Acaba una de las campañas más moderadas de la CUP desde 2012. Un programa social respetuoso del marco legal capitalista, una hoja de ruta que reedita los mantras del procesisme y la mano extendida para ser parte del govern. Hace falta construir una izquierda anticapitalista y de clase más allá del 14F.
Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Jueves 11 de febrero de 2021
A puertas de la campaña electoral del 14F que acaba este viernes se filtraban tres documentos aprobados en el Consell Polític de la CUP en los que se cuestionaba la puerta abierta dejada por la cabeza de lista, Dolors Sabater, para la entrada en un posible gobierno independentista.
Días antes se hacía público un acuerdo de 12 puntos entre la CUP y otras 10 organizaciones en el que se mantenía una calculada ambigüedad sobre los aspectos más moderados de su hoja de ruta – como la negociación con el Estado o la búsqueda de la intervención de la comunidad internacional – y no se pronunciaba sobre la cuestión del gobierno o la investidura.
Es posible que muchos y muchas de quienes miraban con desconfianza el curso a la moderación que se viene dando por parte de la CUP, del cual el acuerdo con Guanyem y la candidatura de Sabater significó su máxima expresión, pensaran que se trataba de una sincera rectificación. Incluso grupos como Lluita Internacionalista justificaron su apoyo a la candidatura CUP-PUNC, en el citado acuerdo. Sin embargo poco, muy poco, ha durado la ilusión.
Un programa sin rastro de anticapitalismo
El programa electoral oficial, con el que las cuatro listas de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, queda muy a la derecha de las propuestas más de izquierda de los 12 puntos, como la nacionalización de la banca o los sectores estratégicos. La CUP y Guanyem vuelven a exponer toda una adaptación de las reivindicaciones sociales y económicas a la legalidad capitalista y el marco competencial autonómico.
No hay rastro de algo que podría acercarse a proponer impuestos a las grandes fortunas y empresas. Una tibia reforma fiscal con aumentos de entre el 0,5 y el 1% en el IRPF de las rentas superiores a 60mil euros, una tasa del 3% a los beneficios empresariales superiores a 5 millones de euros, del 1% para los patrimonios de más de un millón de euros, del 2% si superan los 10 millones y del 3% para los superricos con más de 50.
Sobre la banca privada y aquellas empresas que controlan sectores estratégicos como el agua, la energía o las telecomunicaciones, quedan por fuera de toda medida expropiatoria. El programa habla todo el tiempo de medidas de control público o aumento de la presión tributaria. En el caso de las finanzas la “nacionalización de la banca” de los 12 puntos deja paso a una propuesta de banca pública que compita en el mercado y que debería partir del desarrollo del actual Institut Català de Finances.
Los grandes tenedores de vivienda y especuladores también quedan libres de ser expropiados, siempre y cuando pongan en el mercado sus propiedades. La expropiación se limita a aquellos edificios en manos de fondos de inversión o entidades financiera que permanezcan vacíos. Si siguen haciendo negocio a costa de esta primera necesidad, podrán seguir haciéndolo.
Incluso se admite que las ayudas y subvenciones a las empresas no se eliminarán, sino que simplemente se vincularan al mantenimiento del empleo y la penalización de devolverlas si esta condición no se cumple. Algo que, por otro lado, ya se aplica en megarescates empresariales como los ERTEs del gobierno “progresista”. En caso de empresas que acaben en quiebra, la propuesta es la creación de empresas públicas que mantengan la actividad, y si bien dice que esto no debería implicar una compra o indemnización, si que acepta compensar a los propietarios con el monto de la inversión inicial.
Ni siquiera servicios privatizados y que hoy son el gran negocio de multinacionales como Ferrovial o FCC serían renacionalizadas. El programa plantea esperar al fin de las concesiones para no renovarlas en sectores como el de las autopistas -con concesiones de décadas- o los grandes gestores de infraestructuras públicas.
Con un texto así de moderado a nadie le puede sorprender la puesta en escena de los principales candidatos en sus actos o debates televisivos. Denuncias generales al sistema, palabras o frases hechas apelando al rescate de las personas, de hacer políticas en favor de la gente... pero ausencia de propuestas que hablen claro y concretamente de como se puede hacer pagar a los grandes capitalistas el coste de esta crisis y resolver así los grandes problemas de vivienda, desempleo y pobreza. La estampa de Dolors Sabater reivindicando los decretos “sociales” del gobierno de JxCat y ERC aprobados en esta legislatura, y presentándolos como la solución a todos esos grandes problemas, es la mejor metáfora de este nuevo ciclo.
Una hoja de ruta que es un procesismo 2.0: negociación con el Estado, intervención de la comunidad internacional y apuesta por un nuevo gobierno independentista
Pero si el programa ya viene descafeinado, cuando explican la vía para conseguirlo pierde aún más enteros. Tanto Carles Riera en el debate de TVE, como Dolors Sabater en el de TV3, dejaron claro que la negativa a ser parte de un govern de coalición de la que hablaban los documentos aprobados en el último Consell Polític ha quedado rápidamente olvidada. Ambos apostaron por la constitución de un gobierno independentista que retome la lucha por un nuevo referéndum y un programa en defensa de las personas. En este escenario la CUP “asumiría todas las responsabilidades necesarias”, desde el sí en la investidura, el soporte parlamentario o hasta su participación en el ejecutivo.
Que ERC y JxCat, y también los Comunes, sean los socios para un gobierno de este tipo, explica que cuando exponen las condiciones para hacerlo posible los términos son tan poco definidos como políticas en favor de las personas, apoyo a la economía social, las energías renovables, un mayor control sobre los servicios de agua o energía, una fiscalidad progresiva, actos de desobediencia, o “pedir constantemente” la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El precio del apoyo cupaire a un gobierno junto a quienes han gestionado la pandemia y la crisis desde Palau y el Consejo de Ministros se rebaja hasta cuotas nunca vistas.
Respecto a la hoja de ruta para reprender la lucha por la república está adaptada a todo lo que semejantes socios podrían aceptar, sobre todo porque es una redición senil de lo ya vivido entre 2012 y 2017. Organizar un nuevo referéndum antes de 2025, propiciar actos de desobediencia institucional apoyados por una movilización social subordinada a la institución, intentar forzar así una negociación con el Estado y, recordando al famoso “Europa ens mira”, buscar la intervención de “gobiernos y partidos con peso institucional de alrededor del mundo”.
Un procesismo 2.0 que, aunque se recubre de una fraseología más radical como la de “insurrección democrática”, vuelve a atar la lucha democrática del pueblo catalán a una eterna alianza con los partidos de la burguesía catalana independentista que, como demostraron en 2017, y sus instituciones autonómicas, y rechaza el construir una vía independiente, basada en la movilización y la autoorganización obrera y popular que imponga por medio de la lucha de clases el derecho de autodeterminación y un programa que haga pagar esta crisis a los capitalistas en un solo golpe.
El 14F voto nulo o abstención. Construyamos una izquierda anticapitalista y de clase
Este 14F seguirá sin haber una opción que encarne un proyecto anticapitalista y de independencia de clase. Por esta razón por la que desde la CRT no llamamos a votar a la candidatura de la CUP y nos posicionamos por el voto nulo o la abstención. Para denunciar el carácter impuesto y antidemocrático de estas elecciones y en favor de construir otra izquierda.
Una izquierda que, en medio de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, no apueste por andar los caminos ya transitados por el neorreformismo hoy en el gobierno, ni reeditar las manos extendidas a los partidos que gestionan este crimen social desde la Generalitat y se preparar para el retorno al autonomismo. Que trabaje por fortalecer la organización y movilización obrera y popular, por imponer un programa para que la crisis la paguen los capitalistas desde las calles y los centros de trabajo y por abrir el camino a una ruptura con el régimen del 78 que abra el camino a conquistar verdaderas repúblicas de trabajadores.
La situación internacional y estatal pone de nuevo sobre la mesa la posibilidad de que se abran nuevos ciclos de la lucha de clases como los que dio la crisis anterior. Éstos no surgirán en el vacío, sino sobre las experiencias anteriores y en especial las más recientes. Construir una izquierda que se prepare para llegar mejor preparada para intervenir sigue siendo una tarea estratégica para que viejos y nuevos desvíos, como supuso en Catalunya el procesismo o en el resto del Estado Podemos, no vuelvan a dejar en los cajones las aspiraciones democráticas y la posibilidad de acabar con un sistema que no tiene nada más que miseria para ofrecernos.
Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.