Escenario Bonaerense. Kicillof y su negociación con los bonistas en tiempos de pandemia

Siguiendo los pasos de la propuesta realizada el jueves pasado por Alberto Fernández y su ministro de Economía Martín Guzmán, Axel Kicillof anunció que en las próximas horas le propondrá a los bonistas una reestructuración equivalente a 7148 millones de dólares. La propuesta del gobernador incluiría un período de gracia de tres años con una quita de intereses que rondaría el 55 %, además de una quita de capital del 7 %.

Si bien el gobernador venía anunciando desde semanas atrás el tenor de su propuesta, la formalización de la misma llegó recién ayer, justo en el momento en que varios de los grandes especuladores anunciaban su rechazo a la propuesta del gobierno nacional endureciendo una negociación que seguramente continuará en las próximas semanas o meses. A pesar de que la propuesta inicial del ministro Guzmán lejos estaba de ser una propuesta agresiva y les garantizaba un buen negocio, los bonistas quieren más y el propio ministro anunció que mejorará la oferta.

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Seguramente en este plano Kicillof seguirá el mismo camino. No podemos olvidarnos que a principios de año con el vencimiento de los 250 millones de dólares del bono denominado BP21 el gobernador terminó cediendo al chantaje encabezado por el fondo de inversión Fidelity –el mismo que ahora negocia con el gobierno nacional- para terminar poniendo la plata en sus bolsillos.

Al igual que la de Guzmán, la reciente oferta de Kicillof tiene el objetivo de garantizar “una trayectoria sostenible de la deuda”; hablando en criollo, garantizarle a los fondos de inversión el futuro pago de la deuda contraída bajo el gobierno de María Eugenia Vidal. Solo buscan patear para adelante una deuda ilegal y fraudulenta, que seguirá cayendo sobre nuestros hombros y profundizando la dependencia y el atraso del país. Preparan una salida de la cuarentena con una provincia más endeudada, con las cosecuencias económicas y sociales que esto trae aparejado y mayores penurias para los trabajadores y el pueblo pobre.

Hay que destacar que en medio de las duras negociaciones en curso entre el gobierno nacional y los especuladores, el próximo 1° de mayo el gobierno provincial tendrá que afrontar el vencimiento de más de 100 millones de dólares de capital del llamado Bono Par Mediano.

Si bien este nuevo bono a punto de vencer es mucho menor que el BP21 pagado en febrero pasado, la situación es cualitativamente diferente. Si en febrero el gobierno provincial tuvo que “rascar la olla” (al decir de Sergio Massa) -incluyendo el uso de los plazos fijos atesorados por varios municipios que hoy amenazan con no contar con los fondos necesarios para pagar los salarios a sus trabajadores y trabajadoras, ahora la olla está totalmente vacía por los graves efectos provocados por la pandemia y la crisis económica y social azuzada por la cuarentena, que golpea de manera dramática especialmente en el conurbano bonaerense. La economía provincial ha profundizado su dependencia de las finanzas nacionales sostenida a su vez por la creciente emisión en curso.

La propuesta de renegociación que Kicillof realizó recientemente a los fondos de inversión dejó afuera los 706 millones de dólares que la provincia le adeuda a los organismos multilaterales de crédito; desde el ministerio de Economía provincial siguen mostrando predisposición para pagar la deuda en pesos –alrededor de 800 millones de U$S-. En este plano estarían predispuestos a seguir la estrategia que Martín Guzmán para canjearla a tasas sostenibles. Una política similar se plantea con la deuda de 1700 millones de dólares que el gobierno provincial mantiene con Anses y con el propio gobierno nacional.

Kicillof: un pagador serial en medio de la pandemia

En momentos en que una parte de los millones de trabajadores y trabajadoras informales que habitan en el conurbano reciben los míseros 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) después de un mes en que sus magros ingresos se evaporaron, cuando los alimentos siguen sin llegar en la cantidad necesaria para paliar el hambre que azota a las barriadas más pobres y cuando miles sufren los despidos y las reducciones salariales, es una política nefasta seguir negociando los pagos de una deuda ilegal y fraudulenta que solo traerá mayores sufrimientos para el pueblo trabajador y los pobres de la provincia. Ante la pandemia que azota a millones, se convierte en una cuestión de vida o muerte el desconocimiento soberano de la deuda -tal como venimos insistiendo desde el FIT-Unidad- como parte de un plan integral para que la crisis no siga recayendo sobre nuestras espaldas. Quienes trabajan en salud, en locales de comidas rápidas y en aeropuertos, entre otros sectores, vienen demostrando que no se resignan a este presente y futuro de miseria al que nos quieren condenar. Tampoco lo hacen los trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes, que se movilizaron en Avellaneda para exigir que el gobierno provincial y el nacional garanticen que la patronal cumpla con la conciliación obligatoria, reactivando el funcionamiento del establecimiento y pagando los salarios adeudados.

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