Estado Español. La Comisión Europea ya dicta el programa de recortes del siguiente gobierno

Foto: EFE/Patrick Seeger

La Comisión Europea viene insistiendo en la obligación del Estado español de cumplir el objetivo de déficit para 2016, un 2,8% del PIB. Esto supondría un recorte sobre el gasto previsto de entre 8.000 y 10.000 millones de euros. En sus “previsiones de invierno” se eleva el desfase previsto del déficit público esperado para 2015. Quedaría en el 4,8%, por encima del 4,2% exigido. Prevé también un empeoramiento del resultado para 2016, que lo sitúan en el 3,6%.

El gobierno de Rajoy diseñó unos presupuestos alejados de las previsiones de Bruselas. Pensó que ya recortaría después de las elecciones lo que hiciera falta, como ha hecho estos cuatro años. En 2012 así lo hizo, nada más llegar al gobierno aplicó un tijeretazo de 10.000 millones en sanidad y educación. Con lo que no contaba es con la situación de ingobernabilidad que ha quedado después del 20D. De repetirse elecciones, el nuevo gobierno no asumiría hasta septiembre. En apenas tres meses se tendría que llevar a cabo un “ajustazo” nunca visto.

Las fuerzas políticas que se autoproclaman del cambio no se han opuesto al cumplimiento de esta imposición de la UE, mucho menos a cuestionar el pago de la deuda. Desde luego no lo hace el PSOE, que más bien ha dicho que esa será su “línea roja” en toda negociación a su izquierda. Pero tampoco Podemos, que ya casi ni habla siquiera de la tibia renegociación de la deuda -al estilo Syriza-, en sus condiciones para el pacto solo se menciona el intentar renegociar el déficit y se limita a la exigencia de supresión del artículo 135 de la Constitución.

Pero las exigencias de Bruselas podrían todavía quedarse cortas. Los nubarrones económicos, con grandes descensos en las bolsas en el inicio del año y la fuerte caída en el crecimiento de la economía china, auguran que el crecimiento para 2016 pueda ser bastante inferior al que se anuncia. Por lo tanto las exigencias de ajuste todavía podrían ir incrementándose en los próximos 11 meses.

Buena parte del programa del siguiente gobierno, sea un “gobierno progresista”, una “gran coalición” o váyase a saber qué, se escribe ya en Bruselas. El recorte exigido por la Comisión Europea lo tendrá que llevar a cabo el gobierno que logre la investidura, ninguna de las opciones en liza ha dicho lo contrario.

La “alternativa” de Podemos y las fuerzas del “cambio”

Como decíamos, Podemos, en su estela de reducir más y más su propio programa, se está limitando en este terreno a poner como condición para formar gobierno suprimir el 135 y re negociar el techo de déficit, es decir intentar rebajar en algo la cantidad de tijeretazo que se pide, como intentó Tsipras hace unos meses.

La mayoría de los endeudados estados de la UE no han aprobado todavía este tipo de reforma constitucional. De hecho solo existe en Alemania y España. Sin embargo, ello no ha impedido el cumplimiento estricto de la disciplina presupuestaria y de los recortes sociales correspondientes según las más exigencias de la Troika. Grecia por ejemplo no tiene nada parecido en su Constitución, y hoy Syriza está proponiendo una bajada de pensiones de entre el 15 y el 30% para cumplir el nuevo memorándum.

Para ello son suficientes los tratados de Maastricht, los Pactos de Estabilidad y Crecimiento y los previstos memorándums en caso de rescate financiero. Por medio de estos instrumentos se vienen marcando los niveles de déficit e incluso se llega a controlar el presupuesto de cada estado hasta los últimos detalles.

Por otra parte, tenemos ejemplos muy claros en los ayuntamientos del “cambio” sobre lo que podemos esperar de su política frente a la deuda. Todos ellos se han ceñido sumisamente a los planes de reducción de la deuda municipal a buen ritmo y al cumplimiento estricto de las ataduras presupuestarias impuestas por la Troika. Aquello del no pago, o la auditoría y renegociación de la deuda ilegítima, ha sido abandonado abiertamente en menos de seis meses.

Nacho Álvarez, responsable de economía de la Comisión Ejecutiva de Podemos, ha señalado en un reciente acto de “Economistas Frente a la Crisis” que “lo primero que debe hacer el próximo gobierno es posponer la reducción del déficit”. Indicando que hasta instituciones como el FMI o la OCDE han reconocido sus errores en materia de ajuste fiscal, desigualdad social y devaluación salarial. Por un lado salva la cara increíblemente a estas instituciones, las responsables de la ofensiva de recortes. Por el otro dejaba claro que sus exigencias se conforman con una mera ralentización del proceso de reducción del gasto social, sin cuestionar en absoluto la política sistemática de trasvase de renta de los trabajadores hacia los capitalistas que va más allá de la propia crisis económica.

No es austeridad, sino un robo de renta a las clases populares.

Las políticas seguidas durante los años de la crisis no han sido austeras, pese a que muchas fuerzas políticas lo repitan como un mantra. El gasto público global no ha descendido tanto durante toda la crisis. En ocasiones incluso se incrementó. El gasto global aumentó un 13,72% entre 2012 y 2014. Solo en 2015 hubo un descenso del 1,5%.

En realidad lo que se ha aplicado ha sido un ataque brutal y sin precedentes a la renta de los trabajadores y las clases populares. Se ha recortado sobre sanidad, educación, desempleo, pensiones... Sin embargo se gastaba cada vez en el pago de la deuda generada con el rescate bancario. Todo sin renunciar nunca ni a los gastos suntuarios y ni a la corrupción. Paradójicamente, aún así la deuda no ha parado de incrementarse. En 2013 se alcanzó la cifra récord de 38.589,55 millones de euros del presupuesto, un 33,67% más que el año anterior. Para hacernos una idea, este gasto suponía mayor desembolso que el pago de prestaciones de desempleo que alcanzó los 26.696 millones.

Es decir hubo un gigantesco trasvase de renta de la clase trabajadora hacia las élites políticas y económicas. Esta fue la política, no la austeridad. Y todavía continúa. El sistema capitalista no necesita para su supervivencia de la existencia de políticas sociales y económicas que mejoren las condiciones vitales de la clase trabajadora, más allá de evitar, lógicamente su extinción por inanición.

Las mejoras obtenidas por la clase trabajadora y las clases populares a lo largo de su heroica lucha histórica, han sufrido un brutal ataque y retroceso. Las crisis capitalistas estructurales son un mecanismo de depuración, de limpieza. La única manera de elevar la rentabilidad necesaria para que capital pueda salir fortalecido, es la ruina de muchas empresas y del empobrecimiento de amplias capas de la sociedad, muchas veces incluso por medio de conflictos bélicos.

No es cierto que la solución a la crisis sea el aumento del gasto. Más bien esta es una salida que puede ofrecer la burguesía, forzada si la respuesta de los trabajadores a su intento de pauperizarlos recibe tal confrontación que suponga poner peligro para la supervivencia del sistema económico capitalista. Ese discurso, el del austericidio, es un discurso claramente reformista y que oculta las causas reales de la situación. Desplaza el problema hacia el simple reparto desigual de la riqueza, con lo que se dejan las palancas de la economía en manos de los ricos capitalistas que en cuanto pueden revertirán la situación.

Esto no quita que haya que defender con uñas y dientes todas las conquistas que hoy se pretenden liquidar, y combatir este robo legalizado contra las rentas del trabajo. Pero esta pelea debemos tratar de que sea parte de una lucha contra el sistema capitalista. Esta crisis sólo tiene dos salidas, o se salvan ellos o nosotros.

Por ello resulta vital preparase para luchar contra los ajustes que vienen, y hacerlo retomando un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, que plantee medidas esenciales y de supervivencia como el reparto del trabajo sin reducción salarial; la prohibición de los desahucios y la satisfacción de las necesidades vitales de la población; el establecimiento de un seguro de desempleo permanente y suficiente; la nacionalización de la banca y los sectores económicos estratégicos; el incremento real del gasto público en inversiones y obras públicas bajo control obrero que garanticen los niveles máximos de empleo digno; la derogación de la Reforma laboral y toda la legislación aprobada por los gobiernos del PP y el PSOE restrictivas de los derechos laborales; o la derogación de la “Ley Mordaza” y todas las leyes restrictivas de las libertades, entre otras medidas necesarias urgente para garantizar una auténtica resolución de la crisis favorable a la clase trabajadora y las clases populares.