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Red Internacional
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Ciudad de México. Justicia misógina arremete nuevamente contra la libertad de Yakiri Rubio

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal apeló el auto de libertad de Yakiri Rubio Aupart, sobreviviente de feminicidio, acusada del delito de homicidio contra su violador en el año 2013.

Marisol FN Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas

Jueves 2 de julio de 2015

Foto: @panyrosasmex

El pasado 28 de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) anunció la apelación de la sentencia de inocencia dictada por el Juez 13 Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia Capitalino (TSJDF) en favor de Yakiri Rubí Rubio Aupart.

Mariana Beltrán, madre de Yakiri, declaró que ni su familia ni la abogada conocen los motivos por los cuales se apeló la sentencia, y que la PGJDF ha actuado como representante de Luis Omar Ramírez Anaya uno de los agresores de su hija, acusado de violación sexual.

Presa por “exceso de legítima defensa”

A finales de 2013 en la colonia Doctores, los hermanos Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya secuestraron a Yakiri Rubio. Después de llevarla a un hotel en donde abusaron sexualmente de ella, Luis Omar se retiró, dejando a Miguel Ángel encargado de terminar con la vida de la joven.

Haciendo uso de todas sus fuerzas y sabiendo que era su vida la que estaba de por medio, Yakiri se defendió de su agresor, logrando herirlo de muerte. Posteriormente escapó del hotel en donde la tenían secuestrada, y pidió auxilio a policías de la zona. Éstos la llevaron al Ministerio Público Número 50, y ahí comenzó otra historia plagada de machismo y atropellos a sus derechos. En un país donde se asesinan a 7 mujeres al día, afortunadamente la joven no perdió la vida, uno de sus agresores sí.

En pocas horas la situación jurídica de Yakiri cambió radicalmente: pasó de víctima de violencia sexual, a ser acusada de homicidio doloso por motivos pasionales, con un proceso lleno de irregularidades, como todos los casos de violencia de género. Se le incomunicó, no le brindaron atención de una médica, ni le suministraron medicamentos retrovirales como dictan los protocolos y fue trasladada al Penal de Santa Martha. Cabe destacar que todo su proceso estuvo enmarcado por una campaña misógina por parte de los medios oficiales.

Tras 86 días de prisión y como producto de la presión social y mediática, las autoridades reclasificaron el delito de homicidio doloso por el de homicidio simple, argumentando "exceso de legítima defensa" por parte de Yakiri. Para completar su libertad su familia tuvo que pagar la indignante suma de 423 mil pesos, de los cuales, 100 mil pesos correspondieron a obligaciones procesales y 323 mil 800 pesos por reparación del daño.

Justicia misógina en la tierra del feminicidio

¿Cuál es el delito de Yakiri? Ser mujer, joven, lesbiana y de Tepito. En un país en donde cada 3 horas con 20 minutos se asesina a una mujer por su condición de género, casos como el de Yakiri son poco frecuentes. La epidemia del feminicidio que azota al país no se explica sin la complicidad activa de las autoridades y el gobierno, quienes no solamente encubren a los asesinos, sino que desaparecen evidencias, alteran las escenas del crimen y además, criminalizan a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género.

El gobierno y sus instituciones son también responsables de las miserables condiciones de vida y trabajo de millones de mujeres en todo el país, producto de los acuerdos con empresas, así como de la subordinación política que mantienen con el imperialismo estadounidense. Son éstas las bases estructurales sobre las cuales se profundiza la descomposición social en el país, cuya expresión más brutal es el feminicidio y la violencia contra las mujeres.

Como explica Alejandra Toriz dirigente de la Agrupación de mujeres Pan y Rosas, la libertad de Yakiri es un triunfo de todas las mujeres. Esta conquista hoy en día es nuevamente cuestionada por las autoridades, que acusaron a la joven y protegieron a su violador.

A su caso se suman los de Nestora Salgado y Jacqueline Santana, así como el de las más de 700 mujeres presas por abortar en todo el país; todas ellas presas políticas del Estado mexicano. Sus casos son emblemáticos puesto que por medio de ellos, se envía un mensaje atemorizador y de disciplinamiento político al resto de las mujeres que cuestionamos estas condiciones de opresión y explotación que a diario enfrentamos.

Hoy más que nunca se hace indispensable arrancar por la vía de la movilización independiente libertad absoluta de Yakiri. Éste debe ser el motor para seguir luchando por la libertad de todas las mujeres presas del Estado, así como la erradicación del feminicidio y la violencia machista. Para ello es necesario cuestionar hasta el final el orden sostenido por este sistema misógino, de explotación y miseria. Puesto que son estas instancias gubernamentales, las encargadas de que legitimar y reproducir la violencia y opresión hacia el conjunto de las mujeres, la juventud y las clases trabajadoras.