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Red Internacional
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EDUCACION. Jujuy: gremios docentes convocan paro, sin un plan de lucha en serio

CDEMS y ADEP adhieren al paro nacional convocado por CTERA para el 23/5. Sin embargo, la medida no es parte de un plan de lucha nacional en serio cuando el Gobierno fijó la paritaria más baja del país con un 5% y la inflación hasta abril en el NOA es del 10,2%.

Miércoles 16 de mayo de 2018 15:04

Los dirigentes gremiales de los docentes jujeños anunciaron que van a sumarse a la convocatoria nacional de CTERA que anunció una segunda Marcha Federal Educativa. La misma comenzará el próximo 21/5 y partirá desde distintos puntos del país para culminar el miércoles 23 con un paro nacional y una concentración en Plaza de Mayo.

También en su comunicado los dirigentes de CTERA dijeron que “quisimos por todos los medios ‘dialogar’, buscar soluciones a estas problemáticas que atentan contra la educación de calidad, que perjudica a millones de alumnos y estudiantes y a docenas de miles de docentes de todo el país, pero desde el gobierno sólo obtuvimos oídos sordos y puertas cerradas.”

ADEP y CEDEMS en el paro nacional

Los dirigentes locales adhirieron a la convocatoria nacional de CTERA. En el caso de ADEP al ser parte de dicha confederación acataron las medidas tomadas, y se limitaron a repudiar el retraso de los salarios adeudados a docentes provisionales y reemplazantes, que ingresaron en el 2018 y que llegan a ser más de 400 maestras las perjudicadas. A su vez convocaron a asambleas zonales y se declararon en sesión permanente.

En el caso del CEDEMS, la directiva adhirió al paro nacional, en este caso convocan al gobierno a la inmediata paritaria docente nacional. Un reclamo correcto pero que no parte de señalar que fue el gobierno nacional el que quitó por decreto a principio de año la paritaria y no tuvo ninguna respuesta a la altura por parte de la CTERA. Además proponen la reapertura de la paritaria provincial que recordamos implicó un miserable 5%, una pauta que en las maestras con un cargo y 10 años de antigüedad representa 525 pesos. Y reclaman una nueva Ley de financiamiento educativo que asigne el 10% del PBI a educación.

Por un plan de lucha en serio

Este llamado a un nuevo paro aislado y sin un plan de lucha en serio no es la respuesta que se necesita para enfrentar todos los ataques que el gobierno de Gerardo Morales descarga sobre los docentes. Y en particular sobre un sistema educativo en crisis por las políticas de los gobiernos del PJ y ahora de la UCR-Cambiemos. ¿Cómo se puede pelear por elevar el presupuesto educativo al 10% del PBI, si los gremios no defienden siquiera a los docentes cada vez que el gobierno les descuenta los días de paro?

Esta falta de respuesta de las directivas ante el atropello del gobierno al derecho a huelga, junto con su ausencia plena frente a duros ataques como el cierre de 5 carreras en los IES el año pasado, el cierre de CEIJAs reciente, los despidos de 300 maestras del JIM-Cedems, el cierre del “Instituto Mallagray”, entre otros, le permiten al gobierno avanzar todo lo que quiere contra la educación pública. Pero también le dan vía libre al gobierno para que se burle de los docentes con un miserable 5%, mientras no paran los tarifazos, o imponiendo el mal llamado “premio” de presentismo.

Es necesario que las directivas convoquen asambleas y votar un plan de lucha a la altura de los ataques. En este sentido es que desde la agrupación docente 9 de abril convocamos a construir una oposición independiente de los partidos patronales para recuperar los gremios y unificar en un solo gremio a los docentes de todos los niveles y del ámbito público y privado. Necesitamos gremios democráticos e independientes del gobierno y de la oposición patronal para pelear contra el ajuste sobre la educación pública, que sin dudas van a intentar recrudecer a partir del acuerdo con el FMI que prepara el gobierno nacional con el aval de los gobernadores.

En este sentido, desde la agrupación 9 de abril convocan a debatir en las escuelas el no pago de la deuda externa y el rechazo al FMI, como también de los tarifazos y los negociados de las privatizadas. Afirman que los servicios fundamentales no pueden ser utilizados para el lucro privado, y que las empresas deberían ser estatizadas bajo control obrero y de usuarios como es el caso de Gasnor y Ejesa en la provincia, al igual que el transporte público de pasajeros.