¿Qué significa que el Estado es responsable? En este caso no puede ser más concreto. Las fuerzas policiales cubrieron a los criminales y los funcionarios judiciales desoyeron a la familia.

Myriam Bregman @myriambregman
Domingo 30 de abril de 2017 16:17
Foto: Cosecha Roja
El 27 de abril por la noche fue encontrado el cuerpo de Araceli. Su nombre se hilvana a otros, a tantos otros de mujeres cuyas vidas fueron truncadas por los crímenes más aberrantes de la violencia machista, los femicidios. A ella la secuestraron, la violaron, la asesinaron y luego la enterraron.
Araceli Fulles había desaparecido el 1° de abril. Desde ese entonces se puso en movimiento un entramado de policías y funcionarios judiciales para encubrir y salvar a sus asesinos. Primero, porque la fiscalía decidió no actuar de inmediato con el argumento de que Araceli estaba de “gira”. Como es costumbre en las instituciones se prejuzga sobre las conductas de las víctimas, sobre todo si son mujeres.
El lugar donde fue finalmente encontrado el cuerpo no era la primera vez que se allanaba. Debió ser rastrillado con perros por segunda vez, ante la insistencia de la familia, que denunció además, que estaban “plantadas” las pistas que seguía la policía. La vivienda donde fue hallado el cadáver de Araceli pertenecía a Darío Gastón Badaracco, la última persona que la había visto con vida. Aunque ya había declarado varias veces ante la fiscalía interviniente, la justicia lo dejó ir, y entonces, aprovechó para fugarse. En el acta donde los funcionarios piden su orden de captura, hasta se cuidaron muy bien de escribir mal el apellido. Lo encontraron recién el viernes 29.
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Al día de hoy un principal, un subinspector y un subcomisario de la Policía Bonaerense fueron separados de la Fuerza, sospechados de encubrimiento. Uno de ellos es hermano de dos de los detenidos, Emanuel y Jonathan Ávalos, acusados de haber participado del homicidio de Araceli. El uniformado brindaba información al prófugo sobre las pesquisas y lo alertó del allanamiento.
No es la primera vez que la Policía Bonaerense aparece metida hasta el cuello en un crimen aberrante. No olvidamos el asesinato de Candela Rodríguez también en el municipio de San Martín. Y tampoco es la primera vez que toma cartas en un femicidio. El emblemático caso del “loco de la ruta” en Mar del Plata tenía como trasfondo una guerra de policías por el manejo de la prostitución. Siempre denunciamos que las fuerzas represivas del Estado, amparadas en el poder político, son las que organizan el gran delito. Desde las redes de trata, pasando por los secuestros extorsivos hasta el narcotráfico no dejan rubro por regentear, y si no siempre están dispuestos a colaborar con sus responsables. Las purgas ordenadas por el gobierno de María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad Christian Ritondo resultaron ser cambios "cosmetológicos", como denuncia el especialista en temas policiales Ricardo Ragendorfer. Pese a las denuncias en su contra, el Comisario Pablo Bressi fue sostenido en la cúpula.
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¿Qué decimos cuando decimos que el Estado es responsable? En este caso no puede ser más concreto. Las fuerzas policiales cubrieron las huellas de los criminales y los funcionarios judiciales desoyeron a los familiares de la víctima y se subordinaron a sus socios de uniforme. El Estado que descarga su violencia contra los más débiles, también ampara la violencia machista de los femicidas.
Exigimos justicia para Araceli y no bajamos los brazos. Sabemos que la solución a este flagelo no vendrá desde arriba. Tampoco de esas mismas instituciones descompuestas, irreformables, que son parte de este entramado criminal. Nuestra fuerza está en la enorme movilización que protagonizamos el pasado 8 de marzo en todo el país, ese impresionante Paro Internacional de Mujeres que fue la expresión de un camino que miles de personas comenzaron a andar en junio de 2015, cuando se escuchó por primera vez el grito decidido de "Ni Una Menos", "Vivas nos queremos".
Para arrancar este derecho elemental y para decir "basta" a la violencia machista, tenemos que profundizar ese camino, con la movilización independiente del enorme movimiento de mujeres junto a la juventud y los trabajadores. Se trata de trasformar el dolor en organización y la organización en un gran movimiento de lucha, por la conquista de todas las libertades que nos niegan.

Myriam Bregman
Abogada en causas de lesa humanidad. Fundadora e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Diputada nacional (MC) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Intervino en numerosos juicios contra los genocidas de la última dictadura militar, como el de Etchecolatz, Von Wernich y la megacausa ESMA. Fue abogada de Jorge Julio López y una de las impulsoras de la lucha ante su desaparición. Impulsó, junto a trabajadores de Pepsico y Kraft-Mondelez, la denuncia por el espionaje ilegal de la Gendarmería, conocido como "Proyecto X".