El concurso de la contrata de los transportes urbanos de Zaragoza, estaba hecho a medida para que ganara la multinacional sin dejar ninguna opción a la cooperativa de trabajadores.
Lunes 20 de junio de 2016
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) declaró el pasado viernes la nulidad de tres cláusulas del pliego de condiciones para pujar por el servicio de autobuses en el concurso que se tramitó en 2013.
El pliego fue redactado por el Ayuntamiento de Zaragoza (bajo el gobierno del PSOE) y se le concedió a la empresa AUZSA (antigua Tuzsa, perteneciente a la multinacional ADO), la única que pudo presentar una oferta cumpliendo las exigentes condiciones de la administración.
La Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (SCUT), creada por los trabajadores del transporte urbano para licitar por la concesión del servicio, interpuso un recurso contra estas tres cláusulas que les excluían discriminadamente del proceso.
Los requisitos eran constituirse como Sociedad Anónima, haber tenido un contrato con 40 millones de usuarios al año o cuatro contratos con 80 millones de viajeros en la gestión de autobuses y presentar cuentas de los últimos tres ejercicios. Obviamente la cooperativa de trabajadores no cumplía estas condiciones.
Pero con la resolución que se dio a conocer el pasado viernes, el TSJA expone la injusticia y desigualdad en el concurso al crearse “una posición de ventaja y contraria a la normativa” a favor de la multinacional.
De esta manera, el TSJA les da la razón a los autobuseros que llevan años denunciando que el concurso fue amañado. “Es difícil que haya otras empresas que puedan presentarse a la licitación, convirtiendo la concesión en una práctica monopolística”, dice el Tribunal.
Aunque la sentencia aun no es firme, tanto el ayuntamiento como la empresa adjudicataria tienen 10 días para recurrir al Tribunal Supremo. De pasar este tiempo y no presentar recurso, el contrato con AUZSA quedaría anulado y el servicio saldría otra vez a concurso.
El comité de empresa de AUZSA, tras conocer la noticia, pide al Ayuntamiento que cumpla con su programa electoral, que remunicipalice los autobuses. Después de esta sentencia, el gobierno de Zaragoza en Común ya no puede excusarse en el coste económico que suponía romper anticipadamente el contrato con la empresa, que caducaba en 2023.
Una y otra vez, repitieron este argumento durante los 4 meses de huelga indefinida que llevaron a cabo los trabajadores del bus urbano este año, en el que una de sus exigencias era la remunicipalización. Demandaron las irregularidades y el incumplimiento del pliego de condiciones de la contrata, lo que tendría que suponer el cese inmediato del contrato.
En ese conflicto, ZeC dejó ver que su posición estaba al lado de la empresa, tanto por su pasividad, como por sus declaraciones en contra de la huelga uniéndose a la campaña mediática de desprestigio de los trabajadores.
En esta ocasión solo han pedido “valorar con calma y sosiego” el fallo judicial a través de su portavoz, Fernando Rivares, que también ha advertido que las consecuencias son "bastante graves en muchos sentidos".
