COVID-19 EN BOLIVIA. La COB se declara en emergencia: exige salario mínimo para la población y suspensión de pago de alquileres

El 7 de abril el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezado por Huarachi, emitió una resolución en la que se declaran en estado de emergencia al tiempo de exigir frente el agravamiento de la situación económica y social por la cuarentena, el pago de un “Bono a la Pobreza y el Desempleo“ consistente en un salario mínimo a toda la población necesitada así como la suspensión del pago de alquileres por 6 meses. Dentro del paquete de exigencias de la COB también se encuentra un “Bono de Reconocimiento y Mérito” a las y los trabajadores de salud, periodistas y quienes vienen cumpliendo su trabajo en la cuarentena. Así mismo piden la aprobación de la Ley de la Estabilidad Laboral para los trabajadores asalariados.

En materia de salud la COB demanda la inmediata provisión de insumos de bioseguridad para las y los trabajadores de la salud, así como la provisión de respiradores e “hisopos” para el diagnóstico rápido de pacientes. Se le exige al parlamento que mediante Ley se facilite el ingreso de ayuda cubana y china para la lucha contra el COVID-19, en especial la importación del Interferon Alfa 2B para coadyuvar al tratamiento de los afectados por la enfermedad.

En su pliego de demandas también exigen exenciones tributarias por un año para quienes tengan deudas con bancos y pérdidas severas por la pandemia esto en el marco de las medidas de apoyo a los profesionales y trabajadores independientes así como la pequeña y mediana empresa. Se exige se priorice la producción alimentaria local con ayuda financiera directa y reducción de tasas de interés en un 50% así como exenciones tributarias para los productores. Sobre este punto lamentablemente el documento no recoge las propuestas de diversas organizaciones campesinas que han planteado la urgente necesidad de que el Estado adquiera la producción agrícola para garantizar el abastecimiento de toda la población en especial y prioritariamente de los sectores más necesitados como plantea el documento y los votos resolutivos de Ocurí en Norte Potosí.

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Con estas medidas planteadas por la COB, luego de casi 2 meses de abierta la crisis por el coronavirus y cuando la situación social cada vez se hace más evidente de transformarse en explosiva, se busca contener a los sectores obreros y sociales que exasperados por el hambre y la inseguridad laboral desborden a la burocracia sindical masista-golpista.

Las protestas populares en Riberalta, Trinidad, Distrito 15 en Cochabamba, Plan 3000 en Santa Cruz, protestas de médicos y enfermeras en diversos puntos del país, la crisis migratoria en Pisiga y Colchane, por mencionar las más sonadas, ponen en evidencia la creciente tensión social en el país y donde la COB y las más importantes organizaciones sindicales como mineros, fabriles, magisterio y otros vienen observando de “palco”. Lamentablemente la COB no denuncia la militarización y el acoso político del que son víctimas los sectores populares en las últimas semanas, guardando un vergonzoso silencio por lo sucedido con los trabajadores migrantes en la frontera con Chile o dejando solos a las y los trabajadores de salud, como las enfermeras, que hace semanas vienen exigiendo en los hospitales del país que con urgencia les brinden las condiciones de bioseguridad que son mínimas para que puedan trabajar al estar en la primera línea de exposición al riesgo de contagio y enfrentando la pandemia.

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Es urgente que las y los trabajadores exijan a sus organizaciones sindicales la implementación de estas medidas para que sean adoptadas inmediatamente. Los bonos dispuestos por Áñez siguen dejando al margen a los sectores más vulnerables que están por fuera del sistema bancario o familias cuyos hijos no están escolarizados y no pueden recibir el bono familia. El salario propuesto por la COB podría ayudar rápidamente a los sectores más vulnerables y humildes del país.

Sin embargo es necesario señalar que estas medidas propuestas por la COB son insuficientes y no recogen las demandas más sentidas de las y los trabajadores de salud, como es su incorporación a la Ley General del Trabajo, demanda rechazada no solo por el Gobierno de Áñez sino también por el MAS durante sus 14 años de gestión.

Es necesario exigir a la COB que se incorpore la demanda de nacionalización de todo el sistema de salud privado y su centralización en un único sistema público de salud bajo control de las enfermeras y enfermeros y de todos los trabajadores de la salud, quienes son los que realmente conocen la grave situación de la salud en el país. La exigencia de test masivos para la población, en primer lugar de los trabajadores de la salud y de los grupos de riesgo, es fundamental para determinar y mapear el recorrido de la enfermedad, y terminar con la salvaje militarización y acoso político que se ha puesto en marcha desde el Gobierno con el pretexto de garantizar la cuarentena.