Catalunya. La CUP mantiene sus negociaciones para la investidura a pesar de la campaña de criminalización de la protesta de ERC y JxCat

En las últimas semanas las imágenes de manifestaciones, represión y enfrentamientos callejeros en Barcelona han vuelto a las portadas de todo el mundo. Masivas movilizaciones, protagonizadas en su mayoría por jóvenes nacidos ya en el siglo XXI, en contra del encarcelamiento de Pablo Hasel, por sus letras y twits contra la Monarquía. El Estado español, en este caso la Generalitat, respondían con porras, balas de foam y decenas de detenidos.

Las protestas comenzaron dos días después de unas elecciones autonómicas impuestas por un nuevo golpe judicial, en las que se registró una abstención de récord y cuyos resultados vuelven a dejar en manos de la CUP la posible investidura de un nuevo gobierno encabezado por ERC y JxCat.

Mientras en la calle la indignación juvenil contra la represión, la monarquía y el escenario de catástrofe social y económica tras un año de pandemia, es respondida con la brutal represión de los Mosos d’Esquadra. En palacio, los dirigentes de la formación anticapitalista negocian con los responsables de esta represión y de la gestión criminal de la crisis sanitaria y económica, su apoyo al nuevo gobierno. Lo hacen aún cuando responsables del govern, como el mismo conseller de Interior, no duda en criminalizar a las "juventudes de la CUP" tratando de responsabilizarlas de los disturbios.

Una curso escandaloso que puede acelerar mucho el desprestigio de la CUP entre los sectores que hasta ahora se referenciaban en ella, y en especial los más jóvenes. Pablo Castilla, joven militante de la CRT y la agrupación juvenil Contracorrent, adevertía recientemente en el programa Planta Baixa de TV3, como “la juventud que está siendo reprimida no entendería un apoyo de la CUP a ERC y JxCat”.

El escenario post14F y el curso de moderación e integración en el régimen catalán de la CUP

El 14F dejó un escenario en el que las opciones para la investidura son reducidas. Aparentemente no habría gobierno del PSC, ni tampoco de ERC en alianza con este partido y los Comunes. El acuerdo con más puntos vuelve a ser la de los dos grandes partidos independentistas, ERC y JxCat, que llevan gobernando en distintos tipos de alianzas conjuntas desde 2010, han estado al frente del proceso independentista, claudicando en 2017, y gestionando con políticas neoliberales y de recortes los efectos de la crisis de 2008 y de la actual. Pero, como en 2015 y 2017, para que este gobierno salga adelante, necesitará del apoyo de la CUP en la investidura.

A estas elecciones, celebradas en un marco de imposición y de una aguda crisis económica y social, la CUP llegó muy adaptada a un marco político corrido hacia la derecha. Con Unidas Podemos en el gobierno central junto a los social-liberales del PSOE y aplicando las mismas políticas ante la pandemia y la crisis que Macron en Francia o Conte en Italia. Y en Catalunya, con una dirección independentista que, tras su claudicación en 2017, ha abandonado toda pelea por el derecho a decidir y quiere recuperar una estabilidad institucional en la autonomía restringida.

La CUP se adaptó a esto rebajando en primer lugar su programa económico y social a aquellas tímidas reformas que caben dentro de la legalidad capitalista. Convertirse en una izquierda “viable” en el sentido burgués del término, es decir con propuestas “realistas” que podrán ser acordadas con el resto de partidos con los que aspira llegar a acuerdos “de país”. Así presentaron un programa electoral con propuestas que mantenían las ayudas a las empresas para mantener los puestos de trabajo, transforma toda medida contra la propiedad de las grandes empresas o la banca en mecanismos de “control público” o encorseta la lucha por el derecho a decidir a una imposible negociación con el Estado y la intervención de la comunidad internacional.

Para esta nueva hoja de ruta la CUP se alió con Guanyem. Una formación neorreformista que gobernó durante 3 años Badalona, la cuarta ciudad más poblada de Catalunya, con el apoyo de ERC y el PSC, gestionando una agenda de reformas cosméticas como otros “ayuntamientos del cambio”, como el de la misma Colau en Barcelona. La cabeza de lista y exalcaldesa, Dolors Sabater, en todo momento no ha ocultado sus intenciones de favorecer un gobierno de coalición con los partidos independentistas y los Comunes.

Este curso a la moderación no le dio un mal resultado electoral. Pasaron de 4 a 9 diputados, recibiendo una parte de los votos de ERC y JxCat que vieron en la CUP una opción más consecuente en mantener la reivindicación del derecho a decidir y por el desgaste de los partidos gestores de la pandemia en Catalunya. Ahora bien, el voto a la CUP es cada vez menos una expresión de un voto anti-establisment -como pudo serlo en 2012, cuando emergió a lomos del 15M y el inicio del proceso independentista-.

Como colofón a todo esto, la CUP después de las elecciones se embarca en unas negociaciones con ERC para favorecer la investidura de su candidato Pere Aragonés. Un fiel representante de las grandes empresas en Catalunya, amigo personal de CEOs de Ferrovial y otras multinacionales y autor de la ley que llevaba su nombre y que era todo un proyecto de privatización de los servicios públicos tirado abajo por la movilización de los sindicatos y las asociaciones de usuarios hace apenas un año. Las opciones sobre la mesa son darles el voto en la investidura y después, o entrar en el gobierno o quedar como socio parlamentario del mismo.

¿A cambio de qué? La CUP ha presentado ya las primeras grandes “conquistas”, que han sido auténticas migajas. Una moratoria -ni si quiera prohibición- de las balas de foam de los antidistiurbios y que éstos no participen en los desahucios de viviendas. Hablan también de retomar la lucha por el derecho a decidir -con los mismos que traicionaron el impresionante movimiento de 2017- y pactar una serie de políticas “en favor de la gente”, que si es de la mano de ERC y JxCat -los dos partidos históricos representantes de las grandes empresas y familias catalanas- ya se puede intuir lo ambiciosas y profundas que serán. Parece como si quisieran transitar el mismo camino en Catalunya, que Podemos ha transitado en el resto del Estado hasta conformar con el PSOE el mal llamado gobierno “progresista”.

Mientras tanto ERC, JxCat, los Comunes y el PSC, acuerdan este lunes una respuesta institucional conjunta de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para criminalizar las protestas y anunciar una auténtica caza de brujas. Pero ni siquiera esto está variando las intenciones de la dirección de la CUP hasta el momento.

Un giro a la integración en régimen catalán, que se hace en una coyuntura en la que casi a diario los Mossos d’Esquadra golpean manifestantes y los detienen. Son más de 150 en las últimas dos semanas. Este fin de semana se ha llegado al extremo de que la propia Dolors Sabater se haya sumado al coro de “condena de la violencia” en las manifestaciones excusándose en que en la de este sábado se puso en riesgo la vida de un agente antidisturbios.

Las manifestaciones juveniles, la expresión por izquierda de una incipiente nueva crisis de representación

El 15M de 2011 comenzó el llamado movimiento de los indignados bajo el cántico de “no nos representan”. Una generación a la que la crisis de 2008 le abocó a un presente y futuro de precariedad irrumpió en las plazas y se abrió así la crisis del llamado Régimen del 78. El sistema de partidos entró en barrena, pero a él le siguieron la crisis del modelo territorial, con al emergencia de la cuestión catalana, y la de la Corona, que llevó a la abdicación de Juan Carlos I y a que Felipe VI, con el apoyo de todos los partidos del régimen, trate de relegitimarla sin mucho éxito.

Con la actual crisis derivada del impacto de la pandemia podemos decir que “llueve sobre mojado”. Hay toda una generación que no ha vivido otra cosa que crisis, y además no vivió la “ilusión” inicial que despertaron proyectos políticos como el de Podemos o la misma CUP de 2012. Son los que hoy están protagonizando las manifestaciones y enfrentamientos con la policía, como en el otoño de 2019 en las manifestaciones contra la sentencia del procés. Se trata de las mayores manifestaciones desde el inicio de la pandemia y que cuestionan de lleno al gobierno “progresista” y la izquierda del régimen.

Las manifestaciones por la libertad de Hasel se han producido en todo el Estado en estas dos semanas, pero ha sido de nuevo en Catalunya donde las protestas han tenido una mayor continuidad y radicalidad. No es casualidad, es aquí donde la crisis del régimen no encuentra cierre que valga. El rechazo a la Corona es casi un consenso entre la mayoría de la población, la cuestión del derecho a decidir aunque el movimiento haya retrocedido sigue siendo una aspiración de masas y hay un cierto hilo de continuidad de movilizaciones y lucha de clases que no se ha llegado nunca a cortar, fruto de que el neorreformismo de Podemos nunca llegó a arraigar con la misma fuerza que en el resto del Estado.

Pablo Castilla, de la CRT, declaraba recientemente para la BBC que “el encarcelamiento del rapero fue el detonante, pero hay muchas cosas más. Ver que lo que tenemos delante es cada vez más precariedad, más recortes de derechos y libertades”. Con más de un 40% de paro juvenil, universidades cerradas o semicerradas desde hace un año, campañas constantes de criminalización de la juventud en los grandes medios... empieza a surgir una nueva indignación, que como en 2011, puede ser a la vez caja de resonancia de los malestares sociales más profundos y detonante para procesos más profundos en los que pueda llegar a entrar en escena la clase trabajadora y otros sectores empobrecidos.

Lo nuevo respecto a 2011, no es solo la forma de las protestas, sino que en el ambiente de “no nos representan” que se vuelve a respirar en las manifestaciones o los micros abiertos antes de que comiencen, caen de lleno aquellas formaciones que emergieron para actuar de desvío de aquella ola de protestas. Unidas Podemos es percibida por muchos de estos jóvenes como la nueva casta al servicio de las políticas de siempre. La CUP todavía no, pero si finalmente acaba pactando con quienes ordenar reprimir las protestas todos los días al acercarse la hora del toque de queda, puede verse igualmente arrastrada.

La necesidad de construir una izquierda anticapitalista, de clase y revolucionaria que se prepare para los acontecimientos por venir

Ante este curso a la integración de la CUP, desde la CRT planteamos desde el mes de octubre la necesidad de conformar una alternativa electoral que levantara un programa anticapitalista y mantuviera una total independencia de los partidos capitalistas, en este caso los independentistas, para las elecciones del 14F.
Pero nuestra propuesta de un frente anticapitalista y de clase fue rechazada otras organizaciones de la extrema izquierda.

Lucha Internacionalista optó por dar apoyo a la lista de la CUP y firmar un documento de 12 puntos algo más de izquierda para justificarlo, pasando por alto que tanto el programa como la campaña hablaban claramente de buscar ella acuerdo con ERC y los Comunes. Corriente Roja se negó con argumentos sectarios, para terminar integrando una lista con un sector de independentistas represaliados y críticos con la dirección procesista pero que sostenían la misma hoja de ruta de conseguir la independencia mediante la desobediencia institucional del Parlament y la Generalitat. Finalmente solo lograron presentarse en Tarragona y obtuvieron 85 votos.

También nos dirigimos a los sectores críticos de la CUP y de la izquierda independentista que han ido cuestionando algunos elementos parciales de este giro a la moderación y el gobernismo, como Endavant. Pero hasta el momento todos ellos han seguido optando por permanecer dentro.

Anticapitalistes, por su parte, sigue anclada en una política de gestión de izquierdas de las instituciones, herencia de su paso por Podemos. En estos momentos se posiciona en contra de una entrada de la CUP a un gobierno con ERC y JxCat, pero a favor de un entendimiento entre ésta y ERC y los Comunes. Si un gobierno con estas formaciones no fuera posible, le piden a la CUP que igualmente haga valer su llave en la gobernabilidad para alcanzar acuerdos de legislatura con estos partidos. Siguen así una lógica de gestión del Estado capitalista, en este caso en el nivel autonómico, que ellos mismos llevan adelante en el gobierno municipal de Cádiz, donde dirigen un “ayuntamiento del cambio” similar al que dirigió Dolors Sabater en Badalona.

La CUP puede verse arrastrada por un nuevo “no nos representan”, si no romper definitivamente con el seguidismo y los acuerdos con los viejos partidos de la burguesía independentista, y pone todas sus posiciones institucionales al servicio del desarrollo de un gran movimiento contra la represión, contra el régimen monárquico y por luchar por un programa que haga pagar esta crisis a los capitalistas. Pero la voluntad de sus dirigentes por llegar a un acuerdo de gobierno o de legislatura es bastante firme.

Por eso desde la CRT recientemente volvimos a plantear tanto a las organizaciones de la extrema izquierda como a la militancia de la CUP y la izquierda independentista, por medio de una carta abierta, “a unir esfuerzos y explorar las vías de acuerdo y unidad de acción, para empezar a sentar las bases de otra izquierda anticapitalista, que rompa definitivamente con el seguidismo a los partidos de la burguesía independentista, y apueste por el desarrollo de la movilización social con la clase trabajadora al frente, para la conquista de los derechos democráticos y sociales pendientes”.

El pasado sábado en Barcelona, y previsiblemente se irá repitiendo cada fin de semana, se realizó una manifestación por la amnistía de todos los presos políticos, contra la ley mordaza, la reforma laboral, los desahucios, la ley de extranjería y la monarquía. Desarrollar un movimiento así, que se extienda a todo el Estado, lograr que se transforme en organización en las facultades, institutos y barrios, que impacte en la clase trabajadora y de moral para quitarse de encima el peso muerto de la burocracia sindical, que pelee por demandas como el reparto de horas, la expropiación de las viviendas vacías o el fin de a precariedad laboral, y por acabar con un régimen monárquico cada vez más podrido.

Esta debería ser la agenda de una izquierda que se prepare para incidir en los siguientes capítulos de la lucha de clase, para que no sea ni desviada por nuevos engaños reformistas o de conciliación de clases, ni que el malestar y la desafección acabe capitalizándolo la extrema derecha.