El 30 de septiembre, Paola fue baleada por un hombre en la Avenida Puente de Alvarado. A pesar de haber sido detenido en el lugar del crimen, el responsable -integrante de un cuerpo de seguridad privada- fue puesto en libertad el 2 de octubre “por falta de pruebas”.
Leah Muñoz @leahdanmunoz
Martes 4 de octubre de 2016
La madrugada del 30 de septiembre, Paola se encontraba junto con decenas más de trabajadoras sexuales en Puente de Alvarado, en la colonia Buenavista, lugar conocido por ser una de las zonas de la Ciudad de México en donde mujeres, travestis y transexuales ejercen la prostitución.
Según informaron sus compañeras, Paola subió a un carro Nissan March color gris placas MXB6583, con un sujeto que había intentado abordarlas antes y al que habían rechazado. Apenas habían avanzado unas cuadras, cuando escucharon gritos pidiendo auxilio y un par de disparos. Paola estaba muy mal herida y el sujeto intentaba escapar.
Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes, tras forcejear con el agresor, lo trasladaron a la Agencia del Ministerio Público en la patrulla DF301C1, misma a la que el atacante de Paola rompió un vidrio mientras intentaba escapar. Mientras tanto, las compañeras de Paola, al grito de “¡todavía está viva!”, pedían un auxilio médico que llegó muy tarde. En el MP se determinó que los elementos eran suficientes para mantener detenido al agresor, quien fue trasladado al Reclusorio Varonil Norte.
Para el 2 de octubre, durante una audiencia oral para determinar si se le dictaba auto de formal prisión o no, una débil actuación del MP devino en que el juez considerara que no había pruebas suficientes -ni el carro, ni el arma, ni los testigos, ni los videos bastaron- y solicitó su libertad inmediata.
En días recientes, ha circulado una petición en la plataforma Change, dirigida al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, así como al jefe de Gobierno, en donde además de exponer el caso, exigen la revisión del mismo para que no quede impune el crimen de Paola. Acusan un “sesgo” discriminatorio durante el proceso, en donde se le realizaron pruebas de alcohol a Paola y que la atención por parte de autoridades fue meramente formal.
Exigen, además, medidas cautelares a favor de las compañeras de Paola que atestiguaron el crimen, pues señalan que el responsable, de quien no se dio a conocer su nombre, es integrante de un cuerpo de seguridad privada.
“Aguanta, Paola, ¡aquí estamos!”
México ocupa el segundo lugar en América Latina en donde se llevan a cabo la mayor cantidad de asesinatos en contra de personas trans, sólo detrás de Brasil. Se estima que 77 personas mueren cada año producto de los crímenes de odio. Según el Informe sobre los Derechos Humanos y Condiciones de Mujeres Transgénero en Méxic”, difundido por la Universidad de Cornell y el Centro de Ley Transgénero, los asesinatos transfobos se han multiplicado por 10 en los últimos seis años.
Al flagelo de la violencia y la precarización, que nos cosifica y nos lanza a las garras de las redes de prostitución, se debe sumar el calvario de la impunidad a la que estamos expuestas día con día.
Por cuotas que van de los 150 a los 500 pesos, todas las noches mujeres, travestis y transexuales arriesgan sus vidas, exponiéndose no sólo a los altos índices de delincuencia, sino también a la policía que nos acosa, violenta y extorsiona.
El crimen de Paola nos lastima a todas, no sólo porque es la expresión última del odio y la discriminación que las identidades trans enfrentan en esta sociedad, sino porque es una muestra más de cómo para las autoridades, nuestras vidas no tienen valor. Las pruebas de alcohol realizadas al cuerpo de Paola buscaban responsabilizarla de su asesinato, mientras que la nula actuación del MP terminó por sellar el destino de un crimen por transfobia más.
Ni el gobierno de Enrique Peña Nieto, que pretende capitalizar la sentida demanda por el derecho al matrimonio igualitario, ni ningún otro político “progre”, ha dedicado ninguna palabra a estos crímenes. Los ataques al bar Madame en Xalapa, Veracruz, y al acto de coronación de la Reina Gay de Acapulco, Guerrero, que dejaron como saldo nueve muertos y 18 heridos no merecieron un tuit presidencial ni de ninguna otra autoridad. En la gris administración de Javier Duarte en Veracruz, van 62 asesinatos de personas trans.
Por su parte, los grandes medios de comunicación no tienen espacio en su programación para dar cuenta de estos crímenes. Quienes dedicaron unas líneas al suceso, como el diario Reforma, no dejaron en ningún momento de referirse a Paola como “travesti” y “sexoservidor” y de, implícita o explícitamente, señalar su ocupación como atenuante del crimen.
Tal es el modo en que, eslabón por eslabón, las cadenas de opresión con las que cargamos se van configurando alrededor nuestro y se suman a la discriminación laboral, escolar, al nulo acceso a servicios de salud y a la presión que la Iglesia y sectores conservadores de la sociedad buscan imponer sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
En la lucha por plenos derechos para la comunidad sexotransgresora, Bárbara López Lezama, Agnes Torres Sulca, Hilary Molina Mendiola, Virgen Castro Carrillo, Fernanda Valle, Olguis, Evelyn Abigail, René Camacho Luque, Chantal Palacios, Paloma, Mónica Devain, Francisco Ortega Martínez, Paola Ledezma y las más de mil 310 personas LGBTTTIQ asesinadas en México desde 1995 (según un primero conteo de Letra S) ¡Presentes ahora y siempre!
