NIUNAMENOS. Justicia por Ursula: Martínez es femicida, pero el Estado es responsable

Asesinan a Ursula. Y sus amigas, acompañadas por las vecinas y los vecinos de Rojas saben bien donde ir a protestar: a la comisaría. Elijen como blanco de su bronca esa institución que admitió a una persona con denuncias en su contra por violencia de género y abuso sexual, lo que no es apenas "una manzana podrida" -como suele decirse-, porque expresa algo estructural: al menos uno de los femicidios que ocurren cada mes, los comete un miembro de fuerzas policiales. La misma policía que desestimó cínicamente cada una de las denuncias de Ursula, que eran arrojadas a la basura para encubrir al violento. La misma que, ante la protesta, respondió a balazo limpio, hiriendo a una de las amigas de Ursula quien casi pierde un ojo por la represión. Pero llega al lugar el supermacho ministro de Seguridad de la provincia diciendo que no entiende por qué el pueblo de Rojas protesta frente a la comisaría si "la policía no tiene nada que ver"y, en las redes sociales, "que renuncie Berni", se transformó en hashtag. El mismo ministro que se pavonea filmando spots como si fuera Rambo, con represiones brutales en su currículum, como la más reciente a las familias pobres de Guernica.

Y la bronca aumenta cuando en Rojas velan a Ursula, mientras en Florencio Varela, Berni y el gobernador Axel Kicillof entregan patrulleros a la polícia. Con su mejor sonrisa, el gobernador declara: "Nos comprometimos a transformar la Policía de la provincia de Buenos Aires y en ese camino estamos. Recomponiendo el poder adquisitivo del salario, invirtiendo en su formación, en equipamiento y en la modernización de la fuerza." Pero, para peor, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad declara que está indignada con lo ocurrido, como si ella fuera una más de nosotras, sin advertir que ocupando esa cartera, hubiera sido mejor hacer algo más que tomar el té con la embajadora de Costa Rica y postear las fotos como si estuviera en campaña.

La Justicia que no tiene los ojos vendados, ni es neutral ni es abstracta, también ya había hecho lo suyo: tres días antes del femicidio, Ursula había solicitado un botón antipánico porque quien terminaría matándola, violaba la restricción perimetral con absoluta impunidad. Le dijeron que tenía que esperar unos días y el botón llegó cuando ya estaba muerta. Aunque el femicida estaba acusado, previamente, por el abuso sexual de una menor discapacitada que era sobrina de su anterior pareja, la Justicia había rechazado el pedido de detención.

Por eso, frente al femicidio de Ursula, se hizo consciente una sospecha, aquello que siempre repetimos en las movilizaciones por Ni Una Menos pero que esta vez se mostraba más explícitamente que nunca: el femicida fue Matías Martínez, pero el responsable fue el Estado.

Cuando esta certeza se transformaba en bronca, Alberto Fernández anunció la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios. Como si fuera una novedad, el presidente dijo que el propósito es "llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad". Muchísimas personas creían que de eso ya se encargaban los ministerios, secretarías y programas en los que el Frente de Todos incorporó feministas que prometían mejorar la vida de las mujeres. Un cachetazo de inoperancia a las esperanzas de amplios sectores de su electorado.

Las leyes, bien gracias. Allí duermen en un cajón de la Cámara de Diputados, tantísimos proyectos -entre ellos el de los diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman, del PTS/Frente de Izquierda- para poner en pie un verdadero plan de emergencia para atender integralmente las necesidades de las víctimas de violencia de género. Los femicidios de 2015 que sacudieron a la sociedad y dieron paso a la enorme movilización por Ni Una Menos, fueron los que pusieron en evidencia la necesidad de decretar la emergencia que nunca llegó.

El patriarcado no se cayó… lo vamos a tener que tirar

Podemos decir que, apenas a un mes de que se reglamentara la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ha quedado claro -por si alguien tenía alguna duda- que el patriarcado no se terminó de mano de Alberto Fernández, como ridículamente expresó el propio presidente. Ya lo sabíamos, pero es bueno no olvidar estupideces como esa, que un día las funcionarias le festejan con risas y, apenas un mes más tarde, las jóvenes conmovidas por el femicidio de Ursula la recuerdan masticando bronca.

Y claro que el patriarcado no va a terminar con una ley. Que el machismo no se puede liquidar de un plumazo en una sociedad fundada sobre la explotación del trabajo humano, la discriminación y la desigualdad. Por eso, las feministas socialistas de Pan y Rosas queremos cambiarlo todo de raíz, liquidando revolucionariamente este Estado capitalista que sostiene la explotación y la opresión, y que por eso reproduce y legitima también la violencia machista, como la violencia racista, xenófoba y otras.

Pero en honor a esa lucha por una sociedad liberada de todos los agravios y vejámenes a los que estamos sometidas en este régimen de explotación, señalamos claramente a los responsables de que, hoy, la violencia machista se desenvuelva impunemente hasta que sus consecuencias letales ya no tengan remedio.

Por eso nuestro veredicto es que el poder político, la Justicia, el parlamento y las fuerzas represivas son culpables. Eso es lo que decimos cuando denunciamos que el Estado es responsable.

Únicamente en la organización y la movilización radica nuestra fuerza para luchar por nuestros derechos y gritar basta de femicidios y violencia contra las mujeres. ¡Justicia para Ursula!