Ayer miércoles Oriol Junqueras aseguraba en una entrevista a RAC1 que la fecha del referéndum se sabría en “un par de meses”. Puigdemont dio largas en la sesión de control del Parlament.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 5 de abril de 2017
Foto: EFE
El vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, anunció ayer miércoles que el referéndum por la independencia se convocará el próximo mes de junio. En los micrófonos de RAC1, Junqueras aseguró que más allá de las amenazas del ejecutivo de Rajoy y de las prohibiciones del Tribunal Constitucional (TC), el Govern seguirá adelante con su mayor tarea de la legislatura.
A lo largo de la entrevista, el también presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, ha tratado dos temas; la hoja de ruta que queda por delante para la celebración del referéndum, y la actitud del gobierno central frente a éste.
En referencia a la hoja de ruta, nada nuevo bajo el sol de los últimos 5 años, el Govern catalán buscará agotar “hasta el final” la vía pactada con el Estado español. Por ello, el vicepresidente catalán aseguraba que aún queda margen para que las entidades del Pacte Nacional pel Referèndum, que preside el exdirigente de los socialistas catalanes, Joan Ignasi Elena. “Necesitan tiempo, nos han pedido un par de meses y a partir de ahí nos pondremos la fecha”, ha señalado.
Si los condicionantes para la ejecución del referéndum no tienen fin, tampoco lo tienen los ataques desde los diferentes agentes del Régimen del 78. Respecto a los últimos acontecimientos (propuesta de rebaja presupuestaria del gobierno de Rajoy de 30 millones para Catalunya respecto al 2016 y la anulación del TC de la partida presupuestaria para el referéndum de los presupuestos de Catalunya), Junqueras ha asegurado “no tener miedo”.
En la misma línea, hacía referencia a las declaraciones de Rajoy en las que aseguraba una fuerte inversión en infraestructuras para Catalunya que ha vuelto a quedar en nada. “El gobierno español no cumple nunca, promete mucho y luego no hace”, ha insistido.
Según el líder de Esquerra, el TC “es una institución politizada […] que no tiene legitimidad para imponer otro relato”. Sumado a esto, Junqueras, ha advertido que frente a las posibles medidas del gobierno central, como la inhabilitación o la cárcel a los dirigentes del proceso, ha señalado, “la sociedad catalana y la internacional sabrán cómo deben actuar”.
No ante los micros, pero sí ante el Parlament, Carles Puigdemont ha tenido un discurso aún más rebajado que el de su vicepresidente. Ha insistido, al igual que Junqueras, en seguir la senda del Pacte Nacional pel Referèndum, pero a diferencia del líder de Esquerra, se ha ha guardado de poner fecha.
En una política de “cuidados paliativos” del procés, el president de la Generalitat ha asegurado que “hay que hacerlo todo e incluso un poco más para conseguir el acuerdo”. Parece que los 5 años de negativa del Gobierno central y de las máximas instituciones del Régimen del 78 no son mensajes políticos suficientemente claros para el actual President.
Por su parte la CUP ha aprovechado la sesión de control al Govern para insistir en que la fijación de la fecha del referéndum y de la pregunta de éste se haga en los próximos días. La parlamentaria cupaire, Anna Gabriel, exponía que no existe contradicción entre que el Pacte Nacional pel Referèndum siga explorando vías de acuerdo y que el Parlament de Catalunya fije ya “día y hora” de la cita con las urnas.
Una demanda democrática encorsetada
Los días se suceden, y ya van 5 años desde la masiva movilización del 11 de septiembre que reclamaba el derecho a decidir. Un derecho democrático del pueblo catalán que ha quedado encorsetado, no solo por los estrechísimos márgenes del Régimen del 78, sino también por la estrategia del bloque soberanista catalán.
Qué duda cabe que Oriol Junqueras acierta cuando define al TC de institución politizada, en clara referencia al ex presidente Francisco Pérez de los Cobos y el actual magistrado Andrés Ollero, ambos militantes del Partido Popular. Pero por indignante que esto sea, no puede sorprender a nadie.
Tampoco nadie pensaría que la Corona, el Senado, el PSOE, el Ejercito, la Policía Nacional o la Guardia Civil iban a permitir, cada cual según sus funciones, le ejecución de un derecho democrático que golpea uno de los pilares de este Régimen del 78, la “sagrada” unidad territorial de la nación española (España es 1 y no 51, ¿recuerdan?).
Pero si bien el procés catalán encuentra en esta estructura españolista un escollo, no parece tener mejor perspectiva mirar hacía el otro lado. Desde el inicio del movimiento por el derecho a decidir, la ex CiU (ahora PdCat) se puso a la cabeza del mismo. Un movimiento que tuvieron que hacer con la nariz tapada, pero que bien valía por desviar la atención de las políticas austericidas que estaban ejecutando (y ejecutan) desde el Govern y como mecanismo para controlar el mismo movimiento.
Esquerra Republicana como compañero de viaje y la CUP como vagón de cola, aceptaron esta dinámica, dejando el derecho a decidir en manos del partido de la burguesía catalana, que ha impuesto un interminable “día de la marmota” a las aspiraciones democráticas del pueblo de Catalunya.
La CUP exige en el Parlament que el Govern fije fecha y preguntas “hoy mismo”, pero Puigdemont tiene la calle “callada” y los presupuestos en el bolsillo, demostrando una vez más que la “performatividad” política del Parlament tiene un límite, y son sus paredes. No hay negociaciones con los partidos burgueses, no hay puntos, ni muchos ni pocos, con los representantes de los capitalistas, las imposiciones se consiguen desde la calle, y ahora están vacías.
Haber “pegado” el derecho a decidir a los embajadores del 3% y de los recortes, ha provocado que la base social que defendiera el referéndum no se ampliara hacia los sectores populares.
Junqueras asegura que habrá fecha y preguntas para el referéndum, pero bajo la actual estrategia del bloque soberanista, ¿cómo se va a hacer frente si algún cuerpo represivo del Estado viene a retirar las urnas?, en caso de que se realice esa consulta ¿cómo se imponen las nuevas instituciones catalanas sobre las españolas? ¿cómo se evita que haya una fuga de capitales?, y un sin fin de preguntas que atienden a cuestiones materiales, a situaciones que trascienden las paredes del Parlament.
Es por ello que para enfrentar la más que posible ofensiva del Régimen del 78, incluso si se ejecutan las tibias acciones dentro de su legalidad, es necesario preparar una respuesta. Desde los sindicatos, la izquierda independentista, los movimientos sociales y la izquierda anticapitalista, pongamos en pie un movimiento en las calles, en los centros de trabajo, en las universidades e institutos, que sea capaz de parar tanto la ofensiva españolista como las cínicas posiciones de los partidos catalanes burgueses.
Al mismo tiempo hay que exigir que las fuerzas políticas que se han pronunciado a favor del referéndum catalán en el Estado español, como Podemos e Izquierda Unida, llamen a la movilización en apoyo de este derecho democrático.
Tan solo con una política independiente de los burgueses (españoles o catalanes), será posible poner en marcha las fuerzas sociales necesarias para imponer un proceso constituyente en el cual decidir de todo, entre ello, sobre la independencia de Catalunya.
