Cataluña. La CUP y el debate sobre la lista unitaria independentista

Fotografía: CUP

La hoja de ruta marcada por Artur Mas promete dar a las elecciones del 27S el carácter de plebiscitarias. El resultado será leído como si de un referéndum sobre la independencia se tratase. Si una mayoría de catalanes vota en clave “sí” -en favor de la independencia- Mas promete abrir un proceso de entre 18 y 24 meses para negociar con el Estado español y encontrar la forma legal de hacer efectiva esa voluntad.

Los propios mimbres de la hoja de ruta marcan sus límites. Para responder a la voluntad popular se dependerá de la autorización del Estado español, es decir de los partidos e instituciones del Régimen del 78. Un camino que sólo puede llevar a una vía muerta al movimiento democrático por el derecho a decidir.

Desactivarlo con unas elecciones y una prolongada negociación con el Estado condenada al fracaso. ¿Acaso no ha quedado demostrado que el PP y el PSOE se han declarado enemigos de todo derecho a decidir de los catalanes? Hasta Podemos subordina este derecho democrático elemental a que cuente con el apoyo de las Cortes españolas. Jurídicamente esto implicaría el voto a favor de una reforma constitucional de nada menos que dos tercios de los diputados. Todo sin mencionar al resto de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Corona y el Ejército.

Es la enésima maniobra de Mas para tratar de dilatar el proceso, desgastarlo y conducirlo a un desvío que aspira a concluir con un nuevo pacto del modelo territorial con el siguiente gobierno central. Una labor que poco a poco va cuajando, como muestra la caída de los partidarios de la independencia en la última encuesta de la Generalitat. Pablo Iglesias se vanagloria de que Podemos es una buena opción para desactivar el proceso en favor del derecho a decidir. Pedro Sánchez ya prepara una reforma constitucional superficial en la que incluiría una reforma administrativa federal. Todo para seguir negando el derecho de autodeterminación a cambio de concesiones autonómicas.

A esta maniobra se acaban de sumar las dos principales entidades soberanistas. La Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural -organizadoras de las últimas diadas- acaban de aprobar en una consulta entre sus socios la propuesta de una lista unitaria que sea apoyada por todos los partidos independentistas. Una propuesta a la carta de CDC, aunque aún no la ha aceptado. Este partido cuenta con gran cantidad de candidatos “independientes” que responden al ideario del catalanismo conservador.

ERC se ha sumado también. Nada raro viniendo de la formación que viene siendo el socio del Gobierno de Mas, tanto en la hoja de ruta nacional como en la aprobación de los presupuestos y políticas de recortes sociales desde 2012.

Lo que resulta más sorprendente es que la CUP, por medio de su diputado Quim Arrufat, se haya manifestado a favor de darle apoyo a esta candidatura de unidad nacional en la sesión del Parlament del pasado 7 de julio. Hasta el momento esta formación venía manifestándose en contra de ir juntos a las elecciones con el partido campeón de los recortes y políticas de ajuste. Por el momento le condicionan su apoyo a que sea una lista sin políticos, compuesta por miembros de la sociedad civil representativa de todos los estratos sociales, a que se limite a proclamar la independencia y abrir un proceso constituyente convocando nuevas elecciones al Parlament. Una exigencia que no entra por el momento en la hoja de ruta de Mas y que chocaría con el marco legal del 78; algo que el President viene minimizando y esquivando. Este es por ahora el principal escollo para que la propuesta de la CUP salga adelante, aunque ERC la ha saludado, CDC no la ve.

Salga o no salga lo que el planteamiento de Arrufat indica es que la política de mano extendida en lo nacional de la CUP no solo se mantiene sino que se profundiza. La experiencia de estos casi tres años de dirección del proceso por el principal partido de la burguesía catalana no parece tenerse en cuenta por parte de los diputados de la CUP-AE en el Parlemant de Catalunya. Arrufat insiste en la idea de que hay una especie de “primera etapa” en la que es necesaria una alianza nacional con los sectores de la burguesía catalana y sus representantes políticos. Una alianza que podría llegar hasta la confluencia en el apoyo a una misma lista electoral.

Seguida a ésta etapa se abriría un periodo constituyente en el que abordar la “agenda social” para que la futura república catalana lo sea del 99%. Sin embargo de la mano de CDC es utópico pensar en una solución para las tareas de las dos etapas en que la CUP divide el proceso.

Para la conquista de los derechos democrático nacionales es imprescindible un proceso de ruptura con el Régimen del 78. Esto no se puede realizar sin poner en marcha amplias fuerzas sociales. No basta con una declaración institucional del Parlament o un Govern de la Generalitat.

No puede haber una ruptura real si ésta no está basada en una vasta movilización social que puede imponer un verdadero ejercicio del derecho de autodeterminación y la apertura de un proceso constituyente catalán. En este camino habrá que tejer alianzas no con la burguesía catalana -enemiga de cualquier movilización social de este tipo- sino con los sectores obreros y populares del resto del Estado para poder tumbar al régimen heredero del franquismo.

Lo mismo ocurre para las tareas que se proponen abordar en un proceso constituyente. El mismo Arrufat declaraba recientemente que querían discutir el modelo de país sin los límites que le quieran poner Agbar, la Caixa y otras multinacionales catalanas. ¿Se puede abrir un proceso constituyente así, de la mano de sus directos representantes políticos y “abogados”? Es evidente que no.

La única forma de garantizar la apertura de un proceso constituyente catalán sin ningún límite es precisamente que sea impuesto, al igual que el derecho de autodeterminación al Estado central, por medio de la movilización de la clase trabajadora y los sectores populares. Es esta vía la única que permitiría cuestionar directamente los intereses y títulos de propiedad de los grandes capitalistas catalanes, algo imprescindible para resolver los graves problemas sociales de paro, miseria o vivienda.

Hay una relación directa entre la lucha democrática y la social. Pensar en una estrategia de unidad nacional con los representantes de las grandes firmas y familias catalanas para la primera “etapa”, condiciona necesariamente ésta y más aún la segunda.

La alianza nacional con CDC y ERC, se termine plasmando en una lista conjunta o no, es el principal obstáculo para que pueda surgir un ala dentro del movimiento democrático que proponga una alternativa de independencia de clase a la hoja de ruta fallida de Mas, aplaudida por Junqueras y las entidades soberanistas, que apueste por la vía de la lucha de clases para resolver en una misma etapa las grandes demandas democráticas y sociales.

Las declaraciones de Arrufat se producen cuando la CUP está realizando diversas asambleas previas a su asamblea nacional prevista para mitad de julio. Allí terminarán de definir su táctica electoral y el contenido final de su ’Crida Constituent’ (Llamada Constituyente), la candidatura de confluencia que ha propuesto a otras fuerzas de izquierda y movimientos sociales.

Un proceso de reflexión y debate interno que puede ser una buena oportunidad para revisar la política de mano extendida hacia CDC, a la luz de la experiencia de estos tres años de desvío convergente y la mayor proyección pública de algunos discursos y prácticas más próximos a la independencia política respecto a CDC y ERC como los sostenidos por los regidores de Capgirem Barcelona en sus primeras semanas en el cargo.