DEUDA PUBLICA. Kicillof al borde del default: una incógnita riesgosa para Fernández

"Queremos honrar nuestros compromisos pero en este momento no hay capacidad para hacerlo", sostuvo este martes en conferencia de prensa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para negociar con los bonistas la postergación por 3 meses el pago de U$S 277 millones.

Así, la voluntad de pago de la deuda no es puesta en duda en ningún momento ni por el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales, de eso hay certezas. Aún si en muchos casos se trata de deudas dudosas, odiosas (contra el pueblo trabajador) o fraudulentas, que mínimamente ameritan una auditoría.

Te puede interesar: Memorial del engaño: ¿por qué pagar una deuda odiosa?

"Estamos buscando situaciones de consenso y consentimiento”, sostuvo Kicillof, y aclaró: "Lo que se ha ofrecido no es cambiar las condiciones, sino postergar el pago". Además explicó, "lo que hicimos fue formalmente emitir lo que se conoce como una solicitud de consentimiento a los tenedores de un bono específico con vencimiento próximo el 26 de enero", indicó Kicillof junto a Pablo López, el ministro de de Hacienda y Finanzas provincial.

El gobernador bonaerense afirmó que esperan de los acreedores "un accionar de buena fe para que la resolución sea ordenada y por eso hemos recurrido a los mecanismos legales y hemos pedido el aplazamiento del vencimiento de este bono". Además, indicó que se necesita el consenso del 75 % de los tenedores para este acuerdo.

La jugada de Kicillof habría sido ligar el destino de la deuda de la provincia a los efectos que tendrá la renegociación de la deuda más en general, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores privados.

Una ¿apuesta? riesgosa

La duda que surge inmediatamente es, ¿qué pasará si los tenedores de bonos no aceptan el pedido de Kicillof y la resolución "no es ordenada"?

La primera alternativa es que, luego de la amenaza, el gobierno bonaerense decida retroceder sobre sus pasos e igualmente realizar el pago. Para ello no sólo deberá extraer recursos de otra parte (es decir, posiblemente mediante un mayor ajuste del gasto) sino que además sentaría un precedente peligroso de capitulación ante los bonistas. Esto impactaría en la renegociación de deuda a manos del gobierno nacional, cuyo argumento central para obtener solo "tiempo" es precisamente el mismo (no por ello menos cierto): que no existe capacidad de pago.

La otra alternativa, si los acreedores no aceptan, es que Kicillof deba defaultear (no pagar hasta nuevo aviso) esos bonos, tal como amenazó. Tampoco es un buen precedente viniendo del gobernador estrella del gobierno de Fernández. Un rescate por parte de este último a Kicillof es una opción ya descartada, por cuanto dejaría al descubierto la falsedad de la "inversión de prioridades" entre los especuladores y el pueblo que constituye una pata fundamental del relato del Gobierno. Pero además si el gobierno nacional enviara fondos, generaría fuertes reclamos por parte de los acreedores de títulos nacionales, sobre todo en moneda extranjera.

La opción del default en la provincia (en forma desordenada y no como una decisión soberana del pueblo de no pago acompañada de medidas estructurales), por "sólo" U$S 275 millones de dólares, podría ser el inicio de una cadena de incertidumbre que haga saltar por las nubes los indicadores mercantiles, impactando sobre el precio de los bonos y encendiendo aún más el riesgo país.

De esta manera, cabe pensar que el gobierno nacional (que ya dijo actuar "coordinadamente con la Provincia, aunque no enviará fondos) y el gobierno provincial tienen demasiada confianza en la "buena fe" de los acreedores. O bien, que estas maniobras están pensadas en una estrategia más general de presión en la renegociación con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional (FMI). De ser así, en ambos casos, sería una apuesta riesgosa. Más bien parecen emerger por doquier los síntomas de un problema de deuda más profundo, de la cual el pueblo trabajador no vio ni un peso.

Este lunes ya empezaron a mostrarse los primeros coletazos en los mercados con una caída de los bonos y algunas acciones. El martes continuó la incertidumbre con caídas en los títulos de deuda nacionales de hasta 6,3 % y desplome de acciones en la bolsa local de hasta 4,7 %.

Asimismo, el impacto llegó hasta el dólar, con un alza del mayorista que superó los $ 60 por primera vez desde las PASO de agosto. El Banco Central debió a intervenir con ventas en el mercado de cambios para contener el segundo avance consecutivo de la divisa.

Deuda bajo ley extranjera

El gobernador de Buenos Aires busca reperfilar (aunque en este caso con el consentimiento de la mayoría de los bonistas) hasta el 1 de mayo esta deuda por U$S 277 millones. Los bonos se componen U$S 250 millones en capital y U$S 27 millones en intereses y vencen el 26 de enero.

Se trata del bono BP21 emitido en 2011 por el ex gobernador peronista Daniel Scioli, con una tasa de 10,875 %, muy elevada respecto del promedio latinoamericano. La particularidad es que se trata de deuda con ley en Nueva York, es decir, tribunales extranjeros, de la misma forma en que se cedió la soberanía con los canjes de deuda nacional de 2005 y 2010.

En total, la deuda provincial que debe afrontar Kicillof en enero alcanza a U$S 725 millones, un monto que ronda los $ 45.675 millones, lo que equivale al 5 % del Presupuesto del año 2019.

De acuerdo al último informe trimestral de deuda de la Provincia, la deuda pública de la PBA al 30 de noviembre del 2019 fue de U$S 10.736,9 millones y representa el 9,1 % del Producto Bruto Geográfico (PBG). Este valor es similar al promedio 2007-2011 y representa un incremento importante desde el 2015, cuando significaba el 5,9 % del PBG. Sin embargo, la deuda en términos absolutos se mantuvo oscilante en torno a los U$S 12.000 millones en los últimos años.

El problema central que aborda la provincia es similar al del resto de las provincias y del país: el fin del financiamiento externo y la escasez de divisas.

Tras el anuncio de Kicillof y la publicación oficial de una solicitada a los bonistas, se dio paso al inicio formal de las negociaciones que deberán resolverse en los próximos días.

Los acreedores ya designaron a dos estudios de abogados para que inicien el diálogo, uno internacional (Arnold & Porter, que tiene su oficina central en Washington DC), y otro argentino (Bruchou, Fernández Madero y Lombardi).

Fuego cruzado

Mientras Kicillof responsabiliza a la gestión de Vidal por el incremento de la deuda provincial, en diarios opositores y redes sociales se ironizó sobre el bono emitido por el gobierno de Scioli, que forma parte de la misma coalición política peronista que Kicillof.

“Lo que vuelve insostenible la situación financiera de la Provincia es el fuerte endeudamiento del Gobierno anterior. En estos cuatro años de gestión, vencerán 8.800 millones de dólares, sólo este año serán 3.000 millones", describió Kicillof y explicó que durante el Gobierno de Macri hubo vencimientos por tan solo 4.400 millones.

De acuerdo a la Provincia, desde 2015 "la deuda medida en dólares se multiplicó: de 9.362 millones en diciembre de 2015, a 11.263 millones en 2019". No obstante ese cálculo descuenta "deuda flotante" (no registrada) que mantiene PBA.

También Kicillof aprovechó a responsabilizar a la oposición de Cambiemos de la decisión de postergar el pago de deuda, por haber reducido la “capacidad de recaudación” debido a los cambios realizados en la recientemente aprobada ley impositiva. “Cuando estuvimos discutiendo la ley impositiva nosotros le pedimos al macrismo que no privara a la provincia de recursos porque los necesitábamos”, dijo.

Te puede interesar: Kicillof tiene su ley fiscal y ahora los bonistas vienen al acecho

Axel Kicillof fue ministro de Economía de Nación durante el último gobierno de Cristina Kirchner, siendo su gestión una de las más abocadas a "volver a los mercados de crédito internacionales". Para ello se efectuaron pagos millonarios de deuda, y hubiesen sido aún mayores de no haber sido por la limitación que se interpuso tras el fallo del Juez Griesa a favor de los fondos buitre, que terminó resolviéndose a su favor en 2016 con los votos del peronismo en el Congreso.

En esta ocasión, se pedido "de buena fe" de Kicillof a los bonistas extranjeros no responde a un cuestionamiento sobre las millonarias ganancias que obtuvieron los especuladores con la deuda pública a costa de los padecimientos del pueblo trabajador. Una vez más, la reestructuración de deuda sin siquiera una investigación sobre su legalidad y legitimidad buscará hacer recaer los costos sobre los trabajadores.