Nuevamente la Justicia beneficia a represores. Se trata de Luis Enrique Baraldini, un acusado por delitos de lesa humanidad.
Miércoles 28 de junio de 2017 12:41
La Cámara Federal de Casación Penal concedió el beneficio de prisión domiciliaria a otro genocida. Se trata de un acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Justifican la medida por el mero hecho de que el represor tiene más de 70 años.
El dictamen cuenta con las firmas de los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Ángela Ledesma. El imputado es Luis Enrique Baraldini, quien había sido jefe de la policía pampeana durante la última dictadura cívico-militar.
Baraldini había sido procesado por violaciones a los derechos humanos, entre los que cuentan abusos sexuales en contra de los detenidos ilegalmente en los centros clandestinos que se encontraban bajo su dirección.
Baraldini había estado prófugo desde 2003 hasta que en 2011 fue apresado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, acusado por unos 300 casos de violaciones a los derechos humanos.
Una vez más, la Justicia del 2x1 a los genocidas, concede beneficios a los represores. Hace una semana, el mismo tribunal judicial había adoptado la misma resolución en el caso de otro acusado por delitos de lesa humanidad, Enrique Armando Cicciari.
El prontuario de Baraldini
Luis Enrique Baraldini había sido jefe de la policía pampeana entre los años 1976 y 1979. Según declararon los testigos, el represor torturaba personalmente a los detenidos ilegales. Además, estaba a cargo del centro clandestino de detención de la comisaría 1° de la ciudad de Santa Rosa.
En 1980 había sido trasladado como agregado militar en Bolivia, donde formó parte del Plan Cóndor, entrenando a oficiales del Ejército boliviano. Con el retorno de la democracia había sido detenido e imputado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, en 1988 la Corte Suprema de la Nación lo desprocesó, bajo el amparo de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En libertad, Baraldini participó en 1990 del golpe carapintada encabezado por Mohamed Alí Seineldín. Producto de ello, fue condenado y estuvo preso en Campo de Mayo, disfrutando de sus fueros militares.
En 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde lo indultó bajo el pretexto de motivos "humanitarios". En 2003 se fugó al país vecino de Bolivia, donde contó con la complicidad de oficiales del Ejército boliviano para falsificar su identidad y huir de la Justicia; hasta que en 2011 fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de las Sierras.
Su historial demuestra que, no obstante las cuestiones etarias, estos genocidas cuentan con un aparato de complicidad que podrían no solo entorpecer las investigaciones, sino también efectuar nuevos delitos. Así ocurrió con el caso de Jorge Julio López, víctima del genocidio de los setenta, quien en 2006 desapareció antes de efectuar su declaración en la causa contra el genocida Miguel Etchecolatz.
