SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE. Kicillof y Alak no cumplen promesas: se extiende la huelga de hambre en cárceles bonaerenses

En las cárceles bonaerenses ya son más de 1.200 los presos en huelga de hambre. Los reclamos además de urgentes son más que razonables: piden elementos de higiene como jabón y lavandina, que la atención médica y sanitaria en los penales sea la que corresponde y que se ejecute la resolución de la Cámara de Casación bonaerense para que las personas detenidas que pertenecen a grupos de riesgo obtengan medidas alternativas de detención, como reclamo también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según las fuentes consultadas por Télam, hasta el mediodía de hoy se hallaban en huelga de hambre 140 presos de la Unidad 12 de Joaquín Gorina; 26 de la Unidad 27 de Sierra Chica; 25 de la Unidad 31 de Florencio Varela; 22 de la Unidad 33 de Mujeres de Los Hornos; 42 de la Unidad 39 de Ituzaingó; 527 de la Unidad 48 de San Martín; 332 de la Unidad 41 de Campana y 70 de la Alcaidía Pettinato, de Olmos.

A la medida se sumaron más de 300 presos de la Unidad Penitenciaria 41 de Campana, en la que se hicieron presentes ayer funcionarios del Ministerio de Justicia provincial (a cargo de Julio Alak) e integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Las cárceles bonaerenses como las de todo el país un un foco de contagio para las miles de personas detenidas allí, en su mayoría presas por delitos contra la propiedad o por venta "al menudeo" de sustancias prohibidas. La mayor proporción de la población carcelaria pertenece a sectores pobres y están privados de su libertad con prisión preventiva.

En la Unidad 23 de Florencio Varela un joven murió y otros 40 detenidos fueron heridos mientras reclamaban lo mismo. La versión oficial fue que se trató de un enfrentamiento entre reclusos, pero los compañeros de Federico Rey, el joven de 23 años fallecido aseguran que lo mató un guardiacárcel.

Mientras la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires estuvo presente ayer en la Unidad de Varela sucedió el hecho y participó de los controles de salud realizados a los detenidos.

Tarde. Desde que comenzó la cuarentena obligatoria la Secretaría de Derechos Humanos estuvo ausente para preservar la vida e integridad de las casi 45.000 personas hacinadas en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

No se puede dejar de mencionar que lo ocurrido en Florencio Varela con Federico Rey no es un caso aislado. Este miércoles fue confirmado que el joven de 22 años preso en la Unidad Penal 1 de Corrientes, fue asesinado por una bala de las fuerzas de "seguridad". Como no podía ser de otra manera, la primer versión del ministro de seguridad de la provincia, es que se trató de una pelea entre presos, pero al conocerse el resultado de la autopsia, tuvo que salir a reconocer que mintió, y que el crimen fue cometido por un uniformado.

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Falsas promesas del Gobierno bonaerense

El martes pasado se realizó una reunión ante la gravísima situación en las cárceles bonaerenses. Estuvieron presentes el juez Víctor Violini, vicepresidente del Tribunal de Casación Penal, que el 8 de abril emitió una resolución en la que con su firma hizo lugar a un habeas corpus colectivo que otorga la prisión domiciliaria a unos 2.300 presos detenidos en penales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), pero que en su mayoría no fue efectivizada por los jueces de ejecución penal.

Los representantes de los presos que estuvieron presentes reclamaron que esa resolución se haga efectiva sin dilaciones, y que a las personas que pertenecen a grupos de riesgo, embarazadas, mujeres con hijos y mayores de 60 años se les otorgue la prisión domiciliaria para evitar que el ingreso del virus a los penales, que ya fue confirmado en varios casos, se convierta en una masacre.

En es reunión también se exigió al Gobierno de Axel Kicillof que provea de elementos básicos como jabones, alcohol en gel, lavandina, barbijos, guantes y que se garantice la adecuada atención médica y sanitaria para los internos.

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Hasta el momento son falsas promesas, y los presos siguen reclamando medidas urgentes para que el ingreso del virus a las cárceles no se transforme en una masacre, de la que el Estado será responsable.