Lo señala un informe desclasificado de la agencia de inteligencia estadounidense escrito en 1984. El partido independentista vasco EH Bildu pidió que Felipe González, entonces presidente del Estado español y dirigente del PSOE, de explicaciones al Congreso.
Lunes 15 de junio de 2020 23:08
Siempre se supo que el gobierno del PSOE (1982 y 1996) encabezado por Felipe González promovió la formación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), las bandas parapoliciales que llevaron adelante la guerra sucia contra la izquierda independentista vasca dejando un reguero de asesinatos y torturas.
Ahora un informe desclasificado de la CIA, redactado en aquellos años, confirmó los hechos. Uno de los pasajes clave dice: “González ha aprobado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir [a la ETA y otros grupos] por fuera de la ley”.
“Dirty war”
El término “guerra sucia”, que aparece en el informe de la CIA del 19 de enero de 1984, era usado por la agencia estadounidense en referencia a operaciones de terrorismo de estado que impulsaba en todo el mundo a fines de los 70 y durante los 80. Ejemplos de esto son la "contra" nicaragüense, una guerrilla organizada contra los campesinos y trabajadores que habían derrotado a la dictadura de Somosa, otros grupos paramilitares terroristas en otros países de Centroamérica como El Salvador, el Plan Cóndor en Sudamérica de la mano de los militares genocidas y las burguesías de esos países, y operaciones similares en distintos puntos del globo.
El informe refleja, además de la frase antes citada, que “el gobierno [de Felipe González] ha adoptado una estrategia poco ortodoxa” que incluían, por ejemplo, la contratación de mercenarios extranjeros.
Las operaciones del GAL comenzaron tres meses antes de la redacción de este informe, con el secuestro y ejecución de Lasa y Zabala, aunque en enero de 1984 todavía no era público ni su asesinato, ni la existencia del GAL. Sin embargo, la CIA ya estaba al corriente, no sólo de la creación de este cuerpo parapolicial, sino de los anteriormente utilizados por la “joven democracia española”, como Anti Terrorismo ETA (ATE), la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) o el Batallón Vasco Español.
Este tipo de bandas fueron llamadas “grupos incontrolados” en la llamada Transición al régimen pos franquista y fueron uno de los caminos abiertos desde los cuerpos represivos franquistas hasta las nuevas cloacas del estado, pero también el lugar de paso de mercenarios internacionales. Esta práctica fue probada en el juicio en Lisboa al subcomisario Amedo, por contratar sicarios con fondos del Estado español para atentar en el sur de Francia, pero también lo expresa el informe al señalar que “los mercenarios no tendrían por qué ser necesariamente españoles”.
-27 asesinatos
-Secuestro, torturas, tiros en la nuca, cal viva.
-Intxaurrondo.
-Malversación.
-Terrorismo de Estado.“A pesar de lo que hicimos” 🤨 la prensa española en su línea 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/GeD2vLKXCM
— Protestona 😷 (@protestona1) June 15, 2020
La trascendencia de este informe ha empujado a los parlamentarios del partido vasco EH Bildu a solicitar la comparecencia de Felipe González en el Congreso para explicar su relación con la guerra sucia que siempre ha negado pero por la que fueron condenados algunos de miembros de su gobierno.
"Creían que no nos íbamos a atrever"
Por otra parte el informe recoge ya en 1984 algunas de las líneas de represión utilizadas más adelante por el Gobierno, como la “autoridad para disolver partidos políticos”, la “previsión de cerrar medios de comunicación” o “eliminar restricciones a la policía”.
Estas medidas serían tomadas en la década del 2000 en casos como los de los diarios vascos Egin (cerrado en 1998) y Egunkaria (cerrado en 2003), o los múltiples partidos políticos ilegalizados a través de la reaccionaria Ley de Partidos de 2002. Como diría provocativamente el derechista José María Aznar, presidente entre 1996 y 2004, "creían que no nos íbamos a atrever", incluyendo en el "nos" al poder judicial representado entonces por el juez Baltasar Garzón.
Mientras, la “guerra sucia” continuaba por parte del Estado con ejecuciones extralegales y más de 3.000 casos de tortura denunciados en Euskadi después de 1978.
Las conexiones entre el terrorismo de Estado y el gobierno quedaron más que demostradas con la condena al exministro de Interior José Barrionuevo y el secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Ambos recibieron la cordial visita en prisión del expresidente González y tres meses después serían indultados por el gobierno de José María Aznar. Entre 1983 y 1987 se les identificaría como ejecutores de 27 víctimas mortales, varios secuestros y decenas de casos de torturas, todo ello con el visto bueno y el sueldo a cargo del gobierno de Felipe González.
Antológica en su día fue esta entrevista.https://t.co/0Xjeo60TED
— Guillem Clua (@guillemclua) June 15, 2020
Por consiguiente...
El presidente, también del PSOE, Pedro Sánchez ya justificaba el terrorismo de estado cuando se destapaba el asunto. Pablo Iglesias de Unidas Podemos pasaba de denunciar la responsabilidad del PSOE en la creación del GAL, calificándolo como el “partido de la cal viva”, a convertirlo en socio de gobierno. Mientras tanto, el “Gobierno más progresista de la historia” sigue vigilado por Felipe González desde el yate en el tiempo libre que le dejan los consejos de administración de las grandes eléctricas.
¿Qué implicaciones podría tener esto? Mientras continúa la batalla de “tirones de la manta” entre la revelación de las millonarias comisiones cobradas por la monarquía y la publicación de los papeles de la CIA, no parece cercano algún intento de juicio serio ni al expresidente ni al rey emérito. El Gobierno, la justicia y la prensa a coro continúan en modo “circulen, aquí no ha pasado nada”, toda una tradición del Régimen del 78’ cuando el olor de las cloacas es demasiado fuerte.
