Tribuna Abierta. La Amazonía arde y Áñez en campaña

En marzo del año pasado, el Gobierno de Evo Morales firmó un acuerdo con los agroindustriales de Santa Cruz, autorizando el uso de soya genéticamente modificada, negociación que de manera indirecta daba pase libre a la ampliación de la frontera agrícola en 250 mil hectáreas. Por otra parte en julio, también del 2019, se modificó con la aprobación del D.S. 3973 el artículo 5to. del D.S. 26075 (de febrero de 2001), para autorizar el cambio en el uso del suelo en Santa Cruz y en Beni, con fines agropecuarios. Es decir, ampliando la posibilidad de llevar adelante quemas forestales de manera indiscriminada ya que antes los considerados bosques permanentes estaban prohibidos de ser quemados. Todo esto con el objetivo de ampliar la frontera agrícola.

Este decreto autorizó el desmonte y quema “controlada” de bosques permitiendo el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, gestionadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), y sus Planes de Uso de Suelo vigentes (PLUS). “En ambos departamentos (Beni y Santa Cruz, NdR) se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan”, es lo que señala la norma.

Un mes después de haber sido promulgado el señalado decreto, los incendios forestales en la Chiquitanía se descontrolaron, calcinando todo lo que encontraban a su paso.

Este desastre ambiental duró por al menos dos meses, se inició a fines de julio extendiéndose trágicamente hasta septiembre del mismo año. El fuego dejó incineradas más de cinco millones de hectáreas del bosque tropical en la Chiquitanía y también arrasó en el gran Chaco. Según un informe de la Fundación Nativa, más de cinco millones de animales habían muerto durante los devastadores incendios.

No conforme con estos decretos ecocidas promulgados por Evo, el Gobierno de facto de Áñez y los agroindustriales acordaron la “liberación total” de las exportaciones, acuerdo que busca beneficiar particularmente a los agroempresarios de Santa Cruz.

El D.S. 4232 publicado el 7 de mayo por Áñez dio luz verde para el ingreso de una mayor variedad de semillas transgénicas al territorio boliviano, decreto que desató el rechazo inmediato de expertos y comunidades indígenas por los riesgos que implican estos productos para la biodiversidad.

Ruth Alipaz, coordinadora de CONTIOCAP, señaló que: “los transgénicos sin duda ponen en riesgo la salud del pueblo boliviano y su seguridad alimentaria, las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas serán invadidos por estos cultivos”, quien aseguró también que las más de cinco millones de hectáreas devastadas por los incendios forestales en la Chiquitanía el 2019, serían destinadas para ese fin.

La intención de la promulgación de estos decretos, es para dar vía libre a los agroindustriales y que estos entren a nuevas tierras con agresividad, como lo vienen haciendo hasta ahora con las quemas y deforestación de gran parte de la Chiquitanía para que de ese modo puedan contar con mayor cantidad de tierras y cultivar transgénicos.

Estos decretos son ilegales, puesto que van en contra de lo que dicta la Constitución Política de Estado, en el artículo 255 se precisa la prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. También la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, promovida por Evo Morales, prohíbe la introducción, producción, uso, liberación y comercialización de semillas modificadas que corresponden a cultivos originarios de Bolivia y de aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad y la salud.

Es lamentable que por cálculos políticos se omitan estas normas, y provoquen un daño irreversible a la Chiquitanía, ya que quienes saldrán beneficiados de haber quemado extensas superficies serán y son los aliados del Gobierno, los interculturales del occidente y los empresarios del agronegocio. Beneficio para pocos mientras quienes pagan las consecuencias son los animales que habitan en este ecosistema, los bosques y en general toda la flora y fauna así como las comunidades que habitan en la zona.

Aun después del golpe de Estado, perpetrado por Áñez y todo el bloque golpista, los incendios no pararon y continuaron siendo reportados, aunque ya no eran de gran magnitud, los comunarios y algunos ambientalistas trataban de controlarlos con sus propios recursos. Sin embargo hoy vemos que la situación estuvo lejos de ser controlada. No solo que hubo una continuidad en los incendios sino que ya desde hace varias semanas el fuego se volvió a expandir en vastas zonas del pantanal, avanzando sin control y nuevamente arrasando la Chiquitanía y extendiéndose hasta el Parque Nacional Noel Kempff Mercado del departamento de Santa Cruz.

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Algunos antecedentes

La Fundación Solón, hizo notar que entre el 1 de enero y el 22 de julio de 2020 se registraron 48.668 focos de calor en todo el país, según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente. Durante el mismo período, en 2019, se registraron 44.902 focos de calor, lo que significa un incremento del 8,3%.

A raíz de las denuncias y el silencio absoluto de los políticos del agronegocio ante incendios en diferentes regiones del país, el pasado mes se realizó una audiencia virtual que duró dos días, el 17 y 18 de agosto. Los jueces Nancy Yañéz de Chile; Patricia Gualinga de Ecuador y Felicio Pontes de Brasil, fueron quienes dirigieron las audiencias en las que recibieron los testimonios de las organizaciones indígenas, activistas, bomberos, la gobernación de Santa Cruz y el gobierno municipal de San Ignacio de Velasco.

Por lo que, el jueves 20 de agosto, en la audiencia, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIND) resolvió en la lectura de la sentencia que, el caso de los incendios en la Chiquitanía, el Chaco y la Amazonia, del 2019 fueron “un ecocidio provocado por la política del estado y el agronegocio”, también se exigió la abrogación de las normas que fueron señaladas como “incendiarias” para que en un futuro estos catastróficos hechos no vuelvan a ocurrir.

Este tribunal dictó una sentencia por ecocidio, en respuesta a las pruebas recibidas durante el juicio y la constatación de la responsabilidad de los perpetradores y la intencionalidad detrás de estos hechos, concluyendo: “… que corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecoregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia al: gobierno de Evo Morales 2019, gobierno Áñez 2020 y gobernación de Santa Cruz y Beni; (a la) Autoridad de fiscalización y control de Bosques y Tierra (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras; (a la) Asamblea Legislativa. Bancadas del oficialismo y la oposición; (a la) fiscalía, poder judicial y tribunal agroambiental; (y al) extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación”

En la resolución se ordena al gobierno de facto de Bolivia la abrogación de las leyes que promueven la ampliación de frontera agraria y con ello las quemas y desmonte, específicamente las siguientes:

1. Ley N° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques y su D.S. 1578.
2. Ley N° 502, ley n° 739 y ley n° 952, de ampliaciones del plazos y modificaciones de la ley 337.
3. Ley N° 741, de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias.
4. Ley N° 1171 de uso y manejo racional de quemas.
5. D.S. 3973 de modificación y ampliación del desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.
6. Ley N° 1098 y D.S. 3874 sobre autorización de eventos de soya transgénica asociada a la producción de biodiesel.
7. Ley departamental 93/2019 (Beni) sobre la aprobación del plan de uso del suelo del Beni.
8. D.S. 4232 y D.S. 4238 que autorizan al comité nacional de bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
9. R.A. 084/2020 SENASAG que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp. Para ser implementados en plantaciones forestales.

Los miembros del tribunal se comprometieron a dar seguimiento permanente a este caso y que su vez abrirían la presente sentencia a toda la asamblea de TIND para conseguir más adhesiones [1].

Vallegrande es otra de las áreas afectadas con este voraz incendio, por más de 5 días, el fuego ha ido avanzando y se ha descontrolado, afectando a tres comunidades: Toco, Plan y Citanos. Los comunarios piden ayuda. “queremos el apoyo de comunarios, (…) de los residentes que nos están viendo de Santa Cruz, para matar este fuego que se está comiendo harto vegetal…”.

Otra de las reservas naturales, según la ABT, reporta un extenso incendio es el TIPNIS, donde aproximadamente 10,000 hectáreas estarían siendo afectadas en es te territorio indígena y área protegida.

Hace algunos días, el subgobernador de la provincia de Larecaja, Ever Villanueva, en contacto telefónico con la Radio Líder 97, pedía ayuda inmediata a la gobernación de La Paz y Defensa Civil. Ya que las comunidades afectadas por el incendio forestal en el municipio de Tacoma: Chumisa, Villageneral, Peñaranda y Florida, se quedaron sin luz ante la propagación del fuego ya que más de 2.000 metros de electricidad se quemaron, también quedó afectada su producción y sus animales, son 200 familias afectadas.

Los datos lanzados por el monitoreo satelital de la ABT, muestran que entre las fechas 3 y 9 de agosto se registraron más de 10.545 focos de calor y en esta última semana fue de 1.506 focos, la mayor cantidad detectados en el municipio de Puerto Suárez,, San Ignacio, San José, Puerto Quijarro y Pailón, del departamento de Santa cruz. Mientras que en el departamento de Beni los focos de calor se han concentrado en los municipios de Exaltación, Magdalena, Santa Ana y San Ramón. Los pobladores, los voluntarios y bomberos con recursos propios sin recibir ayuda alguna han tratado de combatir el fuego.

El activista ecológico y director de la Fundación Solón, Pablo Solón, se refirió respecto a la situación, mencionó que, de acuerdo a la evaluación realizada, los incendios forestales que se han ido propiciando durante estos meses fueron mayores que el año pasado, “si la tendencia continua, vamos a una pandemia de fuego”,” la situación se repite, el gobierno de (…) Jeanine Áñez representa a los sectores del agronegocio interesados en expandir las quemas para su producción”, señaló.

La (i)rresponsabilidad de los golpistas

Tras, haber recibido varias críticas en las redes sociales el ministro de Defensa, Fernando López, hace unos días confirmó que las áreas afectadas por las quemas fueron de menor magnitud en comparación al 2019. En una entrevista con el programa “Primero la verdad” de Bolivia TV, señaló: “el año pasado fueron más de 2 millones de hectáreas afectadas y este año, (…) es mucho menor, gracias a dios hay menos, (…) y esperemos que se mantenga así”, aseveró López.

Así mismo, la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, realizó un sobre vuelo por el municipio de San Ignacio y el parque Noel Kemptff Mercado e informó a los medios de comunicación que, efectivamente, los incendios forestales ya afectaron a 500.000 hectáreas. Así, luego de “reconocer” este desastre que como bien sabemos no es un accidente natural sino que es un crimen social, señaló que el Gobierno impulsará un plan para sofocar los fuegos.

Las declaraciones vertidas por ambos ministros, prácticamente minimizan impúdicamente el desastre ambiental que está causando los incendios, devorando la Chiquitanía y otras zonas del país. Incendios propiciados por los agroindustriales con quienes Evo Morales y Jeanine Áñez firmaron decretos ecocidas, para beneficiarse a costa de la vida de los bosques, de los animales y las comunidades que habitan dentro de estas reservas forestales.

Por otro lado, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, declaró tardíamente emergencia departamental, “hoy 14 de septiembre, mediante decreto departamental 316, (…), declaramos emergencia departamental, debido a las variaciones climáticas que se están ocasionando y a la nula precipitación que está habiendo, al estrés hídrico, sequía, a los incendios forestales, etc.”. Y, de manera cínica alude toda responsabilidad a la falta de lluvias que ocasionaron la sequía.

A todo esto, Jeanine Áñez, durante el lanzamiento de convocatoria para la licitación de buses Pumakatari, anunció a los medios de comunicación que abrogaría el DS 3973 en el trascurso de estas horas, “el ministro de Defensa ya está encomendado, le he instruido que trabaje, que atienda y que no permita que esto avance”, “Evo Morales aprobó esa ley y nosotros lo vamos a abrogar”, señaló. Declaraciones, por decir lo menos, poco congruentes y que provocan gran indignación ya que resta seriedad a las quemas. Después de haber ignorado por meses estos incendios, Áñez “movilizó a algunos de sus ministros” .

Esta situación de crisis en medio de la pandemia desnuda con mucha claridad los intereses de clase del actual Gobierno. La abrogación del D.S. 3973 se realiza luego de que ya está consumada la gran deforestación al servicio de la agroindustria y de los grandes ganaderos.

La Amazonia, considerada el pulmón del planeta, se sigue consumiendo por el fuego, amenazando y destruyendo miles de especies de fauna y flora, las cenizas contaminan el agua dulce del lugar. Esta tragedia es el resultado de las políticas extractivitas que impulsa el gobierno de facto, favoreciendo la deforestación para la explotación comercial de la selva.