En reunión con algunos líderes partidarios realizada este lunes 25, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB Rio de Janeiro) impuso el fin de los trabajos de la comisión que analizaba en esa cámara el proyecto de reforma política. Con eso, el plenario comenzará a debatir y votar las propuestas de modificación al sistema político a partir de hoy.
Miércoles 27 de mayo de 2015
La maniobra fue realizada porque Cunha y su grupo dentro del PMDB son contrarios al contenido del informe final de la comisión, elaborado por el diputado Marcelo Castro (PMDB Piauí). Diputados de otras alas del propio PMDB, del PT y del PSOL, como Chico de Alencar, denunciaron que Cunha enterró la comisión de forma autoritaria. La diferencia es que ahora, sin el parecer del relator, las propuestas serán votadas una a una. Como se tratan de alteraciones a la Constitución, para que sean aprobadas necesitan tener al menos el 60% de los votos – 308 en un total de 513 diputados.
En un primer momento serán discutidas propuestas de modificación al sistema de elección de diputados a la Cámara y en las reglas para el financiamiento de las campañas electorales. Sobre esos temas existen, grosso modo, dos alas dentro del Congreso Nacional.
Una de ellas intenta aprovechar el tema de la reforma para promover modificaciones aún más retrógradas, buscando aumentar los privilegios de la corrupta casta política brasilera. Está compuesta por la gran mayoría del PMDB, DEM y parte del PSDB. Propone incluir el financiamiento privado practicado por grandes empresas en la Constitución para que que no pueda ser cuestionado de ninguna manera por la Justicia.
La otra, encabezada por el PT, intenta hacer de la reforma política la gran bandera de un gobierno supuestamente popular contra el viejo sistema político que lo mantiene como rehén. La principal propuesta encabezada por ese sector es el financiamiento público de las campañas.
La verdad es que ambas coinciden en lo fundamental: después de las enormes movilizaciones de junio de 2013 y de la crisis abierta frente al escándalo de corrupción en Petrobrás, hay que promover cambios superficiales en mayor o menor grado, para preservar lo esencial del antidemocrático régimen político brasilero.
Lamentablemente, parte del PSOL termina apoyando propuestas levantadas por esa segunda ala frente a las pequeñas concesiones democráticas que presentan. Terminan reforzando no solo la ilusión en el inexistente “carácter popular” del gobierno del PT sino también en la estrategia de conquistar pequeñas reformas progresistas en los regímenes políticos bajo el capitalismo.
Para la inmensa mayoría de la población, formada por millones de trabajadores y jóvenes, que desde 2013 expresan en las calles y en los lugares de trabajo y estudio el descontento con la corrupción y los pésimos servicios públicos y que ahora comienzan a sufrir los efectos de los ajustes de los gobiernos, no será media docena de cambios que harán que se sientan satisfechos.
En este contexto, es fundamental que la izquierda brasilera no solo rechace el proyecto de reforma política presentado en la Cámara de Diputados, sino levante demandas como la de que cada parlamentario gane lo mismo que una maestra de escuela pública, y que los mandatos sean todos revocables, es decir, que cuestionen profundamente la casta que gobierno para los capitalistas.
