Desde la Izquierda Diario venimos denunciando el mega negocio inmobiliario que se propone el gobierno nacional en la Isla Demarchi, una península al sur de Puerto Madero.
Jueves 9 de octubre de 2014 10:16
La construcción de un Polo Audiovisual presentado como el "Hollywood Argentino" trata de fingir grandilocuencia en medio del fin de ciclo y la crisis de sucesión gubernamental del kirchnerismo, garantizando negocios para empresas amigas. En el 2012 en los anuncios del proyecto hemos tenido que escuchar a la presidenta enunciar dislates tales como “Debo ser la reencarnación de un gran arquitecto egipcio". Para ello aun ni siquiera hay planes para resolver dónde van a funcionar los talleres de la Dirección Nacional de Vías Navegables, un área estratégica responsable del mantenimiento, dragado y señalización de las vías fluviales y sus casi 400 trabajadores.
Así como quieren "rezonificar" un área que no está despoblada sino donde ya se desarrollan otras actividades, también necesitan que el Barrio Rodrigo Bueno lindante a la Isla Demarchi deje de existir y lo realizan en total acuerdo con el gobierno de la Ciudad. Omiten en ambos casos la existencia de familias que en esa región tienen su vivienda o su fuente laboral. Esta vez, el macrismo recibió con agrado este fallo judicial hecho a su medida después de haber apelado la orden judicial que existía para la urbanización del barrio. Obviamente el otro “gran ganador” es el gobierno nacional que está impulsando con todo el suntuoso edificio en la Isla Demarchi.
El 30 de Septiembre la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario anuló el fallo en primera instancia de la Jueza Elena Liberatori que ordenaba a la administración pública garantizar la urbanización del Barrio Rodrigo Bueno sumándolo Programa de Radicación e Integración de Villas. Con este nuevo fallo, se admite el recurso de apelación presentado por el gobierno porteño, afectando a los 1795 habitantes del predio según censos del 2010.
El fallo de Liberatori data desde el 2011 y anula un decreto de la administración de Aníbal Ibarra y Telerman que en el 2005 ordenaba el desalojo de 400 familias y declara inconstitucional el límite sur de la reserva por omitir la preexistencia del barrio. Esta decisión da cursó al amparo presentado por los vecinos y la Asesoría Tutelar. Este incluía la orden de brindar servicios básicos a los vecinos, retrotraer la orden de desalojo e informar sobre las condiciones de contaminación del predio, llegando a la instancia de pedir colaboración a la Universidad de Buenos Aires.
Contra los fundamentos que se basan en el derecho de un barrio preexistente a los servicios elementales de agua potable, luz y energía eléctrica los camaristas Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima quienes sustentan la mayoría que permite anular el fallo en primera instancia se basan en la doctrina acerca del uso del dominio público y en la ausencia de potestad del poder judicial para adoptar una decisión ante esta situación y afirman que "Es el Poder Legislativo, en primer término, quien tiene la potestad constitucional de diseñar la urbanización de la Ciudad de Buenos Aires".
Respecto a los habitantes del predio rechaza la legitimidad de la posesión sin títulos de propiedad y sostienen que corresponde la aplicación de la Ley N°4036 que “prevé a las prestaciones económicas como una de las alternativas para paliar la vulneración a los derechos”.
De esta forma, la solución sugerida sería el subsidio económico. La jueza Mabel Daniele que fundamenta la disidencia en minoría propuso el rechazo a la apelación del gobierno porteño apoyada en la fundamentación del fallo Liberatori y apelando a las obligaciones internacionales y constitucionales del estado sobre los derechos humanos agrega que "no se ha demostrado de ningún modo que su existencia perjudicase el uso público del distrito, ni que afectase las ventajas o virtudes medioambientales que genera” recordando que el barrio ocupa sólo un 0,89% de la reserva ecológica.
La aceptación por parte de la Cámara Porteña de los reclamos de la gestión de Mauricio Macri se torna más preocupante por el reciente el desalojo y violenta represión de las familias del Barrio "Papa Francisco" en Lugano y por el recuerdo de la orden de desalojo sobre el barrio Rodrigo Bueno ya en épocas de la gestión Ibarra-Telerman. Esos hechos y la continuidad del plan gubernamental de avanzar sobre el terreno de la Isla Demarchi renuevan la amenaza de desalojo.
Por otro lado, en la pugna entre urbanización y el subsidio este último ha sido desestimado ya por la mayoría de las familias dado que la remuneración ofrecida no cubre lo invertido en las construcciones realizadas ni alcanza para acceder una vivienda digna en otro lugar.
