En el día de hoy se realizó la primera audiencia en la que la defensa, en manos del abogado Pablo Salinas, realizó el pedido de nulidad sobre la causa por “desobediencia” en el marco de la lucha estudiantil, que fue rechazado por la jueza
Jueves 27 de septiembre de 2018 20:00
El pasado 24 de agosto, en el marco de un importante conflicto educativo que se dio tanto a nivel provincial como nacional, estudiantes y docentes del Normal Superior “Tomas Godoy Cruz”, decidieron tomar el edificio de manera pacífica como forma de protesta ante la resolución de “carreras prioritarias” dictada por el gobierno de la provincia.
A pedido de la DGE, autoridades de la Fiscalía concurrieron al establecimiento educativo y, a pesar de que el Fiscal declaró en su momento que no se iba a sancionar a ninguno de los y las participantes de la toma, a los pocos días se dio a conocer que tres docentes serían citados a indagatoria.
Es importante destacar que medida de lucha había sido resuelta democráticamente a través de la asamblea interclaustros de la institución, como forma de ejercer el derecho a protesta frente a una resolución promulgada por la DGE que no tuvo ningún tipo de debate previo con la comunidad educativa y por la cual correría riesgo cientos de puestos de trabajo. Además, peligraría el derecho a la educación de otros cientos de estudiantes quienes estarían forzados a estudiar lo que dicte la lógica mercantil de oferta y demanda. Minería y petróleo son algunas de las carreras que este gobierno considera como “fundamentales” dentro de la educación superior.
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Desde la conducción del Sute se hicieron presentes, entre los que estaban Sebastían Henriquez y Laura Espeche, secretaria de Acción Social, para repudiar la imputación de los docentes y aseguraron que “a más persecución responderemos con más lucha”
Según la jueza, que se mostró desde un principio de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la DGE puede ser querellante en la causa dado a que no habría motivos para no considerar que la misma no es sujeto ofendido tras los acontecimientos ya nombrados. Se negó la entrada a la sala de audiencia de representantes gremiales del SUTE y de ATE, y de trabajadores y trabajadoras que se solidarizaron. La consideración de si hubo delito o no pasaría a una próxima instancia y ahora la defensa, que plantea que la acción de la DGE es arbitraria e injusta, apelará dentro de los próximos días y llevará el caso a una cámara del crimen con tres jueces.
“Este es un hecho que me parece, tremendamente arbitrario e injusto, por eso planteé de entrada la inexistencia del delito. Vamos a seguir sosteniendo que aquí no hay delito”, aseguró el abogado Pablo Salinas. Desde la conducción del Sute se hicieron presentes, entre los que estaban Sebastían Henriquez y Laura Espeche, secretaria de Acción Social, para repudiar la imputación de los docentes y aseguraron que “a más persecución responderemos con más lucha”.
