Según circuló en distintos medios gremiales, el consejo directivo adelantó que las obras sociales sindicales “no están en condiciones cubrir esas prácticas”.
Jueves 5 de julio de 2018 13:32
El proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo comienza a tratarse en pocos días en el Senado. A las maniobras de Michetti, Pinedo y otros senadores, se suman los mensajes de otros sectores políticos. Es el caso de la burocracia sindical peronista.
En las últimas horas trascendió en distintos medios que el consejo directivo de la CGT pidió una reunión con el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Allí le plantearán que las obras sociales sindicales no están en condiciones “de costear estas prácticas si la ley es aprobada”, por lo que pedirán explicaciones sobre “cómo se financiarán”.
Si la ley es aprobada, como reclaman millones de mujeres que se referencian en la marea verde que se viene movilizando por el derecho al aborto legal, las obras sociales no pueden negarse a realizarlo. La ley expresa claramente que la interrupción voluntaria del embarazo, en forma gratuita y segura, forma parte del Programa Médico Obligatorio (PMO) que alcanza a las obras sociales.
Este pedido podría tratarse de un capítulo más del tironeo entre los gremios y el gobierno por el dinero de las obras sociales que el Estado tiene retenido.
Pero claramente se trata de un mensaje por parte de una dirigencia sindical que ya ha mostrado su posición al respecto. Así sucedió con la cantidad de dirigentes que firmaron la declaración del peronismo contra “la cultura del descarte”. Allí estaban Hugo Moyano (Camioneros), Antonio Caló (metalúrgicos), Julio Piumato (judiciales) y el triunviro Héctor Daer (Sanidad). Además se conoce la posición cercana al papa Francisco de Juan Carlos Schmid y de otros dirigentes cegetistas. Por si esto fuera poco, en el recinto de la Cámara Baja, varios de los diputados de extracción sindical votaron contra el proyecto de la Campaña que recibió media sanción.
Nos encontramos ante un claro mensaje político e ideológico de las cúpulas del sindicalismo peronista, que una vez más le da la espalda al reclamo de las mujeres, que exigen la legalización del aborto para que no sigan muriendo jóvenes, trabajadoras y pobres a causa de la clandestinidad.
Hasta pasado el mediodía de este jueves no se conocían declaraciones de dirigentes sindicales que desmintieran la información que transcendió.
Como sostuvo el propio ministro Rubinstein en las audiencias del Congreso, la legalización de la práctica no generará nuevos gastos ni requerirá nuevas partidas presupuestarias para asistir la demanda. Por el contrario, de legalizarse, el Estado se evitará los millones de pesos que el sistema de salud destina anualmente para cubrir la atención de las consecuencias que ocasionan los abortos realizados en condiciones de insalubridad.
Además, si el Estado garantizara la producción de misoprostol y mifepristona, buena parte de los abortos podrían practicarse por esta vía, mucho más barata y a la vez más efectiva, según la OMS y el Ministro de Salud.
