El desarrollo de la crisis económica, el coronavirus y las políticas del gobierno en Chile, se transforman en un triada de grandes proporciones, las políticas de no protección al empleo, ha tenido efectos de grandes proporciones en millones de familias en Chile, donde nuevamente la crisis termina por ser cargada en los hombros de los trabajadores.
Miércoles 29 de abril de 2020
Este remezón laboral y económico va a llevar a miles de trabajadores en Chile a altos niveles de precarización laboral y, por otro lado, el crecimiento de los índices tanto de endeudamiento como de pobreza.
La región de La Araucanía
En el caso de la región de La Araucanía, se presenta como la región con el mayor porcentaje de personas en pobreza multidimensional según la Casen 2017, inclusive, si observamos a nivel nacional desagregado por comuna, es posible evidenciar que 7 de las 10 comunas más pobres por ingreso en el país pertenecen a La Araucanía y a su vez, la informalidad laboral alcanza las 165.010 personas, ahora, con las políticas instauradas por el gobierno de Piñera que vienen a salvaguardar los intereses empresariales, el aumento del empleo precario y la pobreza se transforma en una realidad para la segunda región con mayor cantidad de casos de Covid-19.
La implementación de la Ley de –des-protección del empleo del gobierno de Piñera ha generado que 66.573 empresas hayan solicitado la suspensión temporal del contrato lo que involucra a un total de 516.826 trabajadores. Así también, el aumento de las solicitudes del seguro de cesantía a nivel nacional ha crecido un 20,6% respecto a la misma fecha del año 2019.
La Araucanía se ubica como la tercera región con mayor porcentaje de trabajadores que se acogieron a la suspensión de contrato con un 5,7%, solo superado por la región de Valparaíso (7,1%) y la RM (63%). Mientras que del total nacional de empresas que se acogieron a la suspensión laboral, un 6,5% es en la región de La Araucanía.
Ahora bien, si observamos las cartas de término de contrato registradas durante el mes de marzo en la región, es posible observar que se generaron un total de 13.294, en comparación a las 9.534 que se habían registrado para el mismo mes en el año 2019.
La realidad en Chile
La realidad en Chile está por fuera de los límites de las políticas del gobierno, la crisis económica que deberán pagar millones de trabajadores a través de sus ahorros y pérdidas, se suma al alto índice de trabajo informal que existe en el país, los más de 600.000 desocupados, los más de 700.000 adultos mayores trabajando, etc. Dejan entrever que las políticas de un supuesto “salvataje” al empleo de Piñera, el que es más bien “salvataje a las grandes fortunas”, dejando a la deriva a millones de trabajadores y sectores empobrecidos.
Mientras los empresarios justifican los despidos y descuentos salariales por bajos niveles de ventas o baja producción, hay que exigir ver los libros de contabilidad, donde es claro que las ganancias que llevan acumulando por años a través de la fuerza de trabajo permite pagar sueldos completos sin despedir a ningún trabajador.
Frente a esto, se hace urgente levantar un plan de emergencia con cuestiones mínimas para evitar el remezón laboral a la clase trabajadora y los sectores más empobrecidos, se abre la necesidad de que todos los hogares tengan un ingreso mínimo garantizado durante la crisis sanitaria, los ocupados y desocupados están sufriendo a todo golpe la crisis, mientras el 1% más rico de Chile concentra el 31% de los bienes y servicios que produce y presta el país, hoy se despide o se recorta salario de millones, es por esto que es necesario que se realice un impuesto extraordinario a las grandes fortunas como los Luksic, Angelini, Piñera, Matte, etc. Y con la eliminación del IVA a todos los artículos de primera necesidad en plena crisis.
La prohibición de despidos sin ninguna rebaja salario y salario de emergencia para los trabajadores, mientas que la bonificación de $50 mil pesos se transforman en una burla para millones de familias, donde cubre apenas unos días de comida, es posible un subsidio de $500.000 para trabajadores independientes e informales, quienes ha quedado demostrado son uno de los grupos mayormente afectado ante esta crisis, que no tienen ninguna garantía de subsistencia.
En el caso de las industrias y/o empresas no esenciales, este si pueden paralizar sus funciones, además de ser capaces de garantizar el 100% de salario de los trabajadores, con prohibición de despidos y licencias laborales masivas que contemplen el pago del 100% del salario y que se aplique de forma automática.
