LA OFENSIVA JUDICIAL DEL 155. La Audiencia Nacional imputa por rebelión a Puigdemont y al Govern catalán

Foto: EFE/ STEPHANIE LECOCQ

Edició català

La jueza de la Audiencia Nacional convoca a Puigdemont a presentarse este jueves en Madrid e impone un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros, como castigo por la celebración del referéndum del 1 de octubre. La jueza Lamela es la misma que lleva la causa por sedición contra el ex jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los líderes de la ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Puigdemont, que sigue en Bruselas, corría el riesgo de ser puesto en prisión preventiva este jueves, como ya ocurrió con los Jordis el pasado 16 de octubre.

La citación de la Audiencia Nacional llega el mismo día en el que el Tribunal Supremo llama a declarar, también el 1 y el 2 de noviembre, a los miembros de la Mesa del Parlament catalán acusados también de rebelión, sedición y malversación por haber permitido la votación de la República catalana el pasado viernes 27 de octubre. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la declaración de independencia al tramitar un recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La fiscalía del Estado había iniciado este lunes la querella contra el Govern, con un archivo que había titulado "La caída será más dura", según se filtró en la prensa, mostrando toda la intencionalidad del Régimen.

Frente a semejante escalada represiva, la respuesta de Puigdemont y la dirección del independentismo ha sido llamar a la "moderación" y la calma, negándose a convocar a resistir con la movilización.

Tanto la fiscalía como la Audiencia Nacional son piezas claves del Régimen monárquico del 78. Este organismo judicial ha garantizado, por ejemplo, la impunidad de los crímenes del franquismo, impidiendo que la querella argentina lograra la extradición de asesinos y torturadores para juzgarlos. Es la misma Audiencia Nacional que condena a periodistas, youtubers y tuiteros por expresar su opinión contra la monarquía o el régimen, e impone condenas a los activistas amparándose en la Ley mordaza.

En el caso de la jueza Carmen Lamela, es la misma que ha aceptado tratar como “terrorismo” una pelea en un bar de Alsasua -que terminó con un Guardia civil con lesiones en un tobillo-, imponiendo la prisión preventiva desde hace un año para tres jóvenes vascos y apresta a condenar a los jóvenes de Alsasua en uno de los casos judiciales más escandalosos de los últimos tiempos, donde el fiscal pide penas que suman hasta 375 años para 8 de ellos.

La escalada represiva por la vía judicial al movimiento democrático catalán, hoy concentrada en imponer “penas ejemplares” para sus dirigentes, es la punta de lanza de un Régimen que, si logra imponer esta restauración conservadora, pasará a una mayor ofensiva contra el conjunto de los trabajadores, activistas y luchadores, no solo en Cataluña sino en todo el Estado español.

Por eso en este momento es clave desarrollar una gran movilización y resistencia, en todo el Estado, contra la aplicación del 155, contra las causas judiciales a los dirigentes del proces y por la libertad de todos los detenidos. Una causa democrática que debe unirse a un movimiento democrático en todo el Estado español contra la monarquía y el régimen, por la libertad de Alfon y los jóvenes de Alsasua, por la anulación de la Ley mordaza y el cese de todas las causas contra activistas y luchadores.

Unidos Podemos, CCOO, UGT deberían abandonar ya mismo su falsa equidistancia en esta cuestión -que solo favorece la represión del régimen- y llamar a movilizarse decididamente junto a l resto de las organizaciones sindicales y políticas de izquierda que ya lo están haciendo, contra el 155 y sus medidas liberticidas.