Se imponen algunas reflexiones provisionales sobre lo que sucede por estas horas en el continente, mientras presenciamos un golpe de Estado finalmente consumado en Bolivia que debe ser repudiado sin condiciones; la liberación de expresidente Lula Da Silva en Brasil que cambia radicalmente el escenario político del país continente; las movilizaciones en Chile que no logran la caída de Sebastián Piñera, pero el Gobierno tampoco puede contenerlas y antes tuvieron lugar las movilizaciones en Ecuador. Evidentemente, es una crisis que comenzó con el agotamiento del ciclo de los Gobiernos llamados posneoliberales, “progresistas” o “populistas” en la región hace algunos años. Lo que termina con la consumación de un golpe en Bolivia o el riesgo que corre el Frente Amplio en Uruguay, que puede perder las elecciones en el balotaje, expresan las últimas manifestaciones de ese fenómeno. Pero también hay que constatar que lo que hace un tiempo parecía una ola imparable de gobiernos de derecha que se asentaban en la región tampoco fue tan así. Esta ola incluía a Macri en la Argentina, a Piñera Chile, a Iván Duque en Colombia, al renunciado Pedro Kuczynski en Perú, a Jair Bolsonaro en Brasil y hasta Lenín Moreno en Ecuador que, nacido en el corazón del correísmo, se sumó a esa tendencia. La mayoría enfrentó protestas que limitaron sus políticas, afrontaron crisis que horadaron su poder o directamente fueron expulsados del Gobierno. Basados esencialmente en el rechazo a las experiencias de los gobiernos llamados posneoliberales, no lograron sedimentar una nueva hegemonía ni en sus países ni en la región. Las perspectivas derrotistas que veían una avanzada imparable y sin contradicciones de las derechas (e incluso el fascismo hecho y derecho y sin contradicciones en Brasil) fueron desmentidas por una realidad más compleja. En cierta medida, el escenario político regional se pone más a tono con la relación de fuerzas que complica la continuidad de los gobiernos progresistas, pero tampoco habilita la implantación de un neoliberalismo salvaje como exige el establishment. Los líderes que se reunieron en Buenos Aires como parte del “Grupo de Puebla” parece que buscan reeditar un nuevo progresismo sobre la crisis o el fracaso de los gobiernos de derecha. El problema de fondo que cruza a todos los gobiernos es la escasez. Para demasiado neoliberalismo no hay relación de fuerzas; para hacer demasiado reformismo, no hay recursos. No están a disposición los mismos recursos que tuvieron los gobiernos de la primera ola (precios altos de las materias primas, crecimiento económico mundial) y, lógicamente, no hay recursos si no se apuesta a afectar intereses de quienes los poseen. Aquellos procesos no se explican sólo por el superciclo de las materias primas y el contexto internacional favorable, pero tampoco se entienden sin esos factores. Al igual que por las revueltas y estallidos que recorrieron el subcontinente a fines de la década del siglo pasado y comienzos del actual. En ese marco, es llamativo que, desde cierto progresismo, se celebre con tanto ahínco la desmovilización de la Argentina. Parece que el país contencioso de ayer finalmente encontró el secreto de la Coca Cola que le permite procesar ajustes dentro de los buenos modales de la política institucional y sin el ruido de la calle. Esto se contrapone a las revueltas o estallidos que tienen lugar en la región desplegando una operación discursiva que acentúa una de las consecuencias, si se quiere más la dolorosa, por la represión de los gobiernos y la violencia hacia los manifestantes, y se subvalora la otra faceta: todas las posibilidades que abren los acontecimientos. En Chile, dos semanas de “lucha de clases”, aunque no lograron tirar al gobierno de Piñera, rompieron un paradigma de cuarenta años que viene afectando la vida de las grandes mayorías. En la Argentina, Macri pudo ponerse el país de sombrero, hipotecar a varias generaciones, destruir la economía y todo eso como dijo Nicolás Dujovne, “sin que se caiga” el gobierno. Se supone que si no hay estallido o reacción, no hay crisis; cuando la realidad en ese caso es que la crisis opera con el terreno despejado. Y en esto no se toma en cuenta que la génesis de la decadencia de Macri tuvo lugar en la calle: en diciembre de 2017 cuando quiso implementar la reforma en el sistema previsional y chocó con una resistencia dura y contundente en la calle. Para fortalecer esta perspectiva, digamos, institucionalista, se evoca a la crisis de diciembre 2001 de la historia argentina reciente. La gestión memorial de aquellas jornadas también fue objeto de operaciones ideológicas. Especialmente, los fatalistas que diluyen la multiplicidad de los posibles contenidos de un acontecimiento en la potencia del hecho consumado y consideran que fue una catástrofe de dimensiones homéricas que no debería repetirse. Este relato estatalista considera que la política se reduce al acceso al Estado tal cual es y su administración con sentido progresista para contener y evitar las crisis con los pactos graduales con los poderes fácticos (objetivo que a la corta o a la larga, no logran) y no para desarrollar todas las posibilidades que anidan en su seno. Se machaca con la idea de que las jornadas fueron “los días que estuvimos en peligro” y no las horas en las que un pueblo salió a las calles con la posibilidad de “tomar en sus manos el gobierno de sus propios destinos”. Se demoniza la calle y se idolatra al Palacio. Como lo vemos descaradamente en Bolivia con una derecha radicalizada que ocupa sin pruritos la calle, pero también antes en Brasil con un golpe institucional, en Chile con la violencia imparable del gobierno y el Estado; la derecha no tiene reparos “cívicos” para radicalizarse. Sin calles, sin acción colectiva, sin “lucha de clases”, llevan siempre las de ganar. El mal menor termina convertido en el camino hacia el mal mayor. O la valoración de esta quietud transforma la utopía del mal menor, en la menor de las utopías.
