Santa Fe. Juntos por el Cambio pide "relocalizar" miles de vecinos de barrios populares

En la ciudad capital de la provincia y en el país en su totalidad cada vez hay más “asentamientos ilegales”. Esta forma precaria de vivir se está extendiendo en todo el país y también en Santa Fe. La crisis económica actual empuja a más familias a la pobreza y a la indigencia; esto sumado a la crisis habitacional que se da por una conjunción de factores donde la principal es la imposibilidad de alquilar a precios razonables, dan como resultado que cada vez más personas, familias enteras, entren en la necesidad de ocupar cualquier lugar, por peligroso que sea, para asentarse y tener un techo.

Un par de meses atrás, los concejales de Juntos por el Cambio Adriana "Chuchi" Molina, Hugo Marcucci, Sebastián Mastropaolo, Inés Larriera y Carlos Pereira y el diputado nacional Mario Barletta [1] presentaron proyectos para que el ejecutivo municipal tome por un lado, medidas urgentes para frenar las ocupaciones ilegales que hay en la zona de riesgo hídrico, como reservorios y defensa costera; y por otro, para avanzar en la relocalización de esas familias que se encuentran ubicadas en sectores críticos. [2]

Cuando en julio del 2020, la UNL anunció la construcción de un edificio en plena reserva natural de la costanera de Santa Fe, no se sumaron al reclamo que hicieron agrupaciones políticas, ambientalistas y de vecinos contra este proyecto que alteraba la dinámica de la reserva natural. Esta verdadera amenaza ambiental pasó desapercibida para estos concejales.

En diferentes declaraciones en los medios locales, los concejales y el diputado nacional hicieron hincapié en el peligro que conlleva que las personas se asienten en lugares de “riesgo hídrico”. Las tomas de tierra en dichas zonas se están multiplicando por las condiciones económicas que los sectores más vulnerables están sufriendo. En las últimas semanas, ha sido noticia también que, en la zona de Alto Verde y en otras zonas periféricas de la ciudad, como Playa Norte y Barrio Judiciales, cada vez más gente se instala en tierras desocupadas.

Tanto Barletta como los concejales de Juntos por el Cambio, hacen hincapié en que la ciudad se puede volver a inundar por la ocupación de estas zonas, es decir, dejan entrever que las personas que ocupan son las culpables de este peligro y no víctimas que tienen que optar por vivir de forma peligrosa allí. Mientras el peligro se focaliza en el riesgo que conlleva para la ciudad el asentamiento de personas en lugares de “riesgo hídrico”; no queda claro a dónde, en qué condiciones y con qué recursos se realizarían las relocalizaciones.

Desde su visión, personas sin vivienda ni recursos son considerados “los culpables” de una futura inundación por ser ellos mismos los responsables de asentarse en estos sitios de alto riesgo. Esto los lleva a exigirle al gobierno municipal que impida que se realicen nuevos asentamientos y que desaloje los ya instalados.

La gravedad de sus declaraciones se centra en que difunden públicamente percepciones que estigmatizan la pobreza, lo que tiene un papel clave en la legitimación de la desigualdad y en la delimitación de las fronteras de la intervención del Estado en la provisión de políticas destinadas a solucionar los problemas de los sectores más vulnerables. En contraste, consideramos necesaria una explicación que enfatice la dimensión social, indagando acerca de las causas estructurales de la pobreza y en su contrapartida, quiénes son los que se quedan con la riqueza que se produce socialmente. Los enormes edificios lujosos que adornan la zona del puerto de la ciudad dan cuenta de eso.

Las tomas: un fenómeno que avanza a nivel país

En todo el territorio nacional, al calor de la crisis económica, se han multiplicado la toma de tierras. La crisis económica, sumada a la crisis habitacional producto de una desregularización absoluta de los alquileres ha generado que miles de familias se hayan visto en la obligación de buscar lugares sin uso para poder asentarse. Esta forma de vivir conlleva varios peligros como ubicarse en lugares poco propicios, con riesgos de inundación y sin las necesidades básicas cubiertas como gas natural, cloacas o agua potable. Ya en el año 2008, la Federación de Inquilinos Nacional estableció, a través de un relevamiento propio, que los inquilinos destinan alrededor de un 40% de sus ingresos al pago del alquiler, cifra que supera el máximo recomendable del 30% de los ingresos totales familiares establecido a nivel internacional. Esta situación lleva a que muchas familias encuentren dificultades para satisfacer sus necesidades luego de afrontar el costo del alquiler y diluye las expectativas de poder acceder a la vivienda propia.

Por otro lado, en los últimos años, la política nacional en vez de priorizar la atención de los sectores con mayores dificultades para acceder a la vivienda, promovió proveer vivienda a sectores medios con capacidad de acceso al crédito. Medida que favoreció a entidades bancarias y crediticias privadas. En contrapartida, hay ejemplos de sobra de grandes asentamientos donde cientos de familias luchan contra el Estado para poder ejercer el derecho a una vivienda digna: como en Guernica, miles de familias sufrieron la represión del gobierno de Kicillof; en Rosario, vecinos del barrio Toba mantienen la toma en la zona oeste y en Magaldi decenas de familias luchan por un lugar donde vivir; en Mendoza también se replica esta situación en la zona de Güemes, y esto son solo unos pocos ejemplos.

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Tanto en la denuncia de Barletta como en la de los concejales de Juntos por el Cambio no hay ningún cuestionamiento a las dificultades de acceso a la vivienda digna, derecho que tiene rango constitucional, sino que plantean directamente centrarse en el proceso de expulsión de los propios habitantes de territorios inundables como solución a una futura crisis hídrica. Sabemos que en la memoria colectiva de la ciudad, las inundaciones han dejado una huella muy profunda. Es un tema que tiende a despertar la sensibilidad de las personas afectadas por este flagelo y a la ciudad toda. Lo lamentable es que pese a haber estado a cargo de la gestión municipal, en varios casos, estos ediles no contemplan la complejidad de factores que caracterizan a los problemas hídricos por un lado, y los problemas habitacionales por otro.

La discusión debería girar en torno a cómo hacer accesible el suelo con servicios o con infraestructura; a discutir sobre si profundizar o no los procesos de expansión urbana o si promover, en cambio, proyectos que consoliden el tejido existente; cómo hacer posible o bajo qué modalidades el acceso a tierra bien localizada a precios accesibles sin alimentar el negocio inmobiliario especulativo. Nadie puede desconocer que la inversión inmobiliaria se ha tornado más rentable que otras actividades en los últimos años, dejando al descubierto la falta de instrumentos para regular el mercado de suelo.

El Estado, en sus distintos niveles, tiene responsabilidades que no puede delegar. Entre 2017 y 2018, los fondos disponibles para los institutos provinciales de vivienda se redujeron un 24%. En Argentina tres millones y medio de familias –alrededor de un tercio de la población del país no tienen una vivienda adecuada. Esta situación se agrava año tras año, puesto que la tendencia al aumento del déficit habitacional se mantiene desde el año 2001. Frente a este panorama, tanto el diseño como la implementación de la política de vivienda constituyen una instancia clave de la gestión del territorio para revertir las desigualdades estructurales.

También es fundamental discutir qué se hace con el superávit comercial de nuestra provincia. De acuerdo al estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), presentado el 23 de junio del corriente año, el mayor superávit del país pertenece a la provincia de Santa Fe. [3] Nuestra provincia es la más superavitaria y duplica a Córdoba que es la segunda. Si bien señalan, el saldo comercial en dólares no es un indicador de la distribución de la riqueza o del ingreso, porque esto depende de quiénes se apropian de la renta primaria. Entonces, ahí es donde deben dirigirse las denuncias, a saber quiénes se benefician de la renta, cómo regular esos enriquecimientos, de qué forma implementar medidas estructurales, con impacto multiplicador en la economía como son los planes de construcción de viviendas, etc. Las decisiones políticas que deben tomarse no son las de estigmatizar y culpabilizar a los más pobres como hace esta oposición de derecha a la gestión municipal.

El acceso a la vivienda, ¿un negocio?

Aprovechando la crisis habitacional hay personas particulares e inmobiliarias que hacen negocios millonarios. Por ejemplo, imponiendo precios exorbitantes a los domicilios y alquileres. Precios que casi siempre están muy por fuera de las posibilidades del sueldo de un trabajador promedio.

Son conocidos los casos de políticos que van a los barrios populares a aprovecharse de las necesidades de la gente y “brindarles” espacios sin dueño para que hagan sus casillas, pero que desaparecen cuando las fuerzas de seguridad van a amedrentarlos. Al respecto, Barletta denunció que “detrás de las familias que ocupan terrenos operan verdaderas mafias de las usurpaciones”, sin embargo no avanzó en denuncias concretas que ayuden a desarticular esas “redes delicitivas”. [4]

Héctor Parody, integrante de la vecinal Nueva Esmeralda, nos ha comentado un ejemplo de estos usos turbios que se hacen con la vivienda. Héctor comentó a nuestro diario lo siguiente: “El barrio docente es un barrio que se hizo entre AMSAFE y un grupo de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe. Hay 95 casas, de las cuales hay al menos 15 casas deshabitadas. A muchas personas se les han asignado estas casas pese a que anteriormente han tenido una vivienda, cuestión prohibida ya que para poder acceder a estas casas un requisito era no tener vivienda. También hay viviendas que se están alquilando, cuestión también prohibida. Hoy por hoy hay docentes anotados en el escalafón para obtener estas viviendas deshabitadas pero que no reciben respuesta del sindicato. Todos los manejos de estos hogares son en connivencia entre AMSAFE y funcionarios de Vivienda”.

La vivienda como derecho

Desde el Frente de Izquierda venimos denunciando la criminalización y estigmatización constante que los medios de comunicación y los políticos de los partidos tradicionales hacen de las familias que reclaman por un techo para poder vivir.

Para los capitalistas la vivienda no es un derecho sino una mercancía más. La construcción de viviendas y servicios está al servicio de sus ganancias y no de satisfacer las necesidades de la población.

Los concejales de Juntos por el Cambio usan la excusa del “riesgo hídrico” para culpar a personas que viven en condiciones muy precarias en esas zonas de la ciudad de que Santa Fe puede volver a inundarse. Apelan al dolor en la memoria colectiva de la tragedia del 2003, tragedia de la cual los mismos partidos que apañan a estos políticos son responsables, para culpabilizar a los más pobres.

Para que la emergencia habitacional en Argentina se solucione la “relocalización” en abstracto no es una solución. Hay que luchar por una reforma urbana integral que comience por un plan de obras públicas, infraestructura y viviendas para las familias que se encuentran en este tipo de emergencia y permita el acceso a la vivienda a quienes hoy tienen que alquilar y someterse a los dictados de los especuladores inmobiliarios.

Una de las medidas urgentes que se debe tomar, es desconocer la deuda externa, porque bajo el yugo del FMI nunca habrá recursos para solucionar el problema de las grandes mayorías.