En estos días la derecha berrea contra el derecho del pueblo catalán a defender su cultura y lengua. El gobierno central y Esquerra Republicana piden calma, pero la (in)justicia continúa decidiendo qué se tiene que hacer en Cataluña.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Lunes 20 de diciembre de 2021
El gobierno central empezó a ningunear la lengua catalana con su ley de medios audiovisuales donde no se hacía ninguna referencia a las lenguas cooficiales del estado. A la comparecencia para explicar el acuerdo con Esquerra Republicana de la ministra de economía, Nadia Calviño, olvidaba que hay más lenguas diferentes del castellano y las explicaciones concretas se hacían posteriormente.
Aun así, sólo era el comienzo de la ofensiva contra el catalán del Régimen del 78. Después llega la sentencia del Tribunal Supremo obligando al 25% de clase en castellano cuando se supone que Catalunya tiene competencias exclusivas en educación. Y posteriormente la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el caso de la Escuela el Turó del Drac. Y el coro del PP, Cs y Vox diciendo que en Cataluña reina el fascismo.
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La ofensiva del Régimen contra la cultura catalana y contra el deseo de autodeterminación que tienen anchas franjas de la población catalana ha vuelto a estallar. Una ofensiva que no es sólo discursiva, sino que se implican los más altos estamentos del poder judicial y dejan jurisprudencia.
El gobierno catalán obedece
El gobierno catalán ante esta gran ofensiva contra la lengua hace como la avestruz, pose lo hacia el agujero hasta que pase el problema. Pero el problema permanece. Esquerra Republicana no quiere que nada moleste la gestión de los fondos europeos Next Generation (“la cáscara es la cáscara”). El consejero de educación dijo que la sentencia del Supremo no había que obedecerla. Aun así ante la sentencia del TSJC, no hizo otra cosa que obedecerla. Y ya hay una treintena más denuncias en curso.
La voluntad de pacto de ERC, en el marco de su gestión plenamente autonomista y alejada de cualquier choque serio con Moncloa, está fuera de todo duda. Pero este pacto en torno a una defensa tan débil de la lengua catalana, sorprende. Y sorprende más en el marco de la ofensiva de la derecha y la Judicatura contra el catalán a las aulas.
JxCat hace el mismo que toda esta legislatura. Quiere hacer la pascua en Esquerra para salir con mejor imagen. Laura Borràs pidió que el consejero Cambray se haga cargo de la escuela y no aplique la sentencia. Seguramente, tendría que hacerse cargo de 30 escuelas más en los próximos días. “Soluciones” del tipo “avestruz”. No se puede enfrentar al Régimen del 78 con las “herramientas institucionales” que el mismo régimen nos impone. Hay que luchar en las calles.
Desgraciadamente, la dirección de la CUP se ha sumado a la iniciativa de JxCat. La dirección cupaire también pide que el consejero de Educación Josep González-Cambray asuma la dirección del Cerro del Dragón. Pero, la cuestión es que “asumir responsabilidades en la defensa de la lengua” no quiere decir gestionar cada uno de los centros que tengan una sentencia del TSJC. Quiere decir impedir que un puñado de magistrados (de familias ricas y muchos, franquistas) puedan decidir sobre un asunto que afectan millones de personas.
Ni Esquerra, ni Junts quieren enfrentar la (in)justicia del Régimen del 78. Ante la fuerza de un poder estatal que sostiene unas sentencias completamente injustas, que defiende un poder judicial que “gobierna”; se tiene que movilizar y organizar una gran fuerza social. El “derecho” del Régimen del 78, es el derecho del Ibex 35 a explotar a los trabajadores y oprimir los pueblos. Para enfrentarlo hace falta que la clase trabajadora y el pueblo catalán vuelvan a salir a la calle como lo hicieron la 1O y lo 3O de 2017.
Ni JxCat, ni ERC son una alternativa. La CUP se encuentra en un cruce: o continúa con su política parlamentaria de sostener este gobierno, o rompe y trata de organizar y movilizar a la izquierda independentista.
Los sindicatos de clase tienen mucho que decir, pero en general han permanecen callados y muy quietos. Hace falta una gran huelga general como la del 3O de 2017.
Si el pueblo catalán quiere decidir sobre su cultura y su territorio, tendrá que salir a la calle, como ya lo hizo cuatro años. La ofensiva de la derecha no son las declaraciones locas de unos dirigentes, es el desafío de un poder judicial que pasó del franquismo a esta “democracia para ricos” intacto. Y para derrotarlo hace falta la movilización sostenida del pueblo catalán.
