NIUNAMENOS. #JusticiaPorUrsula: no es un policía, es toda la institución

La justicia dice que hay un culpable del femicidio de Ursula: es su expareja, el policía bonaerense Matías Martínez, quien la hostigó durante varios meses con violencia psíquica y física, acoso y persecución hasta que terminó con su vida.

La familia, las amigas y las vecinas y vecinos de Rojas dicen que hay responsables: la policía bonaerense.

Sin embargo, para Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el femicidio de Úrsula Bahillo es "una situación que nada tiene que ver con el accionar policial".

Parece que para el ministro, el "accionar policial" no incluiría que el agente Matías Martínez tuviera denuncias previas de otras víctimas de violencia e incluso una causa por abuso; ni que la joven asesinada en Rojas hiciera varias denuncias previas y obtuviera una restricción perimetral para Martínez que fue eludida sin problemas por el femicida; ni que no la atendieran en la Comisaría de la Mujer cuando se acercó a denunciar esta violación de perímetro; ni que las fuerzas policiales reprimieran, detuvieran y dispararan a mansalva contra las vecinas y vecinos que se manifestaron frente a la comisaría de Rojas.

Que Martínez trabajara en la misma comisaría que su tío, David Zambruno, quien recibía las denuncias contra el femicida y las rompía en pedazos... ¿no tiene ninguna relevancia para el superministro adicto a los spots publicitarios? A él recurrió el femicida luego de cometer su crimen, para buscar nuevamente la impunidad que estaba acostumbrado a recibir: una llamada al tío y la frase que ya se publicó en todos los medios, "me mandé una cagada".

Mariano Ezequiel Martínez, el policía bonaerense que asesinó a Ursula Bahillo

A las armas las cargan... las fuerzas policiales

Correpi estima "tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, a fines de 2020, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria." El CELS, por su parte, en base a datos recopilados en los últimos veinte años, denuncia que "casi 500 mujeres fueron muertas, torturadas o heridas en el marco de hechos que involucraron uso particular de la fuerza por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad." Según datos del observatorio de la Casa del Encuentro, entre 2008 y 2019, fueron 187 los femicidios perpetrados por policías o miembros de otras fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas. Según este relevamiento de los casos que aparecen en los diarios, se deduce que "cada mes un integrante de las fuerzas de seguridad mata a una mujer en un contexto de violencia de género". También señalan que en el 21% de los casos, los femicidas "habían sido denunciados por la víctima, incluso algunos de ellos tenían restricciones de acercamiento pero igual mataron con su arma reglamentaria."

Solo este mes de enero, hubo 33 femicidios en el país, es decir, una mujer fue asesinada cada 23 horas. Además, hubo 23 intentos que fueron denunciados. En el 42,1% de los casos, el agresor era la pareja de la víctima y en el 36,8% la expareja.

Estas desgarradoras estadísticas fueron trágicamente inauguradas el 1º de enero, con el femicidio de Noelia Albornoz quien recibió el disparo del arma reglamentaria de su pareja, el policía Marcos Suasnada, quien luego se suicidó.

#NiUnaMenos es por todas

Sin embargo, mientras las redes sociales se llenan de indignación, como las calles de Rojas, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, dice generalidades. Lo mismo con otras funcionarias feministas que solo ven la paja en el ojo de la Justicia, pero no la viga en el propio.

Y al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, como ya señalamos, le resulta ilógico que el pueblo de Rojas se indigne con la Bonaerense. Parece olvidar que esa fuerza represiva es la misma que asesinó a Facundo Castro y se burló de los reclamos de su madre; la misma que cuenta en su sangriento prontuario con los asesinatos de gatillo fácil contra los hijos del pueblo pobre bonaerense. La misma que maneja los turbios negociados del narcotráfico, el secuestro extorsivo, los desarmaderos y el juego clandestinos, las redes de trata y el proxenetismo. La misma que se amotinó, en armas, en setiembre de 2020 para conseguir aumento en sus haberes y recibió su premio de parte del gobierno de Kicillof, pocas horas después de que los policías rodearan la casa presidencial. ¡La misma que hoy tiene previsto reclamar, en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, recomposición salarial e impunidad para los cabecillas de aquel motín del año pasado!. Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof y Sergio Berni participan de un acto oficial para entregar patrulleros en la localidad de Florencio Varela a la Policía bonaerense. Tanto cinismo nos repugna.

La solidaridad con la familia y amigas de Úrsula es acompañada con un creciente repudio a la impunidad policial, pedidos de que Berni renuncie y también un insistente reclamo de que se convoque a una movilización nacional, tal como sucedió frente a otros femicidios, todos desgarradores, brutales y que exigen nuestro repudio, nuestra solidaridad y nuestra denuncia. Por ellas, Argentina se levantó en una enorme movilización al grito de #NiUnaMenos en 2015 y esa consigna se transformó en bandera ante cada mujer asesinada y en un ejemplo de repercusión internacional.

Hoy nuevamente decimos ¡Basta! a la violencia machista, a los femicidios y a la impunidad policial.

Tenemos que salir a la calle, organizarnos, pelear, exigir medidas urgentes.
Nuestra herramienta sigue siendo la movilización.
#NiUnaMenos #JusticiaporUrsula pic.twitter.com/Gc9ZLV4Cfg

— Myriam Bregman (@myriambregman) February 10, 2021

El patriarcado no termina con una ley. El machismo no se liquida con cursos de formación dictados por especialistas en violencia de género, ni con feministas ocupando ministerios y secretarías haciendo declaraciones altisonantes. Pero los femicidios sí pueden prevenirse, evitarse; se debe atender las denuncias de las víctimas de violencia antes de que sus consecuencias sean letales.

Y eso incluye no desmantelar los programas destinados a tal atención, ampliarlos, fortalecerlos con recursos, terminar con la precarización de sus trabajadoras y trabajadores que cargan con esta enorme responsabilidad, a pesar de sus magros salarios y sus infames condiciones laborales. Por eso, además de exigir Justicia por Úrsula y que su crimen no quede impune, como tampoco la represión de la que fueron víctimas sus amigas y familiares durante la movilización en Rojas, también decimos que el Estado es responsable.

A las 12 horas, nos concentramos en Plaza de Mayo. A las 17:30, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en CABA (Av. Callao 237). Pan y Rosas y el PTS-Frente de Izquierda adhieren a esta convocatoria junto a otras organizaciones y familias de víctimas de femicidio.