Por resolución de los jueces José Manuel del Campo, Clara Langhe de Falcone y María Silvia Bernal, la dirigente social permanecerá un año más detenida sin condena firme. Una ratificación del rumbo represivo y antidemocratico del gobierno y su justicia.
Viernes 5 de enero de 2018 13:35
En horas de la mañana se conoció la noticia de que el Superior Tribunal de Justicia, dio lugar al pedido del fiscal Diego Cussel realizado en diciembre de 2017 de extender la prisión preventiva de Milagro Sala (que vencía en enero) con el argumento de que “La propia Corte [Suprema de la Nación] reconoce la existencia de un entramado organizacional a disposición de Sala, para el cumplimiento de sus designios, entre los cuales claramente se encuentra torcer las declaraciones de cargo, conclusión de testigos, que la involucran en los distintos ilícitos atribuidos a la imputada, y por los cuales fue requerida a juicio”. Contrariando así los múltiples pronunciamientos de organismos internacionales como la CIDH, la ONU, Human Rights que señalaron la arbitrariedad de la detención y abogaron por su prisión domiciliaria.
No puede extrañar el fallo de una Corte adicta al poder de Morales. Recordemos que apenas asumido, su gobierno impulsó la ampliación de los jueces de este órgano, nombrando como nuevos magistrados a dos diputados de la UCR que asumieron horas después de votar la escandalosa reforma.
Esta nueva arremetida contra las libertades democráticas se da junto al acostumbrado despliegue mediático de allanamientos y “excavaciones” a propiedades de Sala. No casualmente ocurre cuando el gobierno atraviesa una fuerte crisis política por el amplio repudio que generó la detención ilegal de 25 trabajadores del Ingenio La Esperanza que enfrentan 400 despidos, y luego de tomar estado público la imputación del ex Secretario de Salud, Pablo Perovic, por encubrimiento en el caso del joven Matías Puca, muerto tras ser atropellado por un auto en septiembre pasado. En dicho automóvil iban el hijo de Perovic acompañado por el hijo del Ministro de Seguridad, Ekel Meyer, por lo cual el cuestionamiento a la impunidad del régimen político se ha instalado fuertemente en la Provincia.
Entonces, con esta nueva puesta en escena de dudosa eficacia el gobierno y su justicia adicta buscan correr el eje de la “opinión pública”, y al mismo tiempo ratifican el accionar de su régimen policíaco en el marco más general de una avanzada represiva del gobierno nacional contra los trabajadores, los sectores populares y sus organizaciones y dirigentes, como se puedo ver en la furiosa campaña contra los “violentos”, y la izquierda en particular, que se movilizaron contra el robo a los jubilados, deteniendo a militantes del del Partido Obrero, abriendo causas penales contra los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño, junto a 9 diputados K, mientras ellos despiden y reprimen brutalmente a quiénes se oponen a sus planes antiobreros y antipopulares.
Pero los trabajadores y el pueblo tomaron nota de su capacidad de enfrentar y derrotar los planes de Macri y los gobernadores, por eso de norte a sur, desde La Esperanza a MAM, pasando por Azul, la resistencia obrera y popular se pone pie. Las maniobras distractivas del gobierno para desviar el descontento hacia la “herencia recibida” y a los “que se robaron todo” son gotas impotentes en el océano del descontento.
