado la información.
El gobierno juez y parte
Antes que se realice la inspección por parte del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) que recopila y publica la información recolectada por la Dipec, el gobierno provincial ya despidió, acusó y condenó a los trabajadores.
Recordemos que durante el discurso de apertura de las sesiones legislativas en abril, Morales, acusó a los trabajadores de la Dipec de haberle dado un dato “dudoso” de pobreza del 24,6%, cuando en octubre de 2016 según este organismo dependiente del gobierno, la misma llegaba al 42%.
Para el gobernador la pobreza es un problema estadístico, y no el resultado de la política economía del gobierno de Macri que el año pasado aumentó el número de pobres en 1,5 millón de personas en todo el país, tal como informó la UCA, y provocó un salto de la desocupación al 9,2% en el primer trimestre del año.
Sus palabras en abril culpando a los trabajadores, fueron un mero anticipo de la causa penal lanzada contra ellos. Mientras tanto la titular de la Dipec, pese al cargo que ocupa, no tiene responsabilidad alguna en la supuesta alteración de la información; sino habría sido víctima de los trabadores.
El mismo Morales, aseveró al respecto, “Los sistemas de control fallaron, producto de la asociación de quienes tenían bajo su responsabilidad el ingreso, la supervisión, la consistencia y la codificación de datos”.
Con esta decisión el gobierno ratifica su línea de persecución a los trabajadores primero haciendo acusaciones públicas flojas de papeles, luego armando causas penales, despidiendo a los trabajadores y atacando a sus organizaciones sindicales.
Un modus operandi ya aplicado hacia otros sindicatos y sectores de trabajadores que ratifica el carácter policíaco del régimen instaurado en la provincia desde la asunción del gobierno de Morales-Haquim.
