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Red Internacional
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JUSTICIA MISÓGINA Y PARA RICOS. Justicia racista y patriarcal: La historia de la pastora aymara Gabriela Blas

La historia de la pastora aymara, Gabriela Blas es un amargo periplo de unidades policiales y tribunales que pone en evidencia el carácter de la justicia en Chile, quien la condenó a 12 años de cárcel por extraviar a su hijo.

Viernes 24 de julio de 2020

Gabriel Galaz describe detalladamente en su artículo en CIPER sobre el amargo destino de una mujer aymara que extravío a su hijo cuando trabajaba en el altiplano.

El 23 de julio de 2007, Gabriela Blas, pastora aymara, dejó a su hijo Domingo Eloy de tres años, arropado con su aguayo y durmiendo junto a una pirca en un punto cercano al pueblo de Alcérreca en el altiplano de Arica, mientras iba en busca de unas llamas que había extraviado durante el pastoreo.

Cuando regresó a buscar al niño, ya no estaba en el lugar. Ella caminó 17 kilómetros para llegar a la comisaría del pueblo buscando ayuda. Allí fue detenida por la policía durante 6 días, sin cargos, sin juicio, sin defensa, vejada y torturada.

Estuvo 3 años en prisión preventiva mientras se investigaba el caso. Durante ese período, transcurrido 1 año y medio desde que Domingo se había perdido, su cuerpo fue encontrado por un pastor a varios kilómetros de distancia desde donde su madre lo había dejado.Había muerto de frío.

Gabriela Blas fue condenada a 10 años en un primer juicio cuyo resultado fue luego apelado y anulado cambiando la pena a 12 años.
Estando en prisión, un Tribunal de Familia le quitó la patria potestad de su hija, la que fue dada en adopción a una familia extranjera, perdiendo así todo contacto con ella.

Cumplió parte de su condena de 12 años en la cárcel de Acha, en Arica. En 2012 un indulto presidencial rebajó su pena a la mitad y luego un indulto completo permitió su liberación.

En 2018 el Estado de Chile pidió formalmente disculpas a Gabriela por considerar que todo el proceso, desde su primer momento, estuvo teñido de discriminación, gestión lograda también debido a que su caso fue denunciado en 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusando las vulneraciones de los derechos fundamentales de Gabriela y de su hija.