El martes 3 de abril, a casi 15 años de la denominada masacre de octubre del 2003, un jurado de Estados Unidos declaró culpables, en primera instancia, a Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente boliviano y su ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Aún el juez puede modificar parcialmente esta resolución.
Miércoles 4 de abril de 2018 09:47
Foto: paginasiete (archivo)
El martes 3 de abril, a casi 15 años de la denominada masacre de octubre del 2003, un jurado de Estados Unidos declaró culpables, en primera instancia, a Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente boliviano y su ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín; por la muerte de más de 80 personas ocurridas en esa fecha. Ambos luego de estos hechos huyeron a Estados Unidos donde residen hasta la fecha. Se instauró un juicio civil en su contra por los familiares de 8 víctimas que se movilizaron buscando justicia. La decisión del jurado de la Corte se da a poco más de una semana del inicio de la deliberación, que comenzó el pasado 26 de marzo.
El jurado de Fort Laderdale (Florida) halló culpables a Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín de realizar un plan operativo para matar al pueblo en las revueltas de octubre negro. Ese levantamiento popular se originaba en la oposición del pueblo alteño a la venta de gas a California a través de un puerto chileno.
Foto: El Diario (archivo)
Un punto que se discutió en la corte fue la caravana de la muerte del domingo 12 de octubre, durante la cual murieron 19 personas. Esa fue la piedra angular de la parte acusadora, exponiendo así, que sobre la base de proveer combustible a la ciudad de La Paz, mostraron al jurado que había un plan para matar civiles en octubre de 2003. Por su parte, la defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, alegó que los civiles murieron fruto del fuego cruzado entre fuerzas del orden y golpistas.
Foto: La Razón (archivo)
Este veredicto del jurado puede ser modificado por alguna causal legal que el juez considere luego de una audiencia informativa que se realizará el próximo 4 de mayo. Como afirmó la abogada de las víctimas, los hechos y la culpabilidad ya han sido determinados pro el jurado, de esta manera, el juez sólo podrá modificar el veredicto ante alguna causal legal pero sin modificar los hechos determinados en el proceso.Frente a esta situación la defensa afirmó que apelarán las decisiones del jurado o del juez si ésta última se ratificara.
Por unanimidad, el jurado de la Corte Federal declaró como responsables al expresidente y a su exministro por “ejecuciones extrajudiciales” ocurridas en aquella fecha. Según diversas agencias informativas el veredicto del jurado exoneró a ambos de haber cometido "homicidio culposo". Esta diferencia fue denunciada por los abogados defensores como una incongruencia que ameritaba anular el juicio, reportó AFP. También medios oficiales reportaron que el jurado dictaminó una compensación económica a favor de las víctimas, un monto que asciende a los 10 millones de dólares.
Esto visibiliza un avance en la demanda de los familiares de las víctimas que tuvieron que buscar justicia casi en soledad dado que el gobierno boliviano no tuvo ningún papel en esta demanda. Si bien la remuneración económica puede ser una ayuda, las exigencias van más allá de la remuneración económica, que por otra parte sólo va a beneficiar a las 8 familias involucradas en la demanda. Como se señaló, la demanda fue realizada de manera privada por dichas familias, es decir, sin el involucramiento de parte de la procuraduría del Estado boliviano ni de la Defensoría del Pueblo u otras instancias.
Por otra parte, esta sentencia se da en el momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) acaba de admitir la demanda contra Evo Morales y Álvaro García Linera por las ejecuciones llevadas adelante en el Hotel las Américas el año 2009. Esta situación fue resaltada por uno de los familiares de las víctimas de octubre del 2003 quién afirmó depositar su plena confianza en la justicia norteamericana y un límite a los intentos prorroguistas de Evo Morales.
Si bien este es un primer paso en la búsqueda de cárcel y castigo para los asesinos de octubre del 2003, paso que servirá también como punto de apoyo de la demanda penal en Bolivia, quedan aún hoy más de 70 víctimas de octubre cuyos daños y pérdidas continúan sin resarcimiento. La inactividad por parte del gobierno boliviano en impulsar los juicios penales está permitiendo que Sánchez de Lozada y todos los responsables de la masacre de octubre 2003 continúen en la impunidad. Es necesario recibir este fallo manteniendo la más absoluta desconfianza de la justicia imperial norteamericana así como de la justicia controlada por Evo Morales que hasta la fecha no ha dado pasos consistentes en esta causa.
